La deuda desbocada detrás del ‘no’ de Sánchez a la OTAN: ajuste de 13.000 millones para llegar al 5%

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A poco menos de una semana de que la OTAN tenga una cumbre crucial para decidir una nueva senda del gasto en Defensa, España ya ha manifestado que no está de acuerdo con una potencial subida de las inversiones hasta el 5% del producto interior bruto (PIB), como propone el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, y como defiende la nueva Administración estadounidense presidida por Donald Trump.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado en una carta su rechazo a alcanzar ese umbral, después de que España haya tardado más de una década, y tras un impulso adicional este año, en alcanzar el compromiso del 2% del PIB. Por ponerlo en perspectiva, gastar el 5% del PIB en Defensa supondría invertir, año a año, 80.000 millones de euros. Se trata de diez veces el gasto presupuestado para Infraestructuras en 2023.

«Para España, comprometerse con un objetivo del 5% no sería razonable y además resultaría contraproducente porque alejaría al país del gasto óptimo y entorpecería los esfuerzos que la UE lleva a cabo para reforzar su ecosistema de seguridad y defensa», dice Pedro Sánchez de cara a la reunión de La Haya de los próximos días 24 y 25 de junio.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicó este jueves su Observatorio sobre la deuda pública que, entre otras cuestiones, analiza un potencial impacto de las nuevas obligaciones en materia de Defensa sobre la evolución de las cuentas públicas de cara al futuro.

Según los cálculos de la Autoridad Fiscal, por cada medio punto del PIB de incremento del gasto en Defensa, el Gobierno deberá hacer un ajuste fiscal adicional de 0,13 puntos del PIB. Es decir, que pasar del 2% del PIB este año al 5% supondrá recortar gastos o subir los impuestos por valor de 0,8 décimas, alrededor de 13.000 millones de euros con el tamaño actual de la economía. Eso sin contar el ajuste que ya hay comprometido con Bruselas del 3,16% del PIB, lo que añade dificultad adicional al descuadre.

El Gobierno armó un plan para financiar la subida del gasto en Defensa desde el 1,4% al 2% del PIB en solo un año gracias a 10.400 millones de euros procedentes de ahorros, partidas que no se utilizaban del Presupuesto prorrogado de 2023 y a la redirección de fondos europeos. Sin embargo, para consolidar este porcentaje y ampliarlo si fuera necesario no será suficiente con modificaciones de créditos por parte del Ministerio de Hacienda, como se venía haciendo hasta ahora.

Bruselas abrió la puerta a que los países se pudieran a coger a la cláusula de escape de las reglas fiscales para incluir hasta 1,5% del PIB destinado a Defensa dentro de ese margen, lo que permitiría cumplir con el marco europeo. España no lo ha solicitado todavía y en el Gobierno hay reticencia a hacerlo. Pero es que, de nuevo según la Airef, esto no permitiría sanear las cuentas públicas.

«Si bien la posible aplicación de la cláusula de escape nacional permitiría absorber el aumento del gasto en defensa sin comprometer el cumplimiento del primer Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, dicho incremento supondría un deterioro de la posición fiscal futura, al traducirse en mayores niveles de déficit y endeudamiento», argumentan desde la Autoridad Fiscal.

Precisamente al respecto se ha pronunciado el Fondo Monetario Internacional en sus conclusiones preliminares sobre la economía de la zona euro, publicado también este jueves. «El uso de la cláusula de escapa para apoyar el aumento del gasto en Defensa de los Estados Miembros debería estar restringido a su fase inicial. Los Estados Miembros y la Comisión deberían calcular el impacto de este aumento del gasto en Defensa sobre la estabilidad de la defensa en una base constante y desarrollar planes para poner la deuda en una senda estable o descendente a medio plazo», dice la institución con sede en Washington D.C.

No es la única institución que se ha mostrado preocupada por el devenir del gasto público. La OCDE, en su último informe de perspectivas económicas, ya apuntó que el aumento de estas inversiones militares puede suponer para los gobiernos la adopción de medidas drásticas para compensar ese desequilibrio en las cuentas públicas. Entre otras, decisiones como aumentar la edad para jubilarse.

En el plano interno, la carta de Sánchez trata de sofocar las críticas de sus socios parlamentarios en un momento de enorme debilidad por los casos de corrupción que cercan a su partido, con su ex ‘número tres’, Santos Cerdán, investigador por participar de presuntas mordidas vinculadas a contratos de obra pública.

De hecho, esta semana su socio de Gobierno, Sumar, impulsó una proposición no de ley en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en la que se reclamaba al Ejecutivo a «rechazar el incremento del gasto militar según la propuesta impulsada por la Administración Trump y defender que el actual gasto militar es suficiente para atender a las necesidades militares y de seguridad europeas». Otros socios fundamentales, como son los cuatro diputados de Podemos, han escalado sus críticas y ya no solo tildan a la coalición de «Gobierno de la guerra». Ahora le añaden la coletilla de «y la corrupción».