La Airef incluye como riesgo significativo para las finanzas públicas los 1.000 millones que enfrentan a Botín y Montero
La Airef advierte entre los procesos judiciales que afronta el Estado y que pueden afectar a las finanzas públicas el contencioso que enfrenta a Santander y el Ministerio de Hacienda.
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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte entre los riesgos significativos para las finanzas públicas el contencioso por valor de 1.000 millones de euros que enfrenta a Santander y al Ministerio de Hacienda.
En su último informe de Opinión de Riesgos, la Airef recoge los procesos judiciales abiertos en los que participa el Estado, y que pueden suponer un riesgo financiero para la Administración Pública.
Entre esos procesos se encuentra el del Santander.
En 2023 el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) resolvió que en 2017 se habían cumplido los requisitos para la conversión en crédito exigible frente a la Administración de parte de los activos por impuesto diferido monetizables de Banco Popular, por importe de 995 millones de euros, a favor del banco presidido por Ana Botín.
El pasado año el Ministerio dirigido por María Jesús Montero impugnó la resolución del TEAC.
La Airef recuerda que la resolución favorable al Santander por parte del TEAC «ha sido declarada lesiva para los intereses públicos e impugnada ante la Audiencia Nacional por la Administración Tributaria».
La devolución al Santander de esa cantidad quintuplicó la aportación que tuvo que hacer el banco por el impuesto extraordinario a los beneficios de las entidades financieras, 224 millones de euros.
Han pasado ya 14 meses desde la interposición del contencioso por parte de Hacienda y, señalan fuentes cercanas al Ministerio, «no hay novedad» sobre el caso.
En la Memoria del último informe anual del Santander, el banco señala que la estimación del recurso, pendiente en la Audiencia Nacional, «implicaría que Grupo Santander debería reintegrar los fondos recibidos y volvería a acreditar dichos activos monetizables limitándose el impacto a los intereses de demora».
«No obstante», añade el mayor banco español, «se considera que existen sólidos argumentos de defensa en relación con este recurso«.
Santander, Hacienda, Popular y DTA
El caso de los 1.000 millones que enfrenta a Santander y al Ministerio de Hacienda proviene de una conversión de créditos fiscales que hizo Banco Popular en activos corrientes en 2017.
La Agencia Tributaria rechazó esa operación, al considerar que el banco no podía llevar a cabo dicha conversión al pasar a formar parte del Santander.
El primer banco español se hizo con el Popular el 7 de junio de 2017, tras activar Bruselas el rescate de la entidad presidida entonces por Emilio Saracho.
En 2023, el Tribunal Económico Administrativo Central resolvió que, en 2017, se habían cumplido los requisitos para la conversión en crédito exigible frente a la Administración de parte de los activos por impuesto diferido monetizables del grupo Popular. Y en febrero del pasado año Hacienda impugnó dicha resolución.
Ana Botín y Emilio Saracho.
Santander contribuyó en total con 3.275 millones al fisco en España, en 2023. De esa cantidad, 1.633 millones fueron pagados por el banco y 1.642 millones fueron aportados por terceros, según el informe financiero anual de ese año de la entidad, consultado por este diario.
Los activos fiscales diferidos, DTAs por las siglas en inglés de Deferred Tax Assets, son un derecho de cobro de una empresa frente a la Hacienda Pública, que se genera principalmente por dos vías: por resultados negativos que pueden ser compensados con beneficios futuros o a través de pagos adelantados de impuestos recuperables en el futuro.
En sus cuentas de 2024, Santander informa que los activos por impuestos diferidos ascienden a 7.338 millones de euros, de los que 5.246
millones «han surgido como consecuencia de diferencias temporarias monetizables con derecho a conversión en un crédito contra la Hacienda Pública«.
Demandas contra el Estado
La AIReF advierte en su informe de Opinión de riesgos que existen «numerosos procesos judiciales abiertos» que afectan a las finanzas públicas, así como «sentencias desfavorables pendientes de ejecución«.
«La experiencia de los últimos años demuestra que las demandas judiciales representan un riesgo significativo para las finanzas de las Administraciones Públicas», señala.
«En la última década, numerosas sentencias judiciales han sido desfavorables para los intereses del Estado, afectando principalmente a figuras tributarias», lamenta el organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La AIReF detecta en las sentencias analizadas «errores recurentes» que han sido «los principales responsables de la materialización de numerosos riesgos fiscales»
La AIReF enumera entre los impuestos afectados el de Hidrocarburos; el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF); el Impuesto sobre la Renta de los no Residentes (IRNR); el Impuesto de Sociedades (IS); el canon hidráulico; el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terreros de naturaleza urbana (IIVTNU); y las sanciones relacionadas con la declaración de bienes en el extranjero.
Además se han planteado litigios relacionados con asuntos no tributarios, como la financiación del bono social eléctrico y la indemnización por la clausura del almacén de gas Castor.
«El elevado coste de las compensaciones e indemnizaciones derivadas de sentencias desfavorables evidencia el impacto negativo de estos litigios en la estabilidad fiscal», incide el organismo en su informe.
Las sentencias analizadas por la AIReF «revelan errores recurrentes que han sido los principales responsables de la materialización de numerosos riesgos fiscales«, subraya.
Entre ellos destaca el uso inadecuado de instrumentos legales, especialmente del RDL, que ha derivado en varias sentencias de inconstitucionalidad, como el caso del Impuesto sobre Sociedades (RDL 2/2016 y RDL 3/2016) y la indemnización por el cierre del almacén de gas
Castor (RDL 13/2014).
El organismo presidido por Cristina Herrero señala además que la extralimitación normativa respecto a lo regulado en la ley ha dado origen a dos importantes sentencias, que son la del canon hidráulico o la sentencia favorable a Endesa por la retribución de la energía.
«El análisis realizado de las sentencias pone de manifiesto la importancia cuantitativa que han alcanzado estos litigios en algunos años y la magnitud de los riesgos pendientes de resolución«, destaca.
