Las grandes empresas quedan excluidas del nuevo sistema de facturación de Hacienda en 2025
Hacienda apuesta por una facturación más transparente, por lo que impone ciertas obligaciones a las pymes y autónomos
Foto: Carlos Luján / Europa Press.
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Las compañías con ingresos mayores a los seis millones de euros (grandes empresas) estarán exentas de adaptar sus sistemas informáticos de facturación a las nuevas obligaciones para pequeñas y medianas empresas, y para los trabajadores por cuenta propia (autónomos).
Sobre esta medida, se pedirá a las empresas con menor facturación que compartan inmediatamente su facturación con Hacienda con el fin de un control más eficiente del Impuesto al Valor Añadido (IVA).
Este nuevo sistema será obligatorio desde el próximo 1 de enero de 2026 para las pymes, así como los autónomos deberán adherirse a partir del 1 de julio de 2026.
Con el objetivo de cumplir esta supervisión, la Agencia Tributaria solicita a los fabricantes de los software de facturación que reúnan ciertos requisitos que faciliten un mejor registro, integridad de datos y trazabilidad.
Esta petición tiene como propósito que la información no pueda ser alterada o modificada, evitando así una doble contabilidad. Estos fabricantes deben adecuar sus plataformas antes del 29 de julio de 2025.
Lo que aclara Hacienda sobre las grandes compañías
El mes pasado, la Dirección General de Tributos, el órgano directivo del Ministerio de Hacienda, indicó que las grandes compañías acogidas al Suministro Inmediato de Información (SII) no tienen el deber de acogerse a los nuevos software solicitados.
En su caso, deberán seguir llevando los libros de registro de las facturas emitidas y recibidas directamente a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.
Por otro lado, pese a que las firmas acogidas al SII no requieren los nuevos sistemas, las firmas de software deberán ofrecer igualmente estos productos adaptados como máximo el próximo 29 de julio.
La ley contra el fraude fiscal
Esta obligación se encuentra en el marco de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, publicada en 2021 y cuyo reglamento fue aprobado en diciembre de 2023. El objetivo de esta normativa es hacer frente a las prácticas de elusión fiscal que socavan el funcionamiento del mercado interior.
Esta ley indica que desde determinada fecha el software de las empresas y autónomos ya no podrá ser Excel, Word o un programa de facturación inadecuado, sino uno que garantice la «integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros».
Así, se busca implementar un programa que evite la doble contabilidad y almacene toda la información de lo que sucede, así como sea compatible con el sistema VeriFactu.
Este, que para muchos será voluntario pero que igual debe formar parte del programa utilizado, da la posibilidad de enviar automáticamente (en tiempo real) los registros de las facturas a Hacienda.
La facturación electrónica y la Ley Crea y Crece
Además de la ley mencionada, se están introduciendo otras normativas que, aunque relacionadas, no son exactamente iguales. En este caso, hablamos de la Ley Crea y Crece.
Esta regula las obligaciones vinculadas a la facturación electrónica. En concreto, establece que las operaciones entre profesionales, autónomos y empresas deberán realizarse utilizando firma electrónica, algo que actualmente solo es obligatorio en contrataciones con la administración pública.
De todas formas, la facturación electrónica no es reciente en el país, ya que la ley 25/2013 ya obligaba a las empresas que prestan sus servicios a la Administración Pública tuvieran estos sistemas. No obstante, en España, apenas el 7% de las pymes tiene programas de e-factura, según un estudio de la consultora Sage.
