El Gobierno de Sánchez incumpliría la Constitución con el déficit
Una normativa aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero establece que el Estado deberá cumplir las demandas de la Unión Europea
Pedro Sánchez no podrá incumplir otro año más el objetivo de déficit que marca la Unión Europea. De hacerlo, se trataría de una maniobra inconstitucional, según recoge el artículo 135 de la Constitución Española, reformado durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y que establece la obligación por parte del Estado de cumplir con las exigencias comunitarias.
La reforma del texto fue introducida por el presidente socialista en 2011, durante los años de la crisis económica, y entró en vigor con la llegada de 2020. El apartado 2 recoge que tanto la Administración central como las Comunidades Autónomas «no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos». Unos límites que impone la Unión Europea a sus miembros.
Asimismo, el artículo 135 determina que «una Ley Orgánica fijará» el déficit máximo en relación con su Producto Interior Bruto (PIB). De la misma manera que se apunta que las entidades locales «deberán presentar equilibrio presupuestario».
El déficit fue uno de los temas que más trató de esquivar durante el pasado año la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Advertida por las principales instituciones comunitarias, fue la Comisión Europea la que más incidió en el «riesgo de una desviación signficativa» en el borrador