Gobierno y PP se encuentran en la reforma que más piden las empresas: eliminar burocracia

Parecía una entelequia, pero el Partido Popular y el Gobierno podrían estar cerca de un consenso en uno de los aspectos clave que más lastran a las empresas a la hora de invertir: la falta de un mercado único y el exceso de regulación propiciado por la existencia de 17 comunidades autónomas que legislan en cada uno de sus territorios y que crean ‘barreras’ a la hora de expandirse o situarse en otras regiones.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanzó en una conferencia ante el Consejo General de Economistas sus principales propuestas en materia económica de cara al Congreso Nacional de su partido, una cita que ha adelantado a julio de este año para dar un impulso a su formación y dejarla preparada ante un potencial adelanto electoral, que no parece a la vista por parte del Gobierno.

El líder de la oposición planteó cinco reformas, siendo las propuestas principales una rebaja impositiva y la extensión de la vida útil de las centrales nucleares frente al calendario de cierre que el Gobierno pactó con las energéticas y que comienza el próximo 2027. Pero una de ellas, la reforma de las Administraciones Públicas, tiene un tinte muy similar a otra que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, trata de sacar adelante con las Comunidades Autónomas: el llamado Régimen 20.

«La hiperregulación es el principal lastre de la productividad y la innovación de España», aseguró Feijóo el pasado martes. «España necesita una profunda reforma administrativa para facilitar la vida de los ciudadanos y la actividad económica. Es preciso luchar contra la fragmentación del mercado interior, y lo dice un expresidente autonómico: las comunidades autónomas hemos legislado en nuestro ámbito territorial de todo y cuando vemos el mosaico que hemos creado, tenemos 17 normas para ejercer la misma actividad en función del territorio en que quiera ejercerse«, subrayó.

Así, Feijóo hizo suyo un compromiso del PP Europeo: por cada nuevo reglamento que se apruebe, derogar dos. «Las comunidades autónomas de mi partido estamos caminando hacia la unidad del mercado y hacia el reconocimiento mutuo de las licencias, de los permisos y autorizaciones», insistió ante los economistas.

El ministro Cuerpo ha impulsado, en el seno de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios donde se reúne con las comunidades autónomas, lo que han llamado Régimen 20, un marco común normativo a las comunidades autónomas y ayuntamientos que permita a las empresas operar sin barreras administrativas como consecuencia de las distintas regulaciones.

El Gobierno negocia con las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas con el PP, pero también ha puesto encima de la mesa esta cuestión durante las conversaciones con los populares por el Real Decreto-Ley de respuesta a los aranceles de Estados Unidos, ya que los populares reclamaban más medidas sobre competitividad para las empresas.

La cuestión es muy relevante para el mundo empresarial. Según una encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el 78% de las compañías ve en la regulación a las empresas uno de los principales obstáculos a la hora de invertir, frente al 66% de media en la Unión Europea. Un porcentaje que escala al 82% en el caso de aquellas que se dedican al sector Servicios. En general, es la segunda barrera para su actividad económica, solo por detrás de la incertidumbre sobre política económica (82%) y al mismo nivel que la escasez de mano de obra cualificada.

«La carga normativa es especialmente elevada para las pymes, dado su reducido tamaño. Alrededor del 25 % de las pymes españolas afirman que más del 10 % de su personal se dedica a evaluar y cumplir los requisitos reglamentarios», recoge el sondeo.

Otra encuesta, esta elaborada por la Cámara de Comercio de España, recoge que la preocupación de las empresas por las cargas administrativas se ha disparado en más de diez puntos en solo un año: del 24,6% de compañías el pasado año, al 34,1% de este año.

Un estudio del Instituto Juan de Mariana, un think-tank liberal, cuantificó en 37.500 millones de euros el coste de la fragmentación normativa de las comunidades autónomas, lo que supone 2,5 puntos del PIB.