El Gobierno contempla ya aprobar la reforma laboral sin CEOE
Yolanda Díaz ve "muy difícil" lograr un acuerdo pero mantiene el objetivo de sumar a todos los agentes sociales, mientras que en CEOE seguirán negociando pero avisan de sus líneas rojas tras el 'choque' por la subida de cotizaciones
La vicepresidenta segunda, Yolana Díaz. EFE
El acuerdo bipartito suscrito entre el Gobierno y los sindicatos sin el beneplácito de los empresarios para el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) –subida de cotizaciones del 0,6% entre 2023 y 2032 para pagar las pensiones de los ‘baby boomers’–, ha abierto un nuevo escenario en el diálogo social.
El Gobierno no tira la toalla ni da por perdida la posibilidad de lograr sumar a CEOE al acuerdo para la reforma laboral que pretende cerrar a finales de mes para su aprobación antes de que concluya el año, si bien fuentes gubernamentales contemplan ya la posibilidad de que la modernización del mercado de trabajo vea la luz sin el apoyo de la patronal.
Tras 12 grandes acuerdos en el marco del diálogo social, el consenso entre Gobierno y agentes sociales se rompió ayer al desmarcarse CEOE y Cepyme del acuerdo sobre la subida de cotizaciones para asegurar las pensiones futuras, a pesar de que se introducirá vía enmienda en la primera parte de la reforma de pensiones consensuada en verano con la rúbrica de la patronal.
Pese al rechazo de los empresarios, el Gobierno ha sellado un acuerdo bipartito con los sindicatos para el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá el factor de sostenibilidad de la reformra de 2013 del PP, enterrando de alguna manera las apelaciones constantes de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de consensuar las grandes reformas también con los empresarios.
Lo cierto es que ya ha sucedido anteriormente con motivo de la aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en septiembre para lo que restaba de año, algo a lo que CEOE se opuso con unos argumentos similares a los utilizados para rechazar la subida de cotizaciones: aumenta los costes empresariales en un momento aún de crisis y afectará a la creación de empleo.
Este mismo martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de las vicepresidentas (Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera) y otros ministros, incluido el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha escenificado en La Moncloa el acuerdo bipartito en un desayuno de trabajo con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, sin presencia alguna de representación empresarial.
Díaz: el acuerdo es «muy difícil» pero no imposible
Desde el Gobierno admiten ya la posibilidad que no se ha descartado en ningún momento en el Ministerio de Trabajo de sacar adelante la reforma laboral sin el consenso con los empresarios, si bien mantienen su intención de negociar hasta el último momento y poder lograr recabar su apoyo a la que probablemente es la reforma de mayor trascendencia de la legislatura.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha expresado en estos términos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que el Gobierno «trabaja para que el acuerdo sea positivo» y le gustaría que hubiese acuerdo «con todas las partes», pero ha admitido que es «muy difícil» por la envergadura de la reforma.
Díaz ha circunscrito los escollos para poder cerrar el acuerdo en la temporalidad, ya que «nunca se ha abordado en toda la democracia española» y ahora el Ejecutivo pretende «cambiar el paradigma de la contratación». «No es una cosa menor, sabiendo que nuestro país tiene sectores estacionales, pero técnicamente s posible garantizar la estabilidad en el empleo con la estacionalidad», ha asegurado.
Con todo, Díaz se ha alineado con el mensaje de la jurista representante de CEOE respecto a que el reto de la transformación del mercado laboral es «alto y complejo, pero no imposible». En este sentido, Díaz ha puesto en valor que los agentes sociales (patronal y sindicatos) «se están dejando la piel» y se está trabajando para tratar de alcanzar un acuerdo.
De hecho, este miércoles por la mañana se producirá una nueva reunión de la mesa técnica para la modernización del mercado de trabajo, a la que se suma a partir de ahora una segunda semanal los viernes, y en la tarde del miércoles se producirá otra de coordinación a nivel gubernamental.
«Desconozco si hay presiones políticas»
La vicepresidenta ha negado la mayor sobre las relaciones en el diálogo social al enfatizar en los 12 grandes acuerdos suscritos y el «despliegue máximo» del diálogo social en España que resaltan el FMI, la OCDE o la OIT.
Y es que, para Díaz, lo «importante» es que haya diálogo social al ser el «compromiso de país» un proceso que da «legitimación» a todas las partes, al margen de que sea «más lento, tedioso y complicado» y pueda no cerrarse con acuerdo.
Sobre los motivos del rechazo de la patronal al acuerdo sobre el mecanismo de equidad intergeneracional, Díaz ha explicado que hasta ahora los gobiernos habían actuado sobre el sistema de pensiones desde el punto de vista de los gatos, si bien el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo hace sobre los ingresos para nutrir de recursos al sistema. «Desconozco si hay motivaciones políticas, pero me consta que la patronal trabaja con rigor y patronales y sindicatos defienden sus legítimos intereses», ha añadido.
Afirma que la ampliación del periodo de cálculo de pensiones «no está en la mesa»
Por otra parte, sobre la polémica sobre la medida de ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, ha optado por no referirse. «No voy a entrar en ningún futurible, me consta que no está planteado en la mesa de diálogo social», ha enfatizado, para resaltar a continuación las medidas para garantizar más ingresos y las pensiones futuras.
«Los futuribles no ayudan al diálogo discreto que necesita el diálogo social», ha enfatizado Díaz, evitando entrar en polémicas. El compromiso del Gobierno recogido en el acuerdo operacional sobre el Plan de Recuperación para recibir los fondos europeos contempla esta medida para la segunda mitad del año 2022.
Los sindicatos se oponen firmemente al compromiso suscrito por el Gobierno con Bruselas en el marco del contrato operacional sobre los fondos europeos en el que recoge el compromiso de ampliar los años cotizados para el cómputo de las pensiones.
CEOE mantendrá sus líneas rojas
De su lado, fuentes de CEOE descartan que la ruptura del diálogo social en lo referido al mecanismo de equidad intergeneracional vaya a suponer el fin del diálogo social en lo referido a la reforma laboral, en la que seguirán trabajando y negociando con Gobierno y sindicatos.
Eso sí, tras la reunión del Comité Ejecutivo este lunes, en la patronal distintos sectores han fijado el mantenimiento de las líneas rojas en la negociación al oponerse frontalmente a los límites en materia de temporalidad propuestos por el Gobierno.
En CEOE rechazan el mecanismo de equidad integeneracional al considerar que no garantiza la sostenibilidad del sistema ni mejora la equidad, sino que, al contrario, «reduce la contributividad y carga de mayor gasto a las generaciones de jóvenes» con una medida (subida de cotizaciones) que «ahoga más a empresas y autónomos».
Los empresarios critican duramente que ante una tasa de paro del 15%, con 3,5 millones de desempleados, lo «único» para generar empleo sea incrementar los costes laborales y las cotizaciones. Para asegurar las pensiones futuras instan a que sean los partidos políticos en el marco del Pacto de Toledo los que reflexionen con medidas «no cortoplacistas» sino a futuro y atiendan la «reestructuración urgente» que precisa el sistema aumentandno ingresos y reduciendo gastos.
Según sus cálculos, la subida del 0,6% de las cotizaciones permitirá recaudar 40.000 millones para 2032, lo que sirve para a penas «dos mensualidades». «No es la solución al problema del déficit de pensiones que se va ver agravado con la jubilación de los baby boomers», alertan.
