Yolanda Díaz evita negociar con la CEOE el registro horario y da por hecho que acabará en los juzgados

El Ministerio de Trabajo que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pasado a la «ofensiva» en las negociaciones para reducir la jornada laboral. Así lo aseguran fuentes del departamento y señalan que la apertura de una consulta pública para poner en marcha un nuevo registro horario es solo el principio, aunque dan por hecho que acabará judicializado por los recursos que presentará, previsiblemente, la CEOE.

El Gobierno no sentará de nuevo a los sindicatos y a la CEOE para negociar la letra pequeña del Real Decreto que modificará el control de jornada actual, ya que considera que esas negociaciones se sustentaron durante la Mesa de Diálogo Social abierta para la norma que iba a reducir el tiempo de trabajo y que la semana pasada tumbó el Pleno del Congreso.

Así, la norma que prevé establecer un formato plenamente digital para el registro horario, que a su vez impida la modificación por agentes externos al trabajador y permita la interoperabilidad por parte de la Inspección de Trabajo, solo contará con las aportaciones que puedan realizar las patronales CEOE y Cepyme a través del trámite de consulta pública, abierto el jueves pasado, solo un día después de que decayera la reforma de la jornada.

En los pasillos del Ministerio que dirige Díaz dan por hecho que la patronal presentará un recurso contra el reglamento que imponga el registro horario, aunque niegan alegaciones que se hacen desde el mundo patronal y que aseguran que una herramienta así supondría una brecha en la Ley de Protección de Datos. El Ministerio argumenta que estos estadillos han de contener la información sobre la jornada y que la ley habilita a que esos datos puedan ser contrastados por la Inspección en el caso de que sean necesarios. «Si los datos no fueran accesibles, no lo serían ni en papel ni en digital», razonan desde la Vicepresidencia.

El Real Decreto que ahora tiene que redactar el Ministerio de Trabajo recuperará el grueso de la reforma prevista en la ley para reducir la jornada, aunque se quedará fuera un punto muy relevante: las modificaciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) que eran necesarias para endurecer las multas a las empresas y hacer que sean por trabajador y no limitadas a una compañía.

En el Ejecutivo no se ponen plazos para sacar esta norma aunque confían en que esté publicada en el BOE para el año que viene, con un periodo de carencia para hacer los cambios tecnológicos necesarios que permitan a las compañías implantar ese registro horario digital y accesible para la Inspección de Trabajo. En este sentido, no descartan desarrollar una herramienta propia para las empresas, aunque lo fundamental es que la existente permita el acceso de los trabajadores al registro.

Sobre el resto de proyectos que Díaz tiene encima de la mesa, el Estatuto del Becario está en el carril de entrada al Consejo de Ministros, más de dos años después de que se cerrase un acuerdo con los sindicatos sobre esta norma, que no terminaba de convencer en el ala socialista pero que se desbloqueó a finales del verano pasado. La actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) también está en marcha, con la convocatoria la próxima semana del grupo de expertos para que establezcan una cifra para 2026.

La reducción de jornada, dicen estas fuentes, también volverá cuanto antes al Consejo de Ministros. Si se aprobará antes o después de que acabe el año, es un interrogante.