La Autoridad Fiscal denuncia la intervención del Gobierno de Sánchez

La AIReF exige que el Congreso excluya al organismo de las recomendaciones sobre independencia e imparcialidad como ha hecho con el Banco de España y avisa de que la UE intervendría

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, comparece en la Comisión de Presupuestos del Congreso para ofrecer su análisis de las cuentas de 2021 presentadas por el Ejecutivo./ EFE

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, comparece en la Comisión de Presupuestos del Congreso para ofrecer su análisis de las cuentas de 2021 presentadas por el Ejecutivo./ EFE

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Como su propio nombre indica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es un organismo independiente creado en el año 2013 en línea con el resto de países europeos y, por ello, se está revolviendo contra los intentos de partidos como el PSOE o Más País de «intervención» en su independencia.

En el organismo fiscalizador de las cuentas de las administraciones públicas hay preocupación por las propuestas del principal partido de Gobierno para que el Ejecutivo y el Parlamento controlen la labor de organismos como la AIReF para limitar sus decisiones con el fin de que sean «exclusivamente técnicas». Los socialistas también buscan crear una Comisión de Nombramientos reforzada con más poderes para investigar el perfil de los candidatos a los organismos reguladores y someterles a un examen más exhaustivo y con más poderes para controlar.

El Congreso decidió a mediados de enero no incluir al Banco de España en esas recomendaciones para los órganos reguladores en el marco de la subcomisión de la Comisión de Calidad Democrática de la Cámara, pero mantiene la aplicación de estas medidas sobre otros siete autoridades administrativas independientes ya operativas en España.

Estas son la Agencia de Protección de Datos (AEPD), la AIReF, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y el Fondo de Reestructuración Ordenada (FROB).

Herrero (AIReF) avisa: «La UE no se va a quedar al margen»

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, fue clara en mostrar la preocupación por este asunto durante una intervención en un acto organizado por el Consejo General de Economistas (CGE), en el que opinó que hay un problema en la configuración «de base» en la propuesta, por lo que dijo abiertamente que «no encajan algunas propuestas que se recogen» en el informe de la subcomisión del Congreso.

A su juicio, hay un «error de base» al incluir a la AIReF dentro de los mecanismo de organismos reguladores al no tratarse de un organismo regulador, sino supervisor. «Ni tomamos decisiones ni imponemos sanciones, es un error de partida», insistió Herrero, quien explicó que la normativa nacional no es ajena a la regulación europea.

Tal y como explicó, la ley de creación del organismo surgió, como otros muchos países, de la directiva europea de marcos fiscales nacionales y de la configuración del denominado «two pack» de 2013 que establece los requisitos, principios y reglas básicas de funcionamiento de instituciones fiscales independientes.

De hecho, recordó que hace tiempo cuando se analizó la transposición de la directiva la Unión Europea ya detectó «deficiencias» en la aplicación en el caso de España respecto a la AIReF en lo relativo a la «provisión de información y la aplicación práctica del principios de cumplir o explicar». Ahora, dijo, se avanza hacia un marco con un papel más protagonista de las instituciones fiscales e independientes, por lo que, según advirtió, «la UE no se va a quedar al margen» en la evaluación del seguimiento del funcionamiento y la correcta aplicación de la Ley de funcionamiento de la AIReF.

Según apuntó la presidenta de la Autoridad Fiscal, el organismo ya estaba cumpliendo, por su condición de institución «jóven», algunos puntos relativos a nombramiento, rendición de cuentas y, en cambio, alguno temas a mejorar eran los relativos a la previsión de los mandatos marco, que podrían tener algún solapamiento con los mandatos legales de la AIReF. Herrero fue tajante al apostillar que «de acuerdo con la ley y la normativa europea AIReF no puede recibir instrucciones».

«No sé si esos mandatos marco de alguna forma vienen a suponer cierta intervención en la actuación de la AIReF, una institucin independiente», añadió Herrero, quien, con todo, dijo esperar que de la misma forma que se excluyó al Banco de España de dichas recomendaciones se haga lo mismo con la AIReF.

Caso omiso a sus recomendaciones y bloqueo de la revisión del gasto público

El asunto de las recomendaciones sobre los organismos independientes por parte del Congreso, en especial de las propuestas realizadas por el Gobierno a través del PSOE es un punto discrepante entre el Ejecutivo y la AIReF, que en los últimos meses reprendido al Gobierno por distintos auntos.

Entre otros, la AIReF ha afeado el caso omiso de los ministerios de Asuntos Económicos y Hacienda a sus recomendaciones para dotar a la política fiscal de una orientación de medio plazo para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, garantizar la estabilidad presupuestaria y reforzar la transparencia de las cuentas públicas y el intercambio de información.

También ha insistido en múltiples ocasiones al Ejecutivo para que diseñe ya una estrategia fiscal a medio plazo para que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las administraciones. De hecho, Herrero ha remarcado que el plan de ajuste es «más necesario que nunca» ante las perturbaciones económicas derivadas de la guerra.

Otro de los asuntos de fricción entre el Gobierno y la Autoridad Fiscal es el referido al bloqueo por parte de Hacienda de la tercera fase de la revisión del gasto público (‘spending review’), que fue postergando durante meses hasta que a finales del año pasado tomó razón del Plan de acción para proceder a los trabajos.

A pesar de tomar consideración de este encargo en el Consejo de Ministros, la AIReF denunció recientemente que el Gobierno de Pedro Sánchez está retrasando la fiscalización por su parte del gasto público de más de 140.000 millones de euros de los avales del ICO al no concretar el encargo, así como el Ministerio de Hacienda demora la evaluación del ingreso mínimo vital (IMV), con un gasto de 3.000 millones, al no terminar de suscribir la Agencia Tributaria un convenio necesario para ello.

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