Un sindicato lleva a la Audiencia Nacional la jubilación forzosa de casi 200 trabajadores de Renfe: «Es un despido colectivo encubierto»
Este nuevo conflicto se suma a los frentes abiertos que tiene Renfe en un momento clave para la reorganización y modernización
Renfe anuncia la jubilación forzosa de casi 200 empleados
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Renfe, la principal empresa de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías de España, ha anunciado la salida de casi 200 trabajadores después de alcanzar un acuerdo con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf).
En esta ocasión, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha tomado la decisión de declinar el acuerdo al considerar que las 186 salidas planteadas por Renfe son mediante una jubilación forzosa. De hecho, el sindicato más representativo en las administraciones públicas ha dado un paso más, llevando esta actuación ante la Audiencia Nacional.
Qué es una jubilación forzosa
Una jubilación forzosa es una medida laboral mediante la cual un trabajador debe cesar en su actividad profesional al alcanzar una determinada edad, establecida por ley o por convenio colectivo. A diferencia de la jubilación voluntaria, en la que el empleado decide retirarse, la forzosa implica una obligación impuesta por motivos normativos o empresariales, como es el caso de Renfe.
Tradicionalmente, esta medida se ha utilizado como una herramienta para favorecer la renovación generacional en el empleo, promoviendo la incorporación de trabajadores jóvenes y la redistribución de oportunidades laborales.
No obstante, también ha sido objeto de debate, ya que puede percibirse como un despido forzoso o una forma de discriminación por edad, ya que se impide que las personas continúen trabajando si así lo desean y están en condiciones de hacerlo.
En muchos países, la legislación ha limitado o regulado la jubilación forzosa, estableciendo excepciones o condicionándola a la firma de convenios colectivos que contemplen objetivos de empleo. En España, la normativa actual permite incluir cláusulas de jubilación forzosa en los convenios, siempre que se vinculen a políticas de relevo generacional y contratación juvenil.
CSIF considera el acuerdo «fuera de la ley»
Como hemos mencionado anteriormente, CSIF ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la decisión de Renfe de acabar con 186 contratos por jubilación forzosa, una medida derivada de un acuerdo firmado el pasado mes de junio entre la compañía y algunos sindicatos.
Desde CSIF han denunciado que la medida supone «un despido colectivo encubierto» en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Según el sindicato, las extinciones carecen de causa legal o convencional y se han adoptado «fuera de la ley», con el objetivo de prescindir de los empleados de mayor edad.
El sindicato ha recordado en su comunicado que el acuerdo fue suscrito por SEMAF, CC.OO., UGT, SFF-CGT y SF-INTERSINDICAL, pero ha criticado que no cumple con los requisitos legales, pues no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tampoco cuenta con autorización del Ministerio de Hacienda y omite la obligación de contratar mujeres de forma simultánea.
El abogado de CSIF, Pedro Poves, ha afirmado que «Renfe no deja jubilarse voluntariamente y, sin embargo, la empresa está utilizando un artificio que incumple la ley».
«Consideramos que la medida de jubilación forzosa es discriminatoria por razón de edad y vulnera el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española», han concluido desde CSIF.
Renfe afronta la polémica
Hace unas semanas, Voz Pópuli informó sobre la salida forzosa de unos 200 trabajadores. La propia compañía ferroviaria, dirigida desde comienzos de 2025 por Álvaro Fernández Heredia, lo confirmó al medio anteriormente mencionado.
Esta medida se enmarcan dentro de un plan de desvinculaciones ordinarias que entró en vigor el 1 de enero de este año. Este plan afecta a trabajadores con al menos 15 años de antigüedad en Renfe y busca facilitar la renovación generacional e impulsar la igualdad de género mediante la contratación de nuevo personal.
Sin embargo, algunos empleados han denunciado que se trata en realidad de jubilaciones forzosas y aseguran que no se les ha dado opción a decidir su continuidad. Varios de ellos ya están preparando demandas individuales contra la empresa pública, al considerar que las condiciones de salida son impuestas e injustas.
