Las eléctricas independientes exigen a Ribera tumbar el tope a las renovables y nuclear

La asociación ACIE se muestra muy dura con los nuevos topes que, aseguran, solo beneficia a un pequeño grupo de empresas

La ministra Teresa Ribera

El sector energético no encuentra descanso. Tras un intenso año de medidas en el marco español para controlar los precios eléctricos, ahora también Bruselas quiere tomar la voz. Así, las últimas medidas europeas chocan frontalmente con los intereses de las comercializadoras independientes que ven un grave problema en los topes que se quieren impulsar a las energías inframarginales (renovables y nuclear, sobre todo). 

Entre ese grupo de empresas se encuentran algunas grandes compañías, como Repsol o TotalEnergies, que han mostrado su disconformidad. Así lo han manifestado de manera conjunta a través de ACIE, la organización española de comercializadores independientes de energía, que además cuenta con empresas como Engie España, Feníe Energía, Plenitude o Acciona Energía

El punto de fricción, que no es nuevo puesto que en España ya se hace desde el pasado otoño, tiene que ver con el límite retributivo a las renovables de 180€/MWh. De esta forma, los comercializadores independientes vuelven a requerir al Ministerio que no se prorroguen medidas como las aprobadas en el RDL 17/2021 y RDL 10/2022 en tanto fomentan acuerdos intragrupo de generación y comercialización de los operadores dominantes a precios muy por debajo del mercado spot y del mercado de futuros. 

«La solución pasa por no permitir los contratos de largo plazo intragrupo u obligar a los grupos dominantes del sector a subastar parte de su energía generada de forma accesible a todos los comercializadores», indican desde ACIE. 

Un problema sin solución 

Y es que el año pasado se estableció que toda planta de generación de más de 10 MW de potencia, que no utilizara gas para la producción de electricidad, debía devolver los beneficios extraordinarios obtenidos por el incremento del precio del mercado; consecuencia a su vez, del incremento del precio del gas (‘windfall profits’). La recaudación de estos importes extraordinarios tenía por finalidad reducir los cargos del sistema eléctrico de tal modo que la factura de suministro eléctrico se redujera para todos los consumidores.  

Sin embargo, parte de la energía de estas plantas ya estaba vendida a unos precios inferiores a los del mercado por lo que esas plantas no estaban obteniendo ningún beneficio extraordinario. Para enmendar esto, el Gobierno reguló posteriormente algunas condiciones adicionales, necesarias para que estas plantas pudieran quedar exentas de este pago: debían suscrito un contrato de compraventa -PPA- a más de 12 meses, ya estuviera firmado con anterioridad o con posterioridad a esta normativa; y el precio de venta de esta energía eléctrica debía ser inferior a 67€/MWh. 

Con ello, el legislador buscaba asegurarse de que o bien las empresas de grupos verticalmente integrados pagarán los beneficios extraordinarios, o bien que el precio de la electricidad suministrada a sus clientes fuera mucho menor que el de mercado. 

Sin embargo, esta regulación ha propiciado que los grandes grupos dominantes en lugar de integrar sus beneficios de la generación en las arcas de Hacienda, hayan destinado los mismos en favor de la competitividad de sus áreas de comercialización. 

Varias divisiones 

Esta situación también afecta a los clientes finales. Esta semana ECONOMÍA DIGITAL publicaba que el mecanismo que se está debatiendo solo tiene un defecto o hueco que encontrará el mercado como ha pasado en nuestro país y que hace que no funcione correctamente. 

En concreto, existe la posibilidad de firmar contratos bilaterales donde solo se vende energía barata, no un mix. Cuantos más contratos bilaterales se firmen, menos energía barata quedará para proteger al resto de consumidores, explican dichas fuentes.  

De esta manera, se ponen en tela de juicio los verdaderos propósitos que busca Europa. Y es que se está hablando de solidaridad de precios entre países, pero también es necesaria una solidaridad de precios entre clientes. Sobre todo, para que todos tengan acceso a pagar lo mismo y no se haga una distinción con respecto a la diferente capacidad negociadora de ciudadanos, empresas o industrias.