El déficit y la elevada deuda pública sitúan a España a la cola de la OCDE en libertad económica
Un estudio elaborado por el IEE sitúa a España en el puesto 31 de 38 en cuanto a libertad económica y retrocede nueve puestos en comparación con 2022 por "la acumulación de déficits consecutivos y su reflejo en el creciente endeudamiento público"
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en una imagen de archivo. EFE/ Juan Carlos Hidalgo.
El elevado déficit de las cuentas públicas de nuestro país, así como la abultada deuda contraída, han hecho que España caiga nueve puestos en el Índice de Libertad Económica que elabora el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que nos sitúa en el puesto 31 de los 38 países comparables de la OCDE.
En el ámbito total, España se sitúa entre los países con una libertad económica moderada, apuntan desde este ‘think-tank’ cercano a la patronal CEOE, «alejada de las primeras posiciones y en una situación relativamente baja si se compara con las economías desarrolladas«, subrayan.
De acuerdo con este índice, y tomando a la media de la OCDE como base 100, España está a 8,5 puntos porcentuales (91,5) en cuanto a libertad económica. Comparado con la Unión Europea, que representa un 95,8% de la base de la OCDE, nos encontramos a 4,3 puntos porcentuales y en el país 22 de los Veintisiete del conglomerado.
«Progresivo deterioro» de la libertad económica
El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, ha constatado durante la presentación del estudio que este «progresivo deterioro» se ha producido por el tamaño y la actividad del Estado. «La posición relativa de España se debe al subcomponente de la salud fiscal del Estado«, ha señalado, remarcando que España se coloca en el puesto 36 de 38 de la OCDE en cuanto a la estabilidad de las cuentas públicas. «Hay una caída de 22,4 puntos con respecto al año anterior debido tanto a los niveles de deuda como al déficit público«, ha insistido Fernández de Mesa.
El informe también añade un indicador sobre la libertad de empresa y la iniciativa privada, que destacan como «los principales motores de generación de riqueza y de empleo de una sociedad». En este sentido, los expertos del IEE sostienen que la situación en nuestro país es «preocupante» en relación con este índice, ya que coloca a España en el puesto 29 de los 38 miembros de la OCDE, con 75,2 puntos. Al tratarse de un indicador con un carácter más estructural, los expertos han decidido compararlo con 2012, lo que arroja un retroceso de siete posiciones. «Nos situamos en la zona media-baja de nuestro entorno, lejos de las posiciones más elevadas», detalla el informe.
Así, tomando de nuevo la media de la OCDE como base 100, España está a 5,6 puntos porcentuales de este promedio y a 3,2 puntos de la cifra de la Unión Europea.
Un análisis de la Autoridad de Defensa del cliente financiero
Según los autores del informe, aquellas economías donde la libertad de empresa es más elevada presentan mayores tasas de empleo que aquellos con un peor registro en la libertad de empresa. Una relación que también existe entre el crecimiento y la libertad de empresa, en tanto que, indica el IEE, «esta última implica una mayor flexibilidad y capacidad adaptativa de los agentes de la OCDE».
Tomando como referencia el PIB per cápita de 2022, en dólares y con paridad de poder adquisitivo, los países de la OCDE que presentan una libertad de empresa muy alta alcanzan, de media, un PIB per cápita de casi 63.900 dólares, un 44,5% superior a los 44.200 dólares per cápita de media en los países con una libertad de empresa alta o moderada.
En este sentido, y como ejemplo de una propuesta que limita la libertad de empresa, el informe incluye un análisis de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un organismo de nueva creación que ha decaído por el adelanto electoral al encontrarse en pleno trámite legislativo. «La iniciativa infringe el derecho constitucional de libertad de empresa, recogido en nuestra Constitución, en su artículo 38, ya que la obligatoriedad de utilizar este mecanismo de resolución de conflictos, junto con la exclusión de la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria competente por razón de la materia (jurisdicción civil o mercantil), así como la falta de equilibrio entre las partes a la hora de financiar la Autoridad, alejan la normativa contenida en el Proyecto de Ley de los principios de proporcionalidad y mínima intervención constituyendo, a nuestro juicio, un ataque al principio de libertad de empresa», inciden.
