Las empresas ponen trabas a la nueva ley contra la morosidad

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Los expertos apuntan que la negativa de las compañías de acogerse al IVA de cajas perjudica a los autónomos

Mariano Rajoy en el foro de Emprendedores y Autónomos.

15 de febrero de 2014 (19:57 CET)

La morosidad de pagos tanto de la Administración Pública como de empresas en España supera la media europea. Se sitúa cuatro veces por encima de lo que establece la ley: 129 días frente a los 30 días estipulados.

Para reducir esta demora, el Gobierno ha implantado el denominado IVA de caja. Aunque, según las primeras estimaciones de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), tan sólo un 30% se acogerá a la medida. Pero ¿en qué consiste esta nueva política tributaria y por qué atrae a tan pocos empleados por cuenta propia? La negativa de las grandes empresas es la principal traba.

Muro empresarial

El IVA de caja permite al autónomo no pagar el impuesto hasta que cobre las facturas. Una vieja reivindicación del sector. Pero no sólo afecta el empresario que decide acogerse a ella. También a sus clientes ya que, por defecto, éstos no se pueden deducir el impuesto del valor añadido hasta que no paguen el servicio y pierden un efecto financiero favorable. Es el principal muro para los autónomos.

“Hay muchas empresas que se molestan al no poder deducirse el IVA sin haber pagado”, sostienen fuentes del sector. Las mismas que denuncian que la tesorería de muchas compañías se ha financiado a costa de los autónomos.

Oposición de las grandes compañías

El catedrático de derecho tributario de la Universidad de Navarra, Antonio Vázquez, considera que el IVA de caja es una medida positiva si se tiene en cuenta que en los últimos años, la gestión del impuesto se había convertido en un hándicap que agravaba la situación de las compañías.

“El problema de fondo parece estar en las presiones que están ejerciendo las empresas sobre los autónomos para que no se acojan a este régimen especial”, sostiene este experto en derecho tributario.

Medida optativa

La medida no es obligatoria, y por ese resquicio escapan las grandes empresas. Se niegan a no poder deducirse el IVA aún sin haber pagado y, con ello, impiden que se reduzca la demora en los pagos a los proveedores. Fuentes de Hacienda defienden el ministerio “pone la opción, no la obligación” ya que la medida afecta a muchísimas compañías de sectores muy diversos.

La medida entró en vigor en diciembre de 2013, coincidiendo con el último ejercicio trimestral para los autónomos. Pero la propia ATA instó al Ejecutivo de Mariano Rajoy a aplazarla hasta el 31 de diciembre para que más autónomos pudieran acogerse a ella.
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