Un exconsejero de Indra utilizó subvenciones públicas para hacer negocio con su empresa

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El que fuera presidente de IBM en España, Joaquín Moya-Angeler, ha sido también imputado por la juez Alaya en Andalucía, aunque permanece como vicepresidente de Leche Pascual

El Rey entrega un premio a Joaquín Moya-Angeler.

16 de noviembre de 2014 (20:16 CET)

Las relaciones de supuestos casos de corrupción en el sector público y privado y las puertas giratorias que permiten el acceso a algunos de sus protagonistas parecen inagotables. Es el caso de Joaquín Moya-Angeler Cabrera, un ejecutivo y empresario de largo currículo y trayectoria, que continúa como vicepresidente de Leche Pascual pese a haber sido imputado por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE de Andalucía o haber admitido que hizo un uso inadecuado de subvenciones públicas procedentes del Gobierno central en el periodo en el que fue consejero de Indra, la empresa que preside Javier Monzón y que guarda una estrecha relación con los anteriores gobiernos socialistas.

Moya-Angeler ha debido depositar una fianza civil de 152.950 euros en el juzgado que preside la magistrada Alaya, quien impuso diferentes cantidades a altos cargos de la Junta de Andalucía y sociedades e instituciones vinculadas por el mal uso de los fondos públicos destinados a las políticas de empleo. En el caso del empresario que dirigió IBM en España durante largos años, su pertenencia al consejo rector de la agencia andaluza IDEA ha sido el motivo de su implicación en el caso.

Amigo de Felipe González

Con todo, el empresario y ejecutivo mantiene presencia institucional y empresarial activa. Entre otros cargos, el almeriense es el presidente de los consejos sociales de la universidades españolas, además de vicepresidente de Leche Pascual. Es socio de Felipe González en Tagua (una sociedad de capital riesgo que preside el ex presidente del Gobierno) y en la firma alimentaria propiedad de la familia Pascual preside la Comisión de Auditoría y Buen Gobierno, que en 2012 dijo dotarse de un avanzado reglamento de gobierno corporativo.

Prueba de su resistencia a los problemas de reputación que suponen su implicación en el caso de los ERE o el uso irregular de subvenciones públicas es que Moya-Angeler sigue como presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía, propiciada y financiada por la Junta de Andalucía.

La llave que abre la puerta a la subvención

Sus buenas relaciones con la órbita del anterior gobierno socialista son, a juicio de personas conocedoras de sus movimientos empresariales, la llave que abrió las puertas de su acceso a los fondos públicos.

En 2008, con Cristina Garmendia al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación, Moya-Angeler obtuvo un crédito de 4.789.870 euros amortizable en 15 años y a un interés cero. Los bancos ya habían cortado el grifo de los créditos a las empresas, pero la suya (Red Tecnológica de Servicios de Asistencia Sanitaria, Redsa) obtuvo un suculento crédito finalista: estaba destinado a la puesta en marcha en Málaga del “Centro de Innovación de Redsa”. Los fondos iban a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Lejos de destinar aquellos fondos al cometido para el que habían solicitados, Moya-Angeler se construyó para Redsa dos edificios que sumaban 4.000 metros cuadrados y un aparcamiento de otros 2.000 en el Parque Tecnológico de Andalucía. Lejos de darle el uso previsto en la subvención de I D obtenida, el empresario alquiló en casi su totalidad aquel inmueble a la empresa Indra, de la que era consejero entonces y presidente del comité de nombramientos y retribuciones. Fuentes del mercado estiman que aquel alquiler se cerró con una renta de aproximadamente 22.000 euros mensuales.

Una pyme muy hábil con sus relaciones públicas

La compañía propiedad del antiguo consejero de Indra durante la etapa de gobierno socialista tiene morfología de pyme, con una cuarentena de empleados y una facturación que ronda los 3,5 millones de euros. Sin embargo, la proximidad a las ayudas públicas tiene siempre cifras que en proporción no se ajustan a sus ingresos. Por ejemplo, la subvención que la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA) concedió a Redsa, la empresa presidida por Moya-Angeler: 1,58 millones de euros. Esa subvención, finalmente, no fue percibida. “La Junta retiró las ayudas porque consideraron que los trabajos de mi empresa se hacían en Madrid, no en Andalucía”, admitió su propietario ante un diario madrileño. Lo paradójico es que la misma agencia andaluza que concedía la cuantiosa subvención tenía en su consejo rector al propietario de la empresa que la recibía.

El grado de implicación del vicepresidente de Leche Pascual en el entorno económico y empresarial es indiscutible. Pese a sus dificultades con el caso de corrupción de los ERE, la subvención destinada a fines distintos para la que fue concedida, aún es uno de los colaboradores en España de un fondo de capital riesgo llamado Palamon Capital Partners (con sede en Londres), que capitanean Julián Carreras y Louis Elson. Moya-Angeler también forma parte del Consejo Asesor Internacional de Palamon Capital Partners con presencia en 14 países.

Honoris causa cancelado


La única marca de su extenso y laureado currículum, más allá de las informaciones sobre sus subvenciones e imputación por presunta corrupción, ha tenido lugar en la Universidad de Almería, que ha decidido posponer su investidura como doctor honoris causa sine dia, incluso después de haber puesto en circulación las invitaciones para un acto que debía tener lugar el pasado octubre.
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