La justicia europea cae a plomo sobre Telefónica, Iberdrola y el Santander

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El Tribunal de la Unión Europea da la razón a la Comisión sobre la ilegalidad de las ayudas fiscales de España que animaron la compra de O2, Scotish Power y Abbey

Entrada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo. / EFE

Barcelona, 21 de diciembre de 2016 (12:28 CET)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha anulado el fallo que avaló las bonificaciones fiscales a multinacionales españolas en la compra de empresas extranjeras. Estas ventajas habían sido consideradas ilegales por la Comisión Europea (CE), pero algunas empresas involucradas, como Autogrill, Banco Santander y Santusa habían recurrido ante el Tribunal General.

Este organismo les dio la razón, pero con este último fallo, la causa tiene que volver a ser revisada por este cuerpo. El TUE consideró que el Tribunal General había incurrido "en un error de Derecho" en su fallo, que había frenado la devolución de las bonificaciones concedidas desde diciembre de 2007.

La legislación española permitía, desde el 2002, que las empresas españolas puedan descontar del impuesto de sociedades el 'fondo de comercio' resultante de la compra de una participación de al menos el 5% de una compañía extranjera. El fondo de comercio es la diferencia que hay entre el valor de una empresa en libros y el precio que se paga al comprarla.

Bruselas había dictaminado en 2009 que estas ayudas públicas eran ilegales para la compra de empresas europeas, y dos años más tarde, lo extendió a cualquier compañía fuera del territorio comunitario. Gracias a estas ayudas fiscales, muchas empresas españolas apostaron por la internacionalización, como pasó con las compras de O2 por Telefónica, la de Scottish Power por parte de Iberdrola y la de Abbey por el Santander, entre otras.

Este dictamen también supone un varapalo para el gobierno de Irlanda, que había recurrido el dictamen de Bruselas sobre las ayudas ilegales a Apple. Según la comisión, la empresa fundada por Steve Jobs se había beneficiado de 13.000 millones de euros por estas ventajas irregulares, un pastel que las autoridades fiscales de la isla esmeralda quieren cobrar a toda costa, pese a la oposición de sus autoridades.

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