Adiós a esta operadora de telecomunicaciones: entra en quiebra tras dos intentos de reestructuración
El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro decreta la quiebra definitiva del grupo Oi, símbolo de las telecomunicaciones en Brasil
Torre de telecomunicaciones. Imagen: twenty20photos
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El grupo Oi, durante años una de las mayores operadoras de telecomunicaciones de Brasil, ha sido declarado oficialmente en quiebra. El Tribunal Mercantil número 7 de Río de Janeiro dictó la sentencia que pone fin a más de una década de esfuerzos por mantener viva a la compañía. La decisión llega después de dos procesos de reestructuración de deuda fallidos, agravados por fusiones anteriores con Brasil Telecom y Portugal Telecom, que lejos de fortalecerla, terminaron por hundir su estructura financiera.
En cuanto se conoció la sentencia, las acciones de Oi se desplomaron un 35% en la Bolsa de São Paulo, reflejo de la pérdida total de confianza de los inversores. La empresa, que alguna vez fue sinónimo de conectividad y expansión tecnológica, ahora enfrenta la liquidación ordenada de sus activos y la disolución de un imperio que en su momento dominó el mercado de telefonía fija y móvil del país.
Una deuda imposible y un modelo agotado
Según el fallo judicial, Oi acumula deudas por unos 1.700 millones de reales (aproximadamente 277 millones de euros), pero sus ingresos brutos mensuales apenas alcanzan los 200 millones de reales, es decir, poco más de 32 millones de euros. Este desajuste entre ingresos y pasivos convierte a la compañía en una entidad “técnicamente arruinada”, sin capacidad de generar caja ni atractivo para nuevos inversores.
La jueza responsable del caso subrayó que “la empresa carece de viabilidad económica para cumplir con sus obligaciones financieras”, y ordenó que se proceda con la venta progresiva de los activos restantes. Entre estos figuran infraestructuras de red fija, centros de datos y contratos institucionales con entidades públicas.
A pesar de la sentencia, Oi mantendrá temporalmente algunos servicios esenciales, especialmente aquellos relacionados con la seguridad pública, como las líneas de emergencia policial y de bomberos, que seguirán funcionando bajo la supervisión del administrador judicial designado.
Dos reestructuraciones que no evitaron el colapso
La historia de la caída de Oi no es repentina. El primer gran aviso llegó en 2016, cuando la operadora se declaró en bancarrota técnica con una deuda que ascendía a 65.000 millones de reales (unos 10.600 millones de euros). Aquella fue la mayor quiebra corporativa de la historia de América Latina hasta ese momento.
El plan de recuperación judicial permitió a la compañía seguir operando mientras renegociaba con sus acreedores, pero la falta de liquidez y la pérdida de clientes redujeron su capacidad para generar ingresos. En 2023, Oi volvió a solicitar protección judicial con el objetivo de reestructurar otras deudas por valor de 44.000 millones de reales (más de 7.000 millones de euros), pero el segundo intento tampoco prosperó.
Con esta segunda intervención, la Justicia brasileña ya había advertido que la empresa estaba “al borde de la inviabilidad económica”. Sin embargo, Oi insistió en seguir operando bajo un modelo que ya no era sostenible, y los resultados confirmaron lo inevitable: la compañía no logró adaptarse a la competencia ni a los cambios del mercado.
La venta de activos: Telefónica, TIM y Claro toman el relevo
Uno de los capítulos más relevantes en la descomposición de Oi fue la venta de su división de telefonía móvil. En diciembre de 2020, un consorcio formado por Telefónica (a través de Vivo), TIM Brasil y Claro compró los activos de red móvil de la operadora por 5.373 millones de reales (unos 875 millones de euros).
La operación fue aprobada por las autoridades en febrero de 2022 y se completó dos meses después, marcando el fin de Oi como operador integral. Con la venta, Telefónica y sus socios no solo ampliaron su cuota de mercado, sino que consolidaron el dominio de tres grandes actores en el sector móvil brasileño, en detrimento de la competencia.
Aun así, la venta no fue suficiente para sanear las cuentas de Oi, que seguía arrastrando compromisos financieros insostenibles y una estructura administrativa sobredimensionada.
De gigante nacional a proveedor residual
Antes de su colapso, Oi fue la mayor operadora de telefonía fija de Brasil y la tercera en telefonía móvil, además de contar con una posición estratégica en el mercado de internet de banda ancha. Sin embargo, la pérdida de activos y clientes redujo su papel a un proveedor residual, limitado a servicios fijos en unas 7.000 localidades del país.
Actualmente, la empresa mantiene contratos con instituciones públicas —incluyendo el banco estatal Caixa Econômica Federal y el Centro Integrado de Defensa y Control de la Fuerza Aérea—, pero su relevancia comercial es mínima. La administración judicial designada por el tribunal tiene el mandato de mantener la continuidad operativa de los servicios básicos mientras se liquida el patrimonio restante, con el fin de garantizar que no se interrumpan los servicios de emergencia ni las comunicaciones críticas.
La quiebra de Oi simboliza el fin de una era para las telecomunicaciones de Brasil. Lo que comenzó como una empresa nacional destinada a conectar el país más extenso de Sudamérica terminó desmoronándose entre deudas, mala gestión y una competencia feroz. Su caída también deja lecciones sobre la necesidad de una gestión eficiente, la adaptación tecnológica y la prudencia financiera en un sector tan dinámico como el de las telecomunicaciones.
Mientras el mercado brasileño se reorganiza alrededor de grandes grupos internacionales como Telefónica, TIM y Claro, la historia de Oi quedará como un recordatorio de cómo los gigantes también pueden caer cuando la innovación, la transparencia y la sostenibilidad dejan de formar parte de su estrategia.
