Vodafone España se dispara: su valor podría alcanzar los 12.600 millones ante una posible venta
A nivel global, Vodafone ha adoptado una estrategia de "right-sizing", desinvirtiendo en mercados donde no es competitiva y focalizándose en regiones con mayor potencial
Sede de Vodafone. Foto Ricardo Rubio / Europa Press
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Vodafone España ha elevado su valoración hasta los 12.600 millones de euros de cara a una eventual venta, según estimaciones recientes de analistas y fuentes del sector.
Este nuevo valor representa un salto significativo respecto a la cifra de 5.000 millones de euros que el fondo británico Zegona pagó por la filial española a finales de 2023.
El crecimiento acelerado en la valoración de Vodafone España no solo evidencia su recuperación y fortaleza bajo la gestión de Zegona, sino que también la posiciona como una pieza clave en el proceso de consolidación que vive actualmente el sector de las telecomunicaciones en España.
Vodafone: de la compra de Zegona a la revalorización
Cuando Zegona adquirió Vodafone España por 5.000 millones de euros, la operadora atravesaba un momento delicado, marcado por la pérdida de clientes y una intensa competencia en precios.
Sin embargo, en apenas un año, la compañía ha logrado duplicar su valor gracias a una combinación de mejora operativa, acuerdos estratégicos y una renovada apuesta por la innovación tecnológica.
Bajo la dirección de José Miguel García, Vodafone España ha firmado contratos relevantes y ha reforzado su posición como tercer operador nacional, detrás de Movistar y MasOrange (la nueva entidad surgida de la fusión entre Orange y MásMóvil).
El crecimiento en valoración también se explica por el contexto de mercado, la consolidación es vista hoy como la única vía para restaurar la rentabilidad en un sector fragmentado y con márgenes cada vez más ajustados.
En este escenario, Vodafone se ha convertido en el activo más codiciado, con Telefónica y MasOrange explorando fórmulas para una posible adquisición conjunta o reparto de activos, aunque la propia Vodafone ha descartado oficialmente estar en proceso de venta a Telefónica.
Un mercado en transformación: datos y contexto
El sector de las telecomunicaciones español está experimentando una transformación histórica. La fusión de Orange y MásMóvil ha reducido el número de grandes operadores y ha intensificado la competencia, especialmente con la irrupción de Digi como un actor de rápido crecimiento.
Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Movistar, MasOrange y Vodafone concentran el 87,2% del mercado de líneas móviles y más del 70% de la banda ancha fija.
En enero de 2025, el número de líneas móviles en España alcanzó los 61,4 millones, con un crecimiento interanual del 3,2%.
España destaca además por su liderazgo en cobertura de fibra óptica en Europa, con un 95% de los hogares conectados, aunque todavía presenta retos en el despliegue y calidad de las redes móviles, especialmente en zonas rurales.
Vodafone, junto a Telefónica y MasOrange, ha sido protagonista en la inversión en infraestructuras 5G y en la digitalización de servicios, apostando fuerte por la inteligencia artificial y la integración de soluciones de IoT y cloud para el segmento empresarial.
Interés de Telefónica y MasOrange
La posibilidad de que Telefónica y MasOrange se alíen para adquirir Vodafone España ha generado una gran expectación en el sector.
El modelo que se baraja, inspirado en operaciones similares en Brasil, consistiría en dividir los activos de Vodafone (telefonía fija, móvil y negocio empresarial) para repartirlos entre los compradores y sortear así los obstáculos regulatorios.
Este tipo de operación, sin embargo, implicaría una revisión exhaustiva por parte de las autoridades de competencia, ya que la suma de Telefónica y Vodafone podría llevar a una cuota de mercado cercana al 50% en los segmentos más relevantes, como banda ancha y móviles minoristas.
En el segmento empresarial (B2B), la fusión de Telefónica y Vodafone les otorgaría entre el 60% y el 70% del mercado, lo que obligaría a imponer condiciones regulatorias severas para evitar prácticas monopolísticas y garantizar la competencia.
Los analistas coinciden en que, aunque la operación podría mejorar la rentabilidad y reducir la fuga de clientes, su ejecución sería compleja y podría dilatarse durante meses o incluso años.
