España es el país europeo que más castiga fiscalmente a la nuclear
Las centrales de Francia, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Suecia y Suiza hacen frente a menos tasas que en España
La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, e Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola
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España es el país de la Unión Europea que más castiga fiscalmente a sus centrales nucleares, según un informe de EY. Según el análisis comparativo realizado por la consultora, las tasas específicas a las que hacen frente las propietarias de las instalaciones penalizan la competitividad y la sostenibilidad económica de esta tecnología.
El estudio destaca que España afronta una carga fiscal que se eleva hasta los 28,6 euros por MWh (megavatio por hora), entre los que se incluyen impuestos estatales como el que se aplica a la producción (IVPEE), así como ecotasas autonómicas y otras que se pagan por seguridad, vigilancia y supervisión.
La consultora compara la situación de España con la de otros países con características similares: que tengan un programa nuclear consolidado, que operen reactores que contribuyen significativamente a su mix energético (superior al 10%) y que cuenten con una experiencia operativa continua desde 1980.
De este modo, EY compara las tasas a las que tienen que hacer frente Francia, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Suecia y Suiza, países en los que no existen tributos adicionales más allá de los necesarios para la gestión de residuos y el desmantelamiento.
Impuestos específicos a la nuclear
En la comparativa se ve reflejado como sólo España cuenta con un impuesto específico a la producción del combustible nuclear gastado, así como los impuestos medioambientales o ecotasas regionales en Extremadura y Cataluña (el de la Comunidad Valenciana acaba de ser suprimido).
En el caso del gravamen a la producción energética (IVPEE), Reino Unido también cuentan con instrumentos fiscales similares. Más allá de estos tributos, todos los países tienen impuestos específicos para gestionar los residuos radiactivos que se generan en las centrales que operan sus países.
En el caso de España, la tasa Enresa es la que vehicula la recaudación del dinero para costear la gestión y el almacenamiento de los residuos. Según los cálculos de EY, el Gobierno debe recaudar hasta 17.253 millones de euros para cubrir dichos costes entre los años 2024 y 2.100.
Actualmente ya se han dotado de casi 8.000 millones de euros para el fondo que gestiona Enresa (empresa pública) y quedan pendientes algo más de 4.000 millones antes del cierre de las instalaciones, en 2035 si Gobierno y propietarias (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) no llegan finalmente a un acuerdo.
España no permite la participación de los operadores en el cálculo de los costes
Además, el informe destaca que España no permite la participación de los operadores de las centrales ni en el cálculo de costes ni en la gestión del fondo de financiación de desmantelamiento de las instalaciones, a diferencia del resto de países analizados.
Un modelo centralizado que contrasta con las prácticas europeas, donde los operadores participan activamente en la definición, cálculo y gestión de los costes asociados.
El estudio también concluye que, mientras países como Francia, Reino Unido, Finlandia o Suiza integran la energía nuclear en sus planes de descarbonización y reindustrialización, España va a la contra con un calendario de cierre que no contempla la tecnología nuclear como vector para reducir emisiones.
Cabe destacar que según un análisis de Barclays, la extensión de la vida útil de las centrales nucleares españolas requeriría una inversión total de unos 2.250 millones de euros, de los cuáles 1.500 millones serían para las cinco más antiguas y 700 millones para las restantes.
En su estudio, la entidad asegura que una posible solución para afrontar dicha inversión sería poder reconocerla en la tarifa eléctrica, añadiendo algunos euros por MWh al coste total estimado para la operación de centrales nucleares.
Además, apuesta por reducir la carga fiscal en tan solo 10 euros MWh para que las centrales pudieran alcanzar la rentabilidad de su operación y señala las ecotasas de Extremadura y Cataluña especialmente.
