Tensión entre la CNMC y el Gobierno por el pago a las redes: las eléctricas ven insuficiente la nueva propuesta
La falta de coordinación entre la CNMC y el ministerio de Aagesen genera inquietud en las compañías
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), Cani Fernández
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La nueva propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el pago a las eléctricas por invertir en redes no ha caído bien en el sector. Las grandes distribuidoras eléctricas ven insuficientes las modificaciones propuestas por el regulador, que se quedan cortas también para lo que busca el Gobierno.
El organismo que lidera Cani Fernández ha vuelto a sacar a audiencia pública una nueva propuesta para retribuir la inversión en redes que hacen las distribuidoras (Iberdrola y Endesa, Naturgy y EDP) después de meses de presión del sector para que elevase la tasa.
La propuesta ha sido recibida con preocupación por parte del sector eléctrico, según fuentes del mercado que advierten de que el sistema diseñado «mantiene los principales problemas estructurales» y puede frenar la expansión de la red en un momento decisivo para la electrificación y la reindustrialización del país.
La CNMC decidió someter de nuevo su circular a consulta después de que las empresas y asociaciones del sector reclamaran una revisión del modelo anterior, que no tenía en cuenta el Real Decreto aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica sobre incremento de inversiones.
En esta línea, la cartera que lidera Sara Aagesen, pretende llevar a cabo una planificación eléctrica hasta 2031 que plantea un aumento ambicioso de las inversiones pone el foco en dar acceso a la demanda.
Cabe destacar que actualmente el 85% de las redes de distribución de todo el territorio español están saturadas y no permiten conexión a miles de proyectos que están esperando, desde hidrógeno hasta centros de datos.
La nueva versión introduce algunas mejoras, como el reconocimiento de inversiones a coste auditado en proyectos de digitalización, estabilidad de red, protección de avifauna o inversiones anticipadas que no impliquen nueva potencia.
Sin embargo, las eléctricas consideran que los cambios «son mínimos y que no resuelven los desequilibrios de fondo», según apuntan las mismas fuentes.
El tope a la retribución de la CNMC equivale al 60% del coste medio de la red
Para el sector eléctrico, el punto más controvertido de la metodología es el tope de retribución de las inversiones, fijado por la CNMC en 233 euros por kilovatio, lo que equivale aproximadamente al 60% del coste medio actual de la red.
De este modo, el sector considera que el límite impedirá ejecutar una parte significativa de las inversiones previstas, especialmente en zonas industriales, nuevos desarrollos residenciales (viviendas) o puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Además, la propuesta también introduce criterios diferentes a los recogidos en el Real Decreto impulsado por Transición Ecológica. Mientras que su propuesta considera viable una inversión cuando al menos el 75% de la capacidad prevista cuenta con solicitudes de acceso, la CNMC solo retribuye las actuaciones cuyo coste por consumidor no supere los 232 euros por kilovatio.
Una discrepancia que genera un doble marco regulatorio contradictorio, «que dificulta la planificación y añade incertidumbre al proceso inversor«, según apuntan desde el sector.
«Este modelo incrementa el riesgo regulatorio, reduce la rentabilidad y limita la capacidad de inversión justo cuando España necesita ampliar la red para integrar energías renovables, atender la demanda industrial y desplegar infraestructura de recarga», apuntan.
Es por ello que ponen el foco en la electrificación y reindustrialización que necesita España y que con el modelo propuesto por la CNMC no se incentiva, sino que penaliza la inversión.
Falta de coordinación
A esta circunstancia se suma el recorte de los gastos de operación que plantea la el regulador, lo que para las grandes distribuidoras supone penalizar el mantenimiento de la red o los refuerzos ante fenómenos climáticos. Algo que podría «deteriorar la calidad del suministro».
Desde la CNMC defienden que el nuevo marco busca eficiencia, sostenibilidad y equilibrio financiero, al tiempo que pretende evitar sobrecostes para los consumidores.
Sin embargo, la falta de coordinación entre la CNMC y el MITECO, responsable de la planificación energética, genera inquietud en las compañías, que reclaman «un marco más estable y coherente» con los objetivos de transición energética que plantea el Gobierno.
La circular se encuentra actualmente en fase de audiencia pública hasta el 22 de octubre y la Competencia prevé aprobar su versión definitiva antes de final de año.
El sector confía en que durante este proceso se revisen los parámetros más restrictivos y se garantice una regulación previsible, alineada con las necesidades de inversión y con la estrategia de electrificación que España necesita para los próximos años.
La tasa de retribución financiera propuesta por la CNMC sigue siendo del 6,46%, frente al 5,58% actual, mientras que las grandes eléctricas reclaman elevar el porcentaje hasta mínimo el 7,5%, en línea con otros países de la Unión Europea.
