Hacienda, condenada a devolver 430 millones a Moeve, BP y Galp por el impuesto de hidrocarburos
Repsol mantiene dos recursos ante el Tribunal Supremo tras la desestimación de la Audiencia Nacional
El exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Ricardo Montoro. Foto: Ricardo Rubio / Europa Press.
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Oleada de sentencias favorables a las petroleras por el tramo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. La Justicia está dando la razón a las petroleras que operan en España como Moeve (antigua Cepsa), BP y Galp por el gravamen declarado ilegal y ya suman más de 430 millones de euros que Hacienda tendrá que devolver, según las sentencias a las que ha accedido ECONOMÍA DIGITAL.
En mayo 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, meses después, el Tribunal Supremo, declararon ilegal este tipo autonómico del impuesto a los carburantes diseñado por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Se trata de un tributo que se aplicó en el período 2013-2018 como compensación para los gobiernos autonómicos por la eliminación del impuesto de ventas minoristas sobre los hidrocarburos, conocido como el “céntimo sanitario”, también declarado ilegal por el TJUE en 2014.
Aunque la Audiencia Nacional desestimó el año pasado varios recursos de empresas del sector de hidrocarburos y transportes, en las últimas semanas el Tribunal Supremo ha sentenciado a favor de diferentes petroleras que han reclamado la devolución de las cuantías de algunos ejercicios.
El organismo considera que no es la empresa la que tiene que probar el haber trasladado el impuesto a sus clientes a través de sus precios, sino que es Hacienda la que debe probar ese hecho negativo.
Además, el Supremo ha aclarado en una sentencia del 30 de enero que sólo las petroleras pueden reclamar la devolución de ingresos, dejando fuera de posibles compensaciones a los consumidores finales. En este caso, el tribunal estima el recurso de la empresa Carburants Axoil, a quien el Estado deberá compensarle 4,65 millones de euros.
Moeve, antigua Cepsa, es una de las grandes compañías que también ha ganado su recurso contencioso-administrativo contra el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente de Hacienda.
En una reciente sentencia del 30 de enero de 2026, el Supremo estima el recurso de la compañía y anula la sentencia previa de la Audiencia Nacional, la resolución del TEAC y la resolución administrativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En este caso, la energética propiedad de los fondos Mubadala y Carlyle ha ganado una reclamación de 49 millones de euros más intereses por el período de enero a marzo de 2013.
BP y Galp ganan recursos por 357 millones
La británica BP también ha ganado dos recursos contra el Estado por el impuesto sobre los carburantes. En la sentencia más reciente, fechada el 26 de enero, el Supremo obliga al fisco a devolver a la compañía un total de 79,57 millones por el período de abril a junio del 2013 y de julio a diciembre del mismo año.
Se suma así a la dictada por la Audiencia Nacional el pasado 2 de diciembre que estima el recurso de BP para obtener un monto de 122,7 millones por el tributo pagado en 2017.
Entre las grandes compañías del sector, la portuguesa Galp es otra de las beneficiadas por la jurisprudencia europea, que también traslada el propio Tribunal Supremo en una sentencia dictada el 21 de enero.
El organismo ha estimado el recurso de la petrolera lusa imponiendo a Hacienda la devolución de 155 millones de euros por el tramo autonómico aplicado entre mayo de 2013 y diciembre de 2014.
Esta sentencia ha hecho saltar las alarmas a la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), una de las principales patronales de transportistas del país, por lo que califican como «pasividad» del Ministerio de Hacienda en acreditar que las petroleras trasladaron el impuesto a los consumidores particulares.
Según denuncia, posibilitará que «les regalen de forma injusta los más de 5.000 millones recaudados por este impuesto», y que por el contrario los transportistas y demás consumidores no recuperen nada, lo que supondría, a su juicio, una vez más un claro “pelotazo” y enriquecimiento injusto para las petroleras españolas.
Repsol, dos recursos en el Supremo
A estas sentencias judiciales se suma también la favorable a la empresa vasca Esergui (Estaciones de servicio de Guipúzcoa), a quien el Estado tendrá que compensar con 26,1 millones por el tramo autonómico del gravamen para los periodos comprendidos de enero de 2013 a diciembre de 2014 y enero de 2015 a diciembre de 2016.
Cabe destacar también el caso de Petromiralles, cuyo dueño, José María Torrens, ha sido condenado a siete años de prisión y una 213 millones de euros por blanqueo de capitales en el fraude del IVA de los hidrocarburos.
Paralelamente, el pasado 27 de enero, el Tribunal Supremo estimó un recurso de la empresa, reconociendo el derecho de Petromiralles a recuperar 444.565,24 euros por el tramo autonómico en el gravamen al sector petrolero.
En cuanto a Repsol, la compañía que lidera Josu Jon Imaz también se encuentra litigando por este gravamen contra Hacienda. En su caso, la mayor petrolera española recibió dos sentencias desestimatorias de la Audiencia Nacional, que ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
Si bien todavía no se conocen las resoluciones judiciales, la jurisprudencia que está sentando el Alto Tribunal juega en favor de los intereses de la energética.
