Cataluña casi triplica a Madrid en organismos públicos: uno por cada 30.000 habitantes

Cataluña se corona como la comunidad autónoma con una mayor cantidad de entidades públicas, concretamente, cuenta con 277. La cifra dista considerablemente de las siguientes regiones que aparecen en el listado: mientras que dobla las 129 entidades públicas de que dispone Andalucía, triplica el número de las registradas en la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana o Galicia, donde rondan el centenar.

Así lo concluye en el informe ‘El dedómetro: estudio sobre el mérito y la capacidad de los directivos del sector público institucional en Cataluña’, que ha elaborado la Fundación Hay Derecho con el objetivo de determinar si las personas que dirigen el sector público de la comunidad autónoma son las más idóneas.

El ‘mastodonte’ público catalán

«Tiene un ecosistema institucional mucho más amplio y aparentemente más heterogéneo, en comparación con otras comunidades autónomas, con las que existen marcadas diferencias», señala el análisis en referencia a Cataluña. Por ejemplo, la cifra de entidades públicas catalanas es cuatro veces superior a las 62 registradas en Aragón, y se sitúa cinco veces por encima de la cincuentena que existen en las Islas Canarias, Extremadura, Islas Baleares y Asturias.

El peso de las entidades públicas catalanas multiplica por seis el de Cantabria y Navarra, con 41 y 46, si bien llega a multiplicar por ocho el número de Castilla La-Mancha, Castilla y León o la Región de Murcia, que cuentan con una treintena. Con todo, uno de los casos más llamativos es el de La Rioja, una de las comunidades autónomas con menos entidades públicas, al rozar la veintena, quince veces menos que Cataluña.

Los motivos tras la desproporción catalana

El informe pone el foco sobre la asimetría en el tamaño del sector público por regiones. «La mayoría de las comunidades autónomas presenta una correlación razonablemente proporcional entre población, peso económico y número de entidades públicas, lo que sugiere una lógica de dimensión organizativa adaptada a sus necesidades», destaca para después añadir que Cataluña representa una «situación anómala».

En Cataluña viven poco más de 8 millones de personas, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que implica que concentra el 16% de la población del conjunto del Estado. La comunidad autónoma, además, genera aproximadamente el 19% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Sin embargo, concentra más de un cuarto de las entidades públicas autonómicas que existen en toda la geografía nacional.

De hecho, cuenta con más organismos de este tipo que las comunidades autónomas que generan más riqueza, como la Comunidad de Madrid, que ha alcanzado un PIB de 293.069 millones de euros. También excede a regiones con una población más elevada. Un ejemplo, es el de Andalucía, que cuenta con una población de cerca de 8,7 millones de personas.

«Esta sobredimensión institucional no puede explicarse únicamente por razones de escala económica, demográfica o territorial«, hace hincapié el informe que también apunta a que, tras el extenso entramado institucional, se encuentran motivos políticos: la voluntad de replicar a nivel autonómico la arquitectura de un Estado con la vista puesta en una futura independencia.

Idoneidad de los cargos públicos en Cataluña

Más allá de la gran cantidad de entidades públicas en la comunidad autónoma, otra de las conclusiones del análisis, en el que se estudian 150 directivos de una cuarentena de entidades públicas a lo largo de los últimos quince años, tiene que ver con la ausencia de requisitos legales mínimos de mérito y capacidad para acceder a puestos directivos en el sector público catalán.

También advierte sobre la elevada politización, que ha provocado que un grueso considerable de los directivos tengan una trayectoria vinculada a partidos políticos. A raíz de esta situación, lamenta, se ha favorecido el nombramiento de «perfiles con escasa o nula adecuación funcional», incluso en entidades con elevados presupuestos o una importancia estratégica alta.

La fundación Hay Derecho ha trasladado su preocupación por los patrones detectados en entidades como la CCMA, donde alerta sobre la politización estructural y la erosión de la meritocracia. Otra de las entidades mencionadas es la Agència de Residus de Catalunya (ARC), de la cual destaca la falta de experiencia específica en los perfiles, con trayectorias desarrolladas principalmente en estructuras partidistas.

El estudio, asimismo, sugiere una fuerte correlación entre el nivel de transparencia institucional y la idoneidad de los responsables nombrados, de manera que las entidades con escasa información pública sobre sus propios directivos tienden a contar con perfiles menos adecuados para las funciones que desempeñan.