14 de agosto de 2013 (19:17 CET)
La decisión de la patronal de las eléctricas, Unesa, de presentar alegaciones en contra de la reforma eléctrica y, sobre todo, de las medidas que favorecen el servicio al cliente ya tiene respuesta. Facua ha cargado contra el sector por ofrecer a los usuarios ofertas fraudulentas y luego hacer oídos sordos a sus quejas.Unesa asegura en la documentación presentada al Gobierno que la atención gratuita impuesta por la nueva normativa supondrá "crear un coste para las empresas comercializadoras" que, además, con toda probabilidad daría lugar a "un uso abusivo" por parte de los clientes que provocaría un "deterioro" en la atención a los consumidores.
Quejas de los usuarios
"Los abusos los cometen las eléctricas que lanzan ofertas fraudulentas en las que prometen falsos descuentos y dan de alta a los clientes sin que lo hayan solicitado", advierte el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.
Las afirmaciones del portavoz de la organización se sustentan en las múltiples quejas que han registrado este año. Facua asegura que las compañías de electricidad y gas ocupan ya la tercera posición en las reclamaciones de los usuarios, teniendo por delante sólo a la banca y las telecomunicaciones. En el primer semestre de 2013, el sector ha protagonizado el 8% de las quejas de los usuarios.
Fraudes
Además, recuerda que a partir de una muestra aleatoria, la Comisión Nacional de la Energía ha detectado que sólo en 2010 cerca de 82.000 cambios de suministro de electricidad o gas se realizaron sin que se hubiese acreditado suficientemente el consentimiento de los usuarios.
La organización concluye que los fraudes en las ofertas de electricidad en el mercado libre están a la orden del día. “Mediante campañas publicitarias engañosas y visitas de comerciales a puerta fría, las grandes eléctricas anuncian descuentos que en realidad hinchan las facturas de los usuarios”, asevera.
Otros puntos
Por otra parte, la patronal también se muestra contraria a la obligación de restablecer el servicio a los clientes morosos en un plazo máximo de veinticuatro horas después de abonar la deuda.
En este caso, explican que "no parece razonable incluir a nivel de ley el plazo de veinticuatro horas" para restablecerlo tras el abono de la deuda, "siendo más razonable dejarlo para el desarrollo reglamentario" ya que este irá "adaptándose al desarrollo del mercado y de los equipos de medida".
