Problemas en el recobro de las deudas: la Ley de Eficiencia Procesal favorece al moroso
La normativa introduce varias novedades que dificultan el cobro de la deuda
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La ley de eficiencia procesal se está convirtiendo en un obstáculo para cobrar las deudas a los morosos, alerta el sector. Una muestra de ello es la obligatoriedad de negociar entre las partes antes de acudir a las justicia para evitar la interposición de una sanción. A pesar de que el objetivo tras el requisito es acordar planes de pago, los deudores acostumbran a ser difíciles de localizar, por lo que en muchos casos no queda más remedio que litigar.
El sector de la recuperación de deuda también se está viendo afectado por la entrada en vigor de la prohibición de las llamadas comerciales efectuadas desde números móviles. La medida forma parte de un plan impulsado por el Gobierno que tiene como objetivo la lucha contra las estafas telefónicas y el envío de mensajes SMS.
Qué novedades introduce la Ley de Eficiencia Procesal
Una de las novedades que introduce la nueva normativa es el tribunal de instancia. Según recoge la normativa, deberá existir un tribunal de este tipo en cada partido judicial y estará estructurado en una sección única, una sección civil y una sección de instrucción, según el despacho de abogados Garrido.
También se introduce la figura de la oficina judicial, una organización de carácter instrumental que prestará soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional. El organismo estará dotado de un gran flexibilidad a nivel territorial y jurisdiccional, por lo que podrá brindar servicio según el volumen de actividad.
Por su parte, las nuevas oficinas de justicia municipales estarán emplazadas en los municipios que no tendrán tribunal de instancia. Sin formar parte de la estructura de la oficina judicial, prestarán servicios a los ciudadanos de las localidades.
Sin embargo, una de las novedades que ha causado una mayor controversia son los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, que introduce la negociación para encontrar una solución extrajudicial entre las partes del conflicto.
Al ser un requisito de procedibilidad, si no se produce la negociación no sería admisible la admisión de la demanda civil, si bien existen algunas excepciones contempladas por la legislación vigente.
Dificultades para contactar con los morosos
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Cobro (Angeco), Carlos Ruiz, ha cargado contra la norma y ha lamentado que imponga trabas. «Nos genera una inseguridad jurídica enorme, se está ensalzando al consumidor incumplidor», ha criticado sobre la ley de eficiencia procesal ante El Economista.
La entidad agrupa a las compañías que tienen como objeto social prestar servicios de gestión de cobros de cantidades impagadas, tanto por vía amistosa como judicial. Con cerca de un centenar de asociados, ha abierto más de 120 millones de expedientes y ha recuperado una deuda superior a 12.400 millones de euros.
Del conjunto de expedientes que gestiona el sector, nueve de cada diez se trata de gestionar por la vía amistosa. Después de explicar que antes de acudir a la vía judicial siempre se trata de alcanzar un acuerdo, ha señalado que el problema que afronta el sector tiene que ver con la localización de los morosos.
En este sentido, concreta que el año pasado únicamente se pudo contactar con el 35% de los morosos, mientras que se alcanzaron acuerdo de pago en el 21% de los 131 millones de expedientes. «La vía judicial es la última para nosotros y la ley ahora impide que demandes si previamente no has intentado un acuerdo de pago que puedas demostrar», ha criticado.
También ha pasado factura al sector la prohibición de realizar llamadas comerciales desde teléfonos móviles, que ha impulsado una caída en la tasa de contacto del 40%. «Al no utilizar teléfono móvil, el receptor de la llamada ve que es un fijo y, por lo que sea, está cayendo el contacto con el deudor», ha señalado.
Con todo, ha zanjado: «Va contra la cultura de pago que propugnamos, es perverso porque el consumidor puede verse incentivado al impago porque, al final, no va a tener una sentencia judicial detrás que le empuje a pagar».
