La Inspección de Trabajo se rebela contra Yolanda Díaz: las «jornadas son de 50 horas a la semana»

Ocho sindicatos del organismo inspector harán huelga el próximo 22 de febrero y denunciarán ante la Comisión Europea el incumplimiento del acuerdo firmado en 2021 con el Ministerio de Trabajo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. EFE/ Fernando Alvarado

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. EFE/ Fernando Alvarado

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Los trabajadores de la Inspección de Trabajo, organizados en una plataforma que agrupa a ocho sindicatos, cargan contra la dirección del ministerio y contra la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por no cumplir el acuerdo alcanzado en julio de 2021 entre la representación legal de los trabajadores y el ministerio para solventar las carencias de la inspección.

En una rueda de prensa conjunta, las organizaciones sindicales han confirmado que el próximo 22 de febrero llevarán a cabo una nueva jornada de huelga, la tercera. Y han avanzado que, si el ministerio no retoma el diálogo con los sindicatos y da señales de cumplimiento del acuerdo, se plantean paros «de carácter indefinido y de manera parcial para mantener la situación de conflicto todos los días», según ha afirmado José Manuel Gándara, delegado sindical de CCOO en la Inspección de Trabajo.

«La inspección está en colapso, estamos hablando de jornadas de 50 horas a la semana», ha denunciado otro miembro del mismo sindicato. Ante esta situación, los sindicatos están preparando también una denuncia a la Comisión Europea alegando incumplimientos del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del componente 33, así como del Real Decreto 36/2020, que «establece que las relaciones de puestos de trabajo tienen que ser negociadas antes» de aplicarse.

En concreto, detallan que, para rebajar el conflicto, es imprescindible que se incorporen los 500 efectivos del personal técnico y administrativo comprometidos en el acuerdo, que se mantengan las tasas de reposición y que se ponga en marcha la nueva relación de puestos de trabajo (RPT). Además de avanzar en el desarrollo de la carrera profesional.

«Incoherencia palpable»

Desde Sislass, Rafael Prieto ha incidido en que es una «incoherencia palpable» la de este Gobierno porque ha modificado el marco normativo laboral, pero lo ha hecho «olvidándose de reforzar el organismo que va a velar porque ese nuevo marco normativo se cumpla». En su opinión, el incumplimiento del acuerdo de julio de 2021 pone en peligro que la Inspección de Trabajo pueda mantener «este nivel de competencia, de cumplimiento de la normativa».

En la misma línea se pronuncian en un comunicado conjunto, en el que denuncian «desentendimiento y lejanía» por parte del Ministerio de Trabajo: «No solo es una actitud irresponsable, va más allá, al poner de manifiesto la instrumentalización que se está realizando, por parte de la dirección política de este ministerio, de los esfuerzos que viene realizando la plantilla de la Inspección de Trabajo, en beneficio propio«.

«Negociación oculta» entre ministerios

Los sindicatos denuncian que tienen que «soportar una negociación oculta y oscura» entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda que, aseguran, desconocen «a donde conduce». La cuestión es que es Función Pública (dependiente de Hacienda) tiene que aprobar la RPT del acuerdo firmado con Trabajo, ya que supone un aumento de la partida destinada a esta área.

A pesar de que desconocen cómo evolucionan las negociaciones entre ambos ministerios, los sindicatos afirman que «nada de lo que discuten entre ambos ministerios se parece al acuerdo adoptado en su día para superar las carencias de la Inspección».

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