La CNMC estalla contra el Gobierno por dejarla fuera de la ley de Correos
El organismo regulador denuncia falta de transparencia en la reforma y advierte de un posible aumento del coste público
La ley de Correos enfrenta al Gobierno y a la CNMC
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La ley de Correos ha sido la culpable de un nuevo episodio de crisis entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Gobierno de España. El viernes 1 de agosto, la comisión difundió un informe en el que expresa sus críticas a diversos aspectos de la nueva regulación sobre la actividad de la compañía pública, la cual fue aprobada recientemente sin que la CNMC fuera consultada con anterioridad.
El Gobierno aprobó la nueva normativa que regula la actividad del operador postal público, Correos. Esta reforma legal tiene como objetivo actualizar el marco jurídico del servicio postal en España, con el objetivo de adaptarlo a los cambios del mercado y las nuevas necesidades logísticas, especialmente en el contexto del comercio electrónico y la digitalización.
Ahora el Congreso ha aprobado una reforma de la Ley Postal que redefine el papel de Correos como operador público y extiende su compromiso con los ciudadanos hasta el año 2030. Cabe señalar que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) inyectó 400 millones en la compañía.
La modificación de la ley amplía el mandato de Correos como operador designado para prestar el Servicio Postal Universal (SPU), asegurando la continuidad del servicio en todo el país durante al menos cinco años más. Además, se le asignan nuevos Servicios de Interés Económico General (SIEG), entre ellos la gestión de trámites administrativos y la prestación de servicios financieros básicos, uno de los proyectos planteados por Pedro Saura, actual presidente de la entidad.
Otro cambio importante es la mejora en la metodología de cálculo de la financiación estatal para estos servicios, lo que permitirá una compensación más justa y sostenible por parte del Estado. La nueva ley también reconoce el papel estratégico de Correos ante situaciones de emergencia nacional, estableciendo la obligación de poner todos sus recursos al servicio del Estado en casos de crisis.
Estas reformas forman parte de los compromisos incluidos en el Acuerdo Marco firmado en julio de 2024 entre SEPI, Correos y los sindicatos CCOO y UGT, alineados con el Plan Estratégico 2024-2028. La reforma se suma a otras iniciativas recientes, como la comercialización de seguros, acuerdos laborales y mejoras en la eficiencia operativa.
La CNMC cuestiona la reforma de Correos
La Ley Postal, aprobada el pasado 18 de junio en el Congreso, sigue generando controversia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), presidida por Cani Fernández, ha señalado carencias en la justificación de varios cambios clave que afectan directamente a la operativa y financiación de Correos.
La reforma fue aprobada con el apoyo del PSOE, PP, PNV y Coalición Canaria. Sumar votó en contra, argumentando que este tipo de rescates deberían financiarse con impuestos a la banca y no con fondos públicos generales.
Como hemos mencionado anteriormente, la reforma, incluida como enmienda en la actualización del régimen fiscal canario, se extiende hasta 2030 la designación de Correos como operador del Servicio Postal Universal (SPU). También amplía sus funciones para incluir servicios financieros básicos, acceso a trámites administrativos, atención en zonas rurales y labores en situaciones de emergencia.
Sin embargo, la CNMC ha alertado de que el texto no justifica de forma adecuada ni la incorporación de estos nuevos servicios ni la elección directa de Correos como único prestador. También ha criticado que se le haya retirado parte de su función supervisora, especialmente en la determinación de las compensaciones, que ahora dependerán de organismos sin la independencia técnica y jurídica que tiene la propia CNMC.
«Se ha establecido que sean otras, que no cuentan con el estatus de independencia de la CNMC, las que propongan y determinen la compensación a percibir por el operador designado, salvo en la parte del ámbito urbano del actual SPU, que seguirá correspondiendo a la CNMC», han señalado en el comunicado.
El supervisor ha advertido, además, de que los cambios en la metodología para calcular el coste del SPU y la creación de nuevos servicios supondrán un incremento sustancial de la compensación que recibirá Correos, lo que podría traducirse en un gasto público considerable.
