Hacienda pone en el punto de mira a las grandes fortunas por aprovechar beneficios fiscales del cine
Las AIE han demostrado ser una herramienta fundamental para atraer dinero privado a la producción audiovisual permitiendo que películas nacionales e internacionales como Juego de Tronos
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. ECONOMÍA DIGITAL
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En los últimos meses la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha intensificado su vigilancia sobre las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), estructuras empleadas predominantemente por grandes capitales y firmas de inversión para obtener desgravaciones fiscales sustanciales mediante la financiación de proyectos cinematográficos y de investigación.
Estas agrupaciones, amparadas legalmente desde 2004, fueron concebidas para impulsar la inversión en sectores estratégicos –como el cine, la biotecnología o la innovación tecnológica– facilitando la entrada de recursos privados a cambio de generosos incentivos fiscales.
Sin embargo, la proliferación de AIE ligadas a la industria audiovisual y el volumen en aumento de inversión privada han suscitado la sospecha de Hacienda sobre posibles abusos.
Según la Agencia Tributaria, algunas grandes fortunas habrían utilizado este vehículo no sólo para apoyar proyectos culturales, sino fundamentalmente para maximizar su ahorro fiscal.
Entre las entidades y personas investigadas destacan grandes nombres como Arcano Corporate y su filial Arcano Imasde, el banco francés BNP Paribas, AXA Aurora, Medvida Partners, supermercados Bon Preu, la aseguradora Exlabesa Building, o empresarios reconocidos como Ricardo Leal (Christian Lay) y Othman Ktiri (OK Mobility).
El procedimiento inspector ha consistido en la revisión de deducciones practicadas en el Impuesto de Sociedades entre 2018 y 2021, reclamando la devolución de importantes sumas a varias compañías e inversores.
Los casos de Christian Lay y OK Mobility son paradigmáticos, tras una primera resolución de Hacienda, se exigieron avales millonarios e incluso desembolsos de hasta 4,6 millones de euros a la espera del fallo definitivo, muchos de los cuales han sido recurridos en sede judicial.
Un sistema clave para el cine español
Las AIE han demostrado ser una herramienta poderosa para atraer dinero privado a la producción audiovisual, permitiendo que películas nacionales e internacionales (‘Juego de Tronos’, ‘Star Wars’ o ‘Fast & Furious’) se hayan rodado en territorio español aprovechando las deducciones contempladas en la ley, hasta un 30% sobre el primer millón invertido y el 25% sobre la cifra restante.
La fórmula ha beneficiado especialmente a regiones como Canarias, donde el atractivo fiscal ha generado un negocio directo de más de 218 millones de euros solo en 2024 y la creación de unos 14.000 empleos locales.
Pero este modelo también ha dado lugar a una grieta legal y administrativa. Hacienda ha cuestionado la naturaleza productora real de muchas AIE al alegar que en ocasiones solo funcionan como vehículo financiero y no como auténticas gestoras de proyectos, suponiendo así una presunta simulación tributaria o uso fraudulento de las deducciones.
Estas discrepancias han llevado a la apertura de expedientes y sanciones contra conglomerados tan distintos como Santander, Lopesán, Air Europa, Binter Canarias o proveedores de Mercadona, varios de los cuales ya han tenido que desembolsar o avalar millones por posibles irregularidades detectadas en la aplicación de los incentivos
Pese a ello, la legitimidad de las AIE como coinversores y coproductores audiovisual ha sido defendida en los tribunales.
La Audiencia Nacional dictó en enero de 2025 una sentencia fundamental que reconoce su derecho a recibir los incentivos y exige a Hacienda respetar los certificados expedidos por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), así como anular resoluciones administrativas previas que les negaban ese estatus.
El fallo obliga incluso a la devolución de más de 100 millones de euros a inversores de grandes producciones y refuerza la seguridad jurídica de estas herramientas.
El futuro de los incentivos y el control fiscal
La persecución de los supuestos excesos no es ajena al trasfondo del debate político y social sobre la utilidad y el alcance de los incentivos fiscales al cine.
Por un lado, el sector audiovisual exige garantías para la atracción de capitales extranjeros, la creación de empleo y el desarrollo cultural.
Para ello, la existencia de marcos estables, claros y jurídicamente protegidos se considera un requisito indispensable para competir con otras potencias europeas y mantener el ritmo de rodajes, inversiones y exportaciones de talento.
En sentido inverso, los responsables de la política fiscal y sectores críticos demandan mayor control y transparencia, temiendo que las grandes fortunas busquen ante todo canales de elusión fiscal más que el genuino apoyo a la cultura.
La actuación inspectora de Hacienda pretende cerrar la puerta a potenciales abusos o fraudes, aunque el sector critica el efecto nocivo de la inseguridad jurídica y la ralentización de proyectos mientras se dirimen los litigios.
