La justicia retiene 30M de los inquilinos de Aena a la espera de una resolución final

El enfrentamiento entre Aena y sus inquilinos sigue en los juzgados, donde los jueces reclaman dinero en forma de garantía a cambio de aceptar las peticiones cautelares. El conflicto se inició a principio de año y hasta esta última semana ha seguido evolucionando, con nuevas resoluciones de los tribunales que, de manera cautelar y no definitiva, han optado por frenar las reclamaciones del gestor aeroportuario a comercios y restaurantes. Sus inquilinos no solo no quieren pagar lo exigido porque lo consideran injusto, sino que alegan que hacer frente a dichos pagos les llevaría a la ruina.

Así, de acuerdo a más de 10 autos distintos consultados por este medio, los jueces han solicitado a los inquilinos dinero en garantía (caución) para frenar, de momento, los deseos de Aena. La mayoría de peticiones oscila entre los 8.000 y los 12.000 euros porque se trata de pequeñas empresas, si bien la caución pedida a la británica SSP es de 1,1 milones de euros y la reclamada a los Dutty Free es de más de 27 millones de euros.

Por lo que respecta al dinero reclamado por el gestor aeroportuario (y que de momento no podrá ingresar) supera con creces los 100 millones de euros. En este caso se trata de la suma de las cantidades correspondientes a la liquidación de la famosa Renta Mínima Anual Garantizada (RMGA) y de las fianzas que Aena ha solicitado ejecutar (quedarse) al no recibir el dinero esperado este 2021.

La última resolución conocida fue la que enfrentó a Aena con Eat Out (Pansfood SAU), del gigante portugués Ibersol. El auto emitido el pasado 25 de marzo por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de El Prat de Llobregat exponía que la compañía presidida por Maurici Lucena reclamaba el pago de aproximadamente 25 millones euros (19 por la RGMA y otros 6 por el aval depositado).

Pérdidas e imposibilidad de pago

En varias de las resoluciones consultadas se repite el mismo argumento por parte de los inquilinos: el pago de la renta anual comprometería la viabilidad de la empresa inquilina de Aena en el futuro.

Siguiendo con el caso de Pansfood, el perito de la empresa que asistió ante los juzgados declaró que «la situación de la empresa le conduce a una situación de insolvencia, y que ante una hipotética ejecución de los avales la sociedad no podría atender sus obligaciones».

El perito de Pansfood SAU añade que esta situación llevaría a la empresa de restauración a «la imposibilidad de atender los préstamos ICO y que pondría a la sociedad en una delicada situación financiera que le imposibilitaría para acudir a financiación externa y obtener financiación, estando abocada al concurso de acreedores».

Caso similar es el que expuso en el jucio SSP, grupo de restauración con 74 establecimientos en España a través de marcas como Pizza Hut, Lizarran, Gambrinus, Burger King y Starbucks, entre otros. La compañía, que tiene presencia en 11 aeropuertos de España, explicó ante el juzgado de primera instancia número 42 de Madrid el pasado 25 de febrero que el pago de la RGMA a Aena le iba a dejar en «situación de insolvencia».

En concreto, los comercios de SSP inquilinos de Aena se quedarían con un resultado de explotación negativo de -40,7 millones de euros y con una tesorería de -27 millones, lo que «impediría la continuación de su actividad económica»,.

Enredo y miles de empleos en juego

Pese a que el conflicto por los alquileres se inició meses atrás, inquilinos rebeldes y empresas siguen enrocados en sus posiciones. El enfrentamiento y la distancia separa a ambas partes y provocado que el caso haya tenido tanta repercusión que gobiernos regionales y partidos políticos han pedido la mediación del Estado como árbitro.

Así, los Ejecutivos de Baleares, Cataluña y Canarias, principalmente  — la polémica también llegó al Congreso de los Diputados — , enviaron hace semanas distintas cartas al gestor aeroportuario. Los principales representantes de los gobiernos regionales pidieron a Aena que reconsiderara su postura y pensara en el impacto que su cerrazón podría tener en el empleo.

La compañía semipública, por su parte, sigue en sus trece e insiste: su propuesta es generosa y supone compartir la merma de ingresos generada por la crisis sanitaria con los comercios y los restaurantes.