De Iberdrola a Petronieves: las nueve empresas golpeadas por el impuesto a las energéticas

Con casi dos meses de retraso, por fin se conocen los detalles concretos del impuesto a las empresas energéticas. Finalmente, no se trata de una figura impositiva que grava los “beneficios caídos del cielo”, un concepto extraño de articular, sino que habrá una retención del 1,2% sobre la cifra de ventas que realicen en España. Repsol, Iberdrola, Endesa y Naturgy, que figuran en la lista de afectadas, serán las empresas que más tengan que aportar. 

El nuevo impuesto a las empresas energéticas contempla un escenario muy concreto sobre quiénes serán las compañías que deban hacer frente a este cargo del 1,2% sobre el volumen de negocio que se genera en España. Se tuvieron que ingresar más de 1.000 millones en 2019; y además hay que ser una comercializadora de referencia según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Ateniendo a estas circunstancias, Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Cepsa, BP España, Disa, TotalEnergies y Petronieves son las compañías que cumplen con estos parámetros. Aunque algunas, como la petrolera controlada por los hermanos Nieves, se mueve al límite de dichos ingresos. 

Algo que también afecta a EDP, que pese a ser unas de las compañías de referencia por la CNMC, su facturación ronda los 1.000 millones, pero no los llega a superar. Además, desde el Gobierno no se han querido pronunciar sobre lo que pasará si algunas de estas compañías bajan su volumen de ingresos. Lo mismo que sucede con Acciona Energía, de la que todavía no se tiene referencias concretas segregadas de su matriz. 

Las empresas que se quedan completamente fuera de esta tipología de impuestos son los dos grandes gestores: Enagás y Red Eléctrica. Ambas compañías no entran en las empresas de referencia de la CNMC en las gestiones de comercialización, en alguno de los segmentos de negocio de gas, electricidad, hidrocarburos, etc. 

Las tripas del impuesto 

El Gobierno ha propuesto gravar temporalmente con un tipo del 4,8% el margen de intereses y las comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y con un tipo del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año, así como una sanción para aquellas compañías que trasladen el impuesto a los usuarios. 

Así se recoge en la proposición de ley que las dos formaciones del Gobierno de coalición -PSOE y Unidas Podemos- han presentado en el Congreso de los Diputados este jueves, dando inicio a la tramitación parlamentaria de los nuevos impuestos, temporales y extraordinarios, para las grandes entidades financieras y las grandes empresas energéticas, tanto eléctricas como gasistas y petroleras. 

El nuevo gravamen al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023. Sobre la posibilidad de que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. 

Por otro lado, el Gobierno no contabilizará los resultados ni la facturación de las filiales de las empresas en el exterior, al tiempo que ha establecido que el gasto en este impuesto no es deducible a efectos del impuesto de Sociedades. Además, en el caso de las energéticas, cuando el negocio energético no alcance el 50% de la facturación, el Ejecutivo prevé que se excluya al grupo económico del pago de la prestación patrimonial. 

También es destacable que los tributos se exigen exclusivamente a los grandes operadores, a partir de un umbral que se considera significativo, tomándose como referencia las cifras de 2019, año anterior a la pandemia. Se evitan así las distorsiones que podrían producirse si se consideraran los años 2020 o 2021, muy marcados por el impacto económico de la covid.