La juez cree que la ex cúpula de La Seda cometió fraude en varios negocios

El juzgado que instruye la causa de La Seda ha llegado al final de la investigación de la pieza principal del caso. La magistrada sospecha que la dirección de la compañía, en situación concursal, realizó dos operaciones ficticias valoradas en 68 millones de euros para mejorar resultados y desviar fondos hacia otras finalidades. La acusación, presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona, afecta al ex presidente de firma, Rafael Español, a varios directivos y a otros empresarios.

En su auto, con fecha de 13 de junio, pide a las partes que se pronuncien con sus escritos. Las defensas ya han presentado sus recursos. Los motivos son dispares. Algunos de ellos han pedido que se unifique las cuatro piezas –todas ellas se centran en operaciones que presuntamente sirvieron para mejorar resultados y desviar fondos a otros asuntos–. Otros mantienen la veracidad de las operaciones.

Operaciones en Túnez y Rusia

El primer contrato sospechoso tiene que ver con una venta de 25.300 toneladas de plástico PET por un total de 30 millones de euros a la empresa EMME en 2008. La firma tunecina nunca llegó a abonar la cantidad. De hecho, cuando la cúpula que sustituyó a la presidida por Español reclamó los fondos, EMME aseguró que nunca había recibido la mercancía.

El segundo negocio puesto en duda es una venta de 33.487 toneladas del mismo material por 38,6 millones de euros a la empresa rusa VK Import. La magistrada señala que esta “operación contable no se efectuó realmente”.

Este material irreal, además, había sido vendido y comprado en otras ocasiones anteriores por La Seda a empresas vinculadas a uno de los acusados, que mantenía relaciones personales con los exgestores de la firma.

Informes

La titular del juzgado número 3 de El Prat se basa en una serie de informes para sacar estas conclusiones. Indica que en un escrito de la Policía Judicial se concluye que las operaciones de venta son falsas, tratándose de “meros apuntes contables”. En este sentido, indica que también se realizaron movimientos de dinero con objetivos distintos a los declarados. “Las facturas que generó La Seda a favor de Netco y Polímeros PET en concepto de alquileres de los almacenes propiedad de estas entidades, en los que constaba depositada la mercancía inexistente, generaron la apropiación indebida de las cantidades abonadas en tal concepto”, añade.

También utiliza un informe de KPMG que barre el presentado por Horwart, auditora de La Seda, y que validaba la existencia de la mercancía. “[El informe] concluye que todas las operaciones comerciales a las que se refiere el fundamento anterior de la presente resolución no se realizaron y son asuntos contables falsos, que generaron stock irreales”, indica. Así también apunta que todos los gastos de estas operaciones quedan injustificados.

Declaraciones y otras pruebas

La magistrada también basa sus sospechas en las declaraciones de varios testigos. El auto muestra cómo el responsable del departamento de logística, Alberto López, declaró que las operaciones en cuestión vinieron ordenadas por la dirección financiera y que él nunca realizó la comprobación real de la existencia de la mercancía. Además, también indicó que la mercancía no pasó por el circuito normal de contabilización de la empresa. Por su parte, el responsable del departamento de riesgo, José Domingo, afirmó que estas operaciones nunca pasaron por su mesa, cosa inusual por el volumen de éstas.

Por otro lado, también se indica que Hacienda encontró un nuevo indicio de criminalidad. La legislación aduanera obliga a presentar diversa documentación cuando se vende al extranjero. La Seda nunca presentó estos papeles.

La juez considera que todos estos hechos son constitutivos de delitos de contrato simulado, administración desleal, delito societario y delito de falsedad documental.