Urbas: los 'killers' del concursal huelen sangre en el grupo que quería comprar Abengoa y cotizar en Wall Street

Los ‘killers’ del sistema concursal español, aguerridos despachos especializados en la intrincada legislación de quiebras, huelen sangre en Urbas, la constructora e inmobiliaria española que hace menos de tres años pretendía comprar Abengoa y cotizar en Wall Street, y que hoy bordea el desastre.

Los abogados concursales merodean estos días la empresa presidida por el correoso ingeniero Juan Antonio Acedo (también su primer accionista, con el 24,79%), convencidos de que la compañía, con más de 700 empleados, se desangra asomándose a un polémico y millonario proceso concursal con posibles derivadas penales.

Consejeros poniendo pies en polvorosa; pérdidas millonarias; un caso en la Audiencia Nacional en el que la Fiscalía pide cárcel para el presidente y el expresidente del grupo; un litigio con un fondo luxemburgués por 100 millones; el auditor no firma las cuentas…

El panorama actual de Urbas, con la acción suspendida en Bolsa, poco se parece al que la compañía apuntaba hace menos de tres años.

Con más de 80 años de actividad, Urbas, heredera de la antigua compañía catalana de tranvías que en los años cuarenta del pasado siglo transportaba viajeros entre Barcelona y las afueras, ha pasado por todo tipo de crisis, transformando el objeto de su negocio en diversas ocasiones. Pero la situación actual es límite.

El pasado 5 de mayo la empresa informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que había presentado solicitud de preconcurso de acreedores y el inicio de negociaciones para aprobar un plan de reestructuración.

Unos días antes, el 30 de abril, la compañía comunicó que el auditor, A Worldwide Audit Assurance España, no había entregado su informe de auditoría sobre las cuentas de 2024.

A finales de mayo, Urbas anunció que había designado como experto en la reestructuración a la firma Álvarez & Marshal, pero finalmente el principal acreedor, el fondo Roundshield, ha impuesto el nombramiento de FTI Consulting, según ha publicado recientemente El Confidencial.

Torre solar de Abengoa, en una imagen de archivo.

Hace menos de dos años la compañía se fajaba en una batalla con fondos y compañías de infraestructuras por tomar el control de lo que quedaba de Abengoa, la multinacional de renovables con sede en Sevilla. Urbas pujó hasta el último momento por la antigua empresa de Felipe Benjumea, adquirida finalmente por Cox Energy.

A pesar del varapalo, Juan Antonio Acedo aseguraba en una entrevista con el diario Expansión, en agosto de 2023, que el grupo analizaba cotizar también en Wall Street.

«Estamos analizando el dual listing. Nos gustaría cotizar también en Wall Street, donde hay una base de inversores con interés en este tipo de empresas», comentó.

Urbas, crecimiento inorgánico y ejecución

La apuesta del grupo por crecer inorgánicamente entre 2020 y 2023, con la compra de empresas de todo tipo de negocios, no ha dado el resultado esperado.

Urbas adquirió, entre la crisis del Covid y el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las constructoras Murias, Joca, Urrutia y Ecisa; las promotoras Nalmar, Jaureguizar, Alandalus y CHR; las energéticas e ingenierías Ksilan, Sainsol e Ingeser; y la empresa de servicios Fortia. Muchas de ellas empresas con problemas financieros, cercanas al concurso de acreedores.

En 2023 compró Negocios agrícolas e industriales (Naisa) y su cantera de mármol a cielo abierto en Mula, Murcia.

Ese mismo año inició una nueva línea de negocio de ingeniería y fabricación de silos metálicos y plantas de almacenaje de grano llave en mano; y adquirió una residencia de mayores en Madrid y otra en Burgos. También trató de hacerse con Abengoa.

Urbas asegura tener «presencia estable en Bolivia, Panamá, Colombia, Arabia Saudí y Argelia» y «proyectos en Cuba»

La reestructuración de las empresas absorbidas provocó que Urbas registrara en 2024 una cifra de negocio de 170,5 millones y unas pérdidas de 137 millones.

Para financiar ese crecimiento inorgánico, Urbas recibió apoyo del fondo luxemburgués Roundshield, aportando como garantías prenda sobre acciones de sus sociedades, con vencimiento el pasado 16 de diciembre.

Urbas trató de ampliar la extensión del plazo de terminación del contrato llegado el momento, pero el 18 de diciembre el fondo ejecutó la prenda sobre las participaciones en las sociedades de la compañía española, generando una pérdida de 98,6 millones.

