Toque de atención de Bruselas a España: la burocracia y los impuestos lastran la inversión

La Comisión Europea ha dado un toque de atención a España por la «complejidad de los procedimientos administrativos» y la «carga» burocrática que a día de hoy se le impone a las empresas, un factor que, sumado a la imposición corporativa, estarían actuando como freno a la inversión privada y topando el crecimiento potencial de la economía española.

Los documentos del Paquete de Primavera de la Comisión Europea, publicados este miércoles, urgen a España a «simplificar regulación y reducir la carga administrativa en los negocios», a acabar con la «fragmentación regulatoria» entre regiones y a mejorar la eficiencia judicial (el bloqueo en los juzgados afecta a muchas decisiones empresariales) para mejorar el clima de negocios en el país.

Y el Ejecutivo comunitario, que preside Ursula von der Leyen, tira de tres datos clave. Según el Eurobarómetro, el 71% de las empresas españolas ven la «complejidad de los procesos administrativos» como un problema para su compañía a la hora de hacer negocios en España. Y el 60,4% de las firmas españolas apuntan a la regulación como un obstáculo determinante a la hora de invertir en nuestro país, muy por encima de los datos de media en el resto de la Unión Europea (24,5%), de acuerdo con un análisis del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Solo en 2022, cuando se cruzaron los últimos coletazos de la pandemia de COVID-19 con la crisis inflacionaria y la invasión de Ucrania, las administraciones españolas adoptaron 11.775 normas nuevas.

«El volumen regulatorio y su complejidad han aumentado en los últimos años. Para favorecer la competitividad de las empresas en España es crucial atajar la escalada del volumen de regulación y su complejidad que frenan el crecimiento corporativo y sus operaciones, especialmente para aquellas más pequeñas o de nueva creación», apunta la Comisión Europea en su Informe de Situación de España 2025.

La simplificación normativa es uno de los retos que se ha impuesto la Comisión Europea desde su toma de posesión, a finales del año pasado, como una de las herramientas para incentivar la competitividad de las empresas europeas, lastradas frente a las de Estados Unidos o China, con regulaciones más laxas que facilitan su operación.

Esta cuestión ha llevado incluso al Gobierno y al principal partido de la oposición a encontrarse. El Gobierno, a través de la iniciativa «Régimen 20», para armonizar las regulaciones entre comunidades autónomas y favorecer la operación con licencias de un solo territorio. Bruselas dice que la propuesta «tiene potencial para mejorar el clima de negocios».

Y el PP, mediante la pata económica de su ponencia para el Congreso que celebrará en julio. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ya avanzó que prepara una reforma administrativa para tratar de adecuar la regulación y que no se fragmente entre las distintas comunidades autónomas.

Así, la Comisión es clara en su recomendación a España: «Simplificar regulación, mejorar las herramientas regulatorias y reducir la carga administrativa así como la fragmentación reglamentaria entre regiones. Mejorar la eficiencia judicial agilizando los procesos judiciales y mejorando la digitalización del sistema judicial en todas las regiones. Facilitar la creación, innovación y expansión empresarial, apoyando las inversiones en I+D y con enlaces más robustos entre la investigación y el mundo empresarial».

No solo la profusión de normas ha provocado ese freno a la inversión. También los impuestos, dice la Comisión. «Algunos aspectos de la imposición española a las empresas podrían disuadir a las compañías de ganar tamaño, ya que empresas más grandes pueden perder ciertos beneficios fiscales y recibir nuevas cargas de cumplimiento normativo«, destaca el informe. El tipo general del Impuesto de Sociedades (25%) se encuentra por encima de la media (21%) y los incentivos fiscales a la investigación «no se despliegan de manera que se maximice su potencial», por lo que el gasto en innovación y desarrollo queda muy por debajo de la media europea.

Hay un tercer factor que estaría limitando el crecimiento y el aumento de la inversión, según la Comisión Europea: el escaso desarrollo de los mercados de capitales en nuestro país, que obliga a las compañías a recurrir, casi en exclusiva, a la financiación bancaria para desarrollar sus proyectos.