El número de españoles en pobreza severa se dispara a máximos de 2014 con el Ingreso Mínimo Vital atascado

Los últimos datos de la Airef apuntan a apenas el 35% de los hogares reciben el IMV. Oxfam Intermon lo rebaja al 16%. Las razones: desconocimiento y burocracia

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. EFE/ Mariscal

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La crisis inflacionaria de los dos últimos años ha disparado las dificultades de los hogares, a pesar de las mejoras tanto del empleo como de los ingresos. El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social repuntó hasta el 26,5%, de acuerdo con los últimos datos del INE, pero es que los españoles con carencias materiales severas se dispararon hasta el 9%, la tasa más alta desde 2014, cuando el país aún padecía los efectos de la Gran Recesión.

Este repunte se produce cuatro años después de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación que venía a atajar la pobreza pero que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el competente en la materia, ya se plantea agilizar.

La prestación aparecía en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos de finales de 2019 y su puesta en marcha se vio acelerada por el estallido de la pandemia, en marzo de 2020. El objetivo entonces era alcanzar a 2,3 millones de personas y 850.000 hogares.

Cuatro años después, la prestación se ha quedado ligeramente corta, alcanzando a 750.000 hogares y 2,2 millones de personas, con un coste de 9.300 millones de euros.

Cuatro años después de su creación, el Ministerio aún no había desagregado el ‘saldo vivo’ de hogares que reciben el IMV, limitándose a una cuantía agregada del total de personas que habían disfrutado del mismo. Esto fue afeado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que llegó a cuestionar hacer lo mismo con el dato de pensiones: es decir, contar todos los pensionistas en la historia del sistema en lugar aquellos que efectivamente la cobran mes a mes. La idea es comenzar a hacerlo esta misma semana.

Una prestación frente a la pobreza severa

De acuerdo con un informe elaborado el año pasado por la Airef, solo el 35% de los hogares con derecho al cobro de la prestación la tenían reconocida. Unos 285.000 hogares de los 800.000 potenciales, a cierre de 2022. Exactamente la misma cifra que a finales de 2021.

Para tratar de acelerar la llegada de estas cuantías, la nueva titular de la cartera, Elma Saiz, ha anunciado un Plan de Accesibilidad para agilizar su reconocimiento, afectado por las gestiones administrativas. «Queremos eliminar barreras y acercarnos a los hogares en riesgo de exclusión de una manera más ágil y sencilla«, aseveró la ministra durante una jornada titulada ‘IMV, una política más viva que nunca’.

A falta de conocer la letra pequeña, este programa incluirá un número corto -020- al que llamar para conseguir apoyo para realizar las gestiones, así como un incremento de la plantilla que gestiona la prestación del 40%.

«Ha habido pocos avances en cuanto a los resultados e implementación del IMV«, constató en junio la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, que subrayó el elevado porcentaje de ‘non-take up’: un 58% de los hogares que podría tener acceso a la ayuda no la solicita.

«El 38% de los hogares que no lo solicitan es porque si lo solicitasen su renta aumentaría menos de un 30%. Una posibilidad es que no lo solicitan porque no les merece la pena en términos de renta«, apuntó entonces el director de la división de Evaluación de la Airef, José María Casado.

Un modelo automático de concesión

Para mejorar la prestación ante su «estancamiento», la autoridad propone un modelo más automático articulado en torno a una base de datos única con referencias de renta, patrimonio, impuestos y conjunto de prestaciones; y una declaración universal de rentas y prestaciones. Esto permitiría «transitar a un IMV y unas políticas de transferencias que se inicien de oficio o mediante impuestos de carácter negativo».

Otro informe reciente, este de Future Policy Lab junto con Oxfam Intermón, reducía los hogares que accedían al IMV, del total potencial, a solo el 16%. «En relación con el objetivo marcado por el Ministerio de Inclusión, 850.000 hogares y 2,3 millones de personas, las cifras quedaban lejos como para considerar un éxito la implementación del IMV hasta la fecha. (…) Otra señal de que no se están alcanzado los objetivos es que no se ha logrado ejecutar en su totalidad el presupuesto destinado al IMV», aducen los autores, que señalan «insuficiencias» en su diseño y fallos en la implementación, como razones detrás del fracaso.

La creación de empleo no compensa la inflación

De acuerdo con los datos del INE, el año pasado la tasa AROPE -porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social- subió al 26,5%, en tanto que la población en riesgo de pobreza se recortó dos décimas, hasta el 20,2%. Sin embargo, la población con carencias materiales y sociales severas repuntó en 1,3 puntos, hasta el 9%.

Y todo esto pese a dos años seguidos acumulando repuntes de ingresos, en 2022 del 6% y en 2023 del 8,3%, y a una reducción de la población con baja intensidad en el empleo -es decir, que trabaja menos horas o está más afectada por la parcialidad-, gracias a la buena deriva del mercado laboral.

Los hogares que tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes repuntaron al 9,3% y aquellos sin capacidad para gastos imprevistos ascendieron al 37,1%.

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