No es el único percance financiero reconocido por Urbas. En sus últimas cuentas la compañía revela un asunto algo surrealista vinculado a acciones propias.

Jesús García de Ponga, histórico del boom inmobiliario, renunció a su puesto en el consejo de Urbas poco antes de presentarse las últimas cuentas

El grupo dice que en julio de 2023, «una entidad financiera española de primer nivel» transfirió 1,598 millones de acciones de Urbas a la cuenta de una filial, Guadahermosa Activos, en The Northern Trust «el gigante de reconocido prestigio que presta servicios de custodia y gestión de activos».

El pasado 13 de marzo, continúa Urbas, «una firma distinta a Northern Trust, con la cual Guadahermosa no mantiene relación, contesta un requerimiento de información realizado por Guadahermosa a Northern Trust indicando, entre otros, que Guadahermosa no mantiene una cuenta con Northern Trust«.

«Siguiendo un criterio de prudencia», dice Urbas en sus últimas cuentas, «se ha procedido a dar de baja las referidas acciones propias».

Proyectos internacionales y salidas de consejeros

La crítica situación financiera y legal que describe Urbas, y la repentina salida de consejeros, contrasta con las expectativas de negocio y la presencia internacional que la compañía asegura tener.

Entre el trasiego de salidas y nombramientos de consejeros en el último año, destaca la renuncia del consejero ejecutivo Jesús García de Ponga, que estuvo en la cresta de la ola inmobiliaria de principios de siglo.

Jesús García de Ponga, en una imagen de archivo.

García de Ponga, que entre el año 2000 y 2008 fue responsable del negocio inmobiliario de BBVA con Francisco González, fundador de la inmobiliaria del banco (Anida), y consejero delegado de Metrovacesa en representación de la familia Sanahuja, abandonó su puesto en el consejo de Urbas el pasado 29 de marzo, poco antes de que la compañía se dispusiera a presentar su último informe financiero anual.

Las últimas cuentas presentadas por Urbas ante la CNMV, de 2024, ni están auditadas ni están firmadas por los consejeros, por lo que no es posible saber ahora si García de Ponga renunció a su puesto tras negarse a firmarlas.

Frente a todo ese desgaste, Urbas asegura disponer de «presencia estable en Bolivia, Panamá, Colombia, Arabia Saudí y Argelia«. Además, desde Madrid, dice, se hace seguimiento «de los proyectos en Cuba y otros países hasta el establecimiento de las filiales correspondientes».

Entre los proyectos internacionales anunciados por Urbas destaca Arabia Saudí. La compañía española dice en sus últimas cuentas que se «ha formalizado un acuerdo» con el Ministerio de Vivienda del país para participar «en el megaproyecto de infraestructura en el marco del programa Visión 2030».

Además, asegura poseer un «banco de suelo de calidad y bien localizado en zonas con alta demanda y precios al alza, de 13,7 millones de metros cuadrados», con un valor de mercado «aproximado de 500 millones«.

Urbas señala que el negocio patrimonial está a cargo de su filial Guadahermosa Grupo Inmobiliario, que gestiona 250 activos, entre ellos cinco centros comerciales, locales, oficinas y viviendas, sobre la que se estiman «ingresos futuros por promociones inmobiliarias cercanos a 650 millones de euros».

Audiencia Nacional

A todos los problemas de financiación y reestructuración de Urbas se suma juicio pendiente en la Audiencia Nacional, en el que Fiscalía ha solicitado penas de cárcel de 8 años para Juan Antonio Acedo y para su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez (segundo mayor accionista en la actualidad de Urbas, con el 20,1% del capital).

En octubre de 2020, el Juez José Luis Calama puso fin a la instrucción sobre presuntas irregularidades en la ampliación de capital realizada por Urbas en 2015, por importe de 384 millones de euros, denunciada por la Fiscalía Anticorrupción. En aquella operación, la compañía supuestamente habría inflado el valor de activos inmobiliarios.

En sus cuentas auditadas de 2023, Urbas elude referirse a la situación procesal de sus dos mayores accionistas, y tan solo destaca que el auto de apertura de juicio oral acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones frente a la sociedad, quedando la empresa eximida de responsabilidad penal.

Abogados concursales, mercantilistas y también penalistas escudriñan estos días Urbas, con graves heridas abiertas. «Acedo es un tipo duro, se enfrenta a bancos y fondos, no se va a rendir», comenta uno de ellos.