Los acreedores de FCC se cubren las espaldas

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Las dudas sobre el pago de la deuda plantean incrementar los actuales 450 millones de bonos convertibles

30 de marzo de 2014 (21:09 CET)

La refinanciación de los 4.600 millones de euros de FCC estaba cantada desde el momento en que las principales entidades financieras acreedoras forzaron, en enero de 2013, el ascenso de Juan Béjar como consejero delegado y vicepresidente ejecutivo junto a la nueva presidenta Esther Alcocer Koplowitz.

Y si no hay más demoras, esta misma semana se firmará el acuerdo un mes después de agotada la extensión del vencimiento concedida el pasado mes de diciembre. Al menos esa era la sensación que trascendió al término del consejo celebrado la pasada semana.

Flecos

Comentaban entonces los responsables de la empresa controlada por Esther Koplowitz que “se otorgaba margen suficientemente amplio como para poder culminar el acuerdo” en base a que entidades tenedoras del 95% de esa deuda se mostraban favorables al acuerdo según los términos de la refinanciación propuesta. Pero los últimos flecos están siendo difíciles de cerrar.

A pesar de que Béjar no ha defraudado las expectativas generadas por quienes le avalaron para acceder al cargo, consiguiendo en un año 1.670 millones procedentes de la desinversión en activos (Proactiva, Aqualia Czech, Alpine, FCC Energía, Logística, Cemusa, el 6% de la autocartera vendido a Bill Gates, varias concesiones y alguna que otra participación como la que poseía en el hotel Vela de Barcelona) y el ahorro de costes en unos 50 millones de euros, en buena medida derivada por los casi 1.900 empleados despedidos, los acreedores no acaban de tenerlas todas consigo, y andan buscando obtener más garantías, al menos sobre el 25% de la deuda a refinanciar.

720 millones más en ventas y ahorro de costes

Sobre el papel, que todo lo aguanta, las estimaciones de FCC de aquí a 2016 pasan por obtener otros 570 millones por la venta del resto de activos no estratégicos, que pasarían por la salida de Globalvía y Realia –de manera conjunta junto a Bankia en ambas–, Yoigo, HRS y algunas concesiones, además de ahorrar otros 150 millones en costes generales, básicamente de personal.

De esta manera, quedaría un grupo más racional, con una deuda de 5.300 millones (700 menos que ahora), con unos 1.000 millones más de ingresos procedentes de la mejora en los negocios de agua y en contratas de grandes obras, como las obtenidas en Riad o Lima, para lograr que el Ebitda se incremente un 40% hasta superar los 1.000 millones de euros.

Bancos españoles y extranjeros

¿Son datos suficientes para devolver hasta 2017 los 4.600 millones que ahora se están renegociando? En principio, a esos acreedores tenedores del 95% de esta deuda parece bastarles este cuadro, pero los díscolos 5% restantes no acaban de tenerlo tan claro. Poniendo nombre a estos acreedores, el 80% de la deuda está en manos de las entidades españoles (el 70% lo suman Santander, BBVA y Bankia y el resto Caixabank, Popular y Sabadell), y en ese 5% discordante los bancos extranjeros, con Barclays, Royal Bank of Scotlanf y BNP Paribas, a la cabeza.

En estos tres meses de tiras y aflojas, cuando las negociaciones se pusieron más tensas tras las Navidades, el propio Juan Béjar amenazó veladamente a las entidades internacionales con echar mano de la baza judicial que le permite extender la amortización de la deuda con el apoyo del 75% de los acreedores. Si hay que ir al sistema de homologación de deuda, se va, vino a decir el consejero delegado de la constructora.

Deuda de recurso comprometida

De momento, no se ha recurrido a esta acción, pero habrá que ver si finalmente FCC logra su gran objetivo de no ampliar capital en esta refinanciación. Además de los actuales 3.443 millones de deuda bancaria sindicada y de diversos bilaterales, ya vencidos, sobre los que se espera anunciar el inminente acuerdo, existen otros 450 millones de euros convertibles, suscritos en 2009, que también vencen este año, en octubre concretamente.

Bonos que, como el sindicado, son deuda de recurso, que obliga directamente a la compañía, y cuya reconversión no se producirá debido a que fueron suscritos cuando la acción tenía un valor superior a los 39 euros, muy por encima de los poco más de 15 que vale ahora.

Aprovechando la imposibilidad de esta reconversión y la necesidad de que estos 450 millones de bonos se refinancien a más largo plazo, se ha abierto la posibilidad de que una parte del sindicado, en torno a un tercio del total –al menos sus intereses–, se convierta en deuda convertible en capital. Una fórmula para contentar a todos. Si se obtienen recursos suficientes, la deuda se cubre con ellos y punto. De lo contrario, se echaría mano de la conversión.
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