Los ‘señores del ladrillo’ arrastran deudas con Hacienda de 1.000 millones 20 años después del ‘boom’
Muchas de las inmobiliarias que hace 20 años vivieron el boom y caída del sector aparecen en la actualidad en la lista de los mayores morosos de Hacienda.
Rafael Santamaría, Fernando Martín, Francisco Hernando, Rafael Gómez, Trinitario Casanova, Jesús Ruiz, Román Sanahuja. Algunos de los ‘señores del ladrillo’ que aparecen en la lista de mayores morosos de Hacienda.
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La onda expansiva de la tremenda explosión de la burbuja inmobiliaria española llega hasta nuestros días, con muchos de los ‘señores del ladrillo’ de la época y sus empresas en la lista de morosos que esta semana ha publicado Hacienda, con deudas en torno a los 1.000 millones de euros.
Aifos, Martina Fadesa, Prasa, Nozar, Reyal Urbis, Noriega, Chamartín, Noriega, Prasa… Muchas de las inmobiliarias que hace 20 años protagonizaban operaciones milmillonarias, nunca vistas antes, y muchos de sus propietarios siguen apareciendo hoy en día en el fatídico listado.
Reyal Urbis, de Rafael Santamaría, la inmobiliaria que de la noche a la mañana levantó una pequeña ciudad, Valdeluz, en Guadalajara, lidera la lista de Hacienda con 265 millones de deuda.
Obras Nuevas de Edificación 2000, la compañía de Francisco Hernando, ‘El Pocero’, fallecido en 2020, que también creó de la nada miles de viviendas en Seseña (Toledo), figura con una deuda de 88 millones.
El grupo cordobés Prasa, de la familia Romero González, uno de los mayores grupos empresariales en su momento de la región, es hoy uno de los diez mayores morosos de la hacienda española, con 97 millones de euros.
Otro grupo empresarial cordobés, el formado por sociedades de Grupo 2000, de Rafael Gómez Sánchez, Sandokán, permanece en el listado de Hacienda desde hace años, con cerca de 85 millones de deuda. El empresario, que fue condenado a cinco años de prisión por delitos fiscales, aparece también con dos millones de deuda..
La promotora Aifos, relacionada en su momento con la trama marbellí, la Operación Malaya, aparece con una deuda de 89 millones.
A su antiguo propietario, el empresario Jesús Ruiz Casado, Hacienda le reclama además 15,5 millones de euros, y a su esposa, Teresa Maldonado, otros 15,6 millones. La sociedad Hogares Nuevos Zaragoza, filial de Aifos, debe otros 9 millones.
Varias sociedades del grupo Polaris, que lideró el sector turístico y residencial del golf en el Mar Menor, suman una deuda en la actualidad con Hacienda cercana a los 130 millones de euros, el mayor acreedor de Murcia.
Antigua sede de Reyal Urbis, en Madrid, en una imagen de archivo.
El grupo Bruesa, que en 2011 protagonizó uno de los mayores concursos de acreedores ocurridos en País Vasco, mantiene una deuda con Hacienda de 21 millones de euros. La inmobiliaria Detinsa, declarada en concurso en el año 2010 con 550 millones de pasivo, permanece en el listado con 21,6 millones.
La inmobiliaria catalana Fergo Aisa, que en 2007 valoró unos terrenos en Zaragoza en 620 millones de euros que luego fueron tasados en menos de 32 millones, debe 13 millones de euros.
Otro grupo inmobiliario catalán, la familia Sanahuja, que protagonizó entre 2005 y 2006 una guerra sin cuartel multimillonaria contra Joaquín Rivero por el control de Metrovacesa, debe 15 millones de euros.
En 2028 se cumplirán 20 años de la entrada en concurso de Martinsa Fadesa, la mayor quiebra empresarial ocurrida en España
Inmobiliaria Chamartín, de la familia Cutillas, con activos residenciales y comerciales en Madrid, Portugal y Alemania, que se declaró en concurso en 2016, aparece en el último listado de Hacienda con 23 millones de euros.
También en Madrid desplegó parte de su imperio inmobiliario la familia Nozaleda, a través de su grupo Nozar. Una filial del conglomerado, Desarrollos Urbanísticos Ribarroja, debe 17 millones.
Promociones Inmobiliarias del Pisuerga, Proinsa, perteneciente al grupo Martínez Núñez, figura en el listado con 26,5 millones. Grupo Lábaro, en el que invirtió Proinsa, también aparece, con 23,4 millones.
Eugenio Sánchez-Ramade Villegas, fallecido en 2005, creó la inmobiliaria Noriega en 1962; a finales de 2010 la compañía, que había entregado cerca de 15.000 viviendas, se declaró en concurso, con una deuda cercana a los 1.000 millones de euros. En la actualidad Noriega SL y otra firma vinculada aparecen en la lista de Hacienda con una deuda total cercana a los 40 millones.
Compañía Meridional de Inversiones, financiera de los Sánchez-Ramade, continúa también en el listado con 23 millones de deuda.
Martinsa Fadesa, de Fernando Martín, se mantiene en el mismo listado con una deuda de cinco millones.
El empresario Trinitario Casanova, que escapó del estallido de la burbuja financiera pero que recientemente ha sido condenado a no poder administrar empresas durante ocho años, debe 2,6 millones a través de su empresa Baraka.
Del ‘boom’ al ‘crack’
En solo dos años, entre 2006 y 2008, España pasó del ‘boom’ al ‘crack’ a velocidad de vértigo, sufriendo el estallido de la burbuja inmobiliaria nacional y la crisis financiera internacional desatada tras la quiebra de Lehman Brothers.
De unos años de fuerte crecimiento económico se pasó a una época de crisis que arrasó con las cajas de ahorro y las inmobiliarias de entonces, vaciando las calles, con los comercios echando el cierre, con los juzgados atascados por procesos concursales, constantes deshaucios, con el país al borde de una intervención como ocurrió con Grecia. Y generándose el caldo de cultivo político perfecto para la llegada de partidos ultra, tanto de un bando como de otro.
Cola de clientes en la antigua Caja Castilla la Mancha, intervenida en 2009.
La combinación de una laxa legislación urbanística, de una financiación bancaria -las cajas- sin control, y de increíbles recalificaciones políticas permitió la creación de una inmensa burbuja inmobiliaria que acabó por estallar entre 2007 y 2008 (Martinsa Fadesa se declaró en concurso en julio de 2008, la mayor quiebra empresarial de la historia en España, más de 7.000 millones).
El triángulo formado por el ‘señor del ladrillo’ de turno, el director de la oficina bancaria de la región, y el alcalde de la ciudad estuvo detrás de la mayoría de los grandes proyectos inmobiliarios de la primera década de siglo.
Avezados empresarios inmobiliarios, que poco tienen que ver con los ejecutivos de fondos inmobiliarios de hoy en día con máster en Estados Unidos, muchos de ellos de orígenes humildes, curtidos en la posguerra, llevaron a cabo operaciones de miles de millones de euros nunca vistas antes, con proyectos galácticos.
Prácticamente cada provincia española tenía su ‘señor del ladrillo’. Los Nozaleda, los Cutillas o Santamaría en Madrid; los Sanahuja en Cataluña; los Sánchez Ramade, y Romero González en Córdoba; Aifos en la Costa del Sol; Martínez Núñez en Castilla y León; Domingo Díaz de Mera, socio de Luis Portillo (Colonial) y Joaquín Rivero (Metrovacesa), en Castilla La Mancha; Enrique Bañuelos (Astroc), en Valencia…
Muchos de ellos, muchas de sus empresas, siguen apareciendo, año tras año, en la lista de mayores morosos de Hacienda.
