La OCDE propone retrasar la edad de jubilación para compensar el aumento del gasto en Defensa

La mala situación de las cuentas públicas de algunas potencias europeas y la acuciante necesidad de aumentar el gasto en Defensa tras el giro copernicano en la postura de la Casa Blanca con la vuelta de Donald Trump pueden forzar a adoptar medidas drásticas que eviten una escalada insostenible de la deuda. Así lo cree la OCDE, que en su Informe de perspectivas económicas apunta que puede ser necesario, incluso, alargar la edad de jubilación para compensar la ingente inversión militar de los próximos años.

Los países con «espacio fiscal limitado», aquellos a los que la presión de los mercados financieros pueda «frenar sus ambiciones de gasto en defensa», tendrán que adoptar medidas audaces para poder hacer frente a este incremento de las inversiones sin llevar al límite las ya de por sí tensionadas cuentas del Estado.

La OCDE se refiere a países como Francia o Italia, con elevados niveles de deuda pública y con Procedimientos de Déficit Excesivo abiertos por la Comisión Europea. Pero España, que el año pasado consiguió salirse de ese grupo de peores cumplidores, sigue teniendo déficits elevados y un pasivo que supera el 100% del producto interior bruto (PIB).

«Mantener un gasto militar más alto durante un largo periodo de tiempo, o incluso de manera permanente, podría forzar a los países más endeudados a compensarlo con duras decisiones políticas. Aunque un mayor endeudamiento podría permitir a los gobiernos financiar ese mayor gasto militar durante un periodo de transición, aquellos países que no puedan frenar suficientemente el crecimiento del gasto no militar podrían tener que considerar una subida de la presión fiscal», defienden los economistas del organismo.

En el caso de España, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido en las últimas semanas a alcanzar el 2% del producto interior bruto (PIB) este mismo 2025, lo que supone un incremento de medio punto porcentual, con una presión fiscal por encima de la media de la OCDE. Esto supone un gasto de 10.400 millones de euros más solo este año, aunque para consolidarlo harían falta unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no solo las puntuales modificaciones presupuestarias.

España, además, es uno de los países que aún no se han acogido a la cláusula de escape de las reglas fiscales para, de manera temporal, eximir parte del gasto en defensa del cómputo del déficit, lo que generaría cierto espacio adicional para aumentar las inversiones al tiempo que se cumple con los objetivos pautados con Bruselas.

«Muchos de los costes de tener ejércitos más grandes, mitigar el cambio climático, adaptarse a un clima más cálido y apoyar a una población envejecida coincidirán y persistirán en el tiempo», señala la OCDE, lo que hará que muchos desequilibrios presupuestarios se agraven.

Ahora bien, frente a la posibilidad de que algunas economías decidan recortar el gasto público mediante las inversiones, la financiación de infraestructuras verdes, la cooperación internacional, la investigación o el empleo de las Administraciones, que a veces se consideran como «fuentes potenciales de ahorro», la OCDE lo desaconseja.

«Aunque mejoran el balance presupuestario a corto plazo, las medidas de este tipo pueden erosionar la capacidad de los servicios públicos, retirar apoyo a quienes más lo necesitan y afectar a los objetivos a largo plazo, como la necesidad de un crecimiento económico robusto en plena transición a las ‘emisiones cero'», razona la organización.

Es por eso que apuesta por la adopción de otras reformas, como la adopción de nuevos procesos tecnológicos en la eficiencia del sector público, revisiones del gasto de las Administraciones y, también, una «redirección efectiva de los beneficios sociales» y unos sistemas de pensiones que favorezcan vidas laborales más largas. Es decir, retrasar de manera directa o indirecta la edad de jubilación.

En el caso de España, la OCDE prevé una reducción del déficit al 2,8% en 2025 y al 2,3% en 2026, incluyendo el gasto por la DANA, que no computa de cara al cumplimiento de las reglas fiscales europeas. La deuda pública caerá del 100% del PIB el año próximo, a pesar de que ya se incluye el gasto de 14.000 millones de euros para incrementar el gasto en defensa y hacer frente a las amenazas arancelarias de Estados Unidos.

«Aunque el déficit fiscal y la ratio de deuda pública sobre el PIB han descendido, sigue siendo esencial una consolidación continuada para poner la deuda pública en una tendencia a la baja, cumplir con las reglas fiscales europeas y acomodar las presiones de gasto del envejecimiento poblacional y la transición verde», dice la OCDE sobre nuestro país. El organismo mantiene a España como la economía avanzada que más crecerá, aunque un poco menos de lo previsto: un 2,4% este año y un 1,9% el que viene, dos décimas menos en ambos casos.

Sin más menciones sobre el gasto en Defensa, el multiplicador (es decir, cuánto crecimiento económico genera cada euro invertido) aquí será clave. El Gobierno calcula que el plan de 10.400 millones de euros supondrá un crecimiento de alrededor de un punto del PIB, aunque el Banco de España, en su último Informe anual, rebajaba el optimismo: apenas sumará una décima al crecimiento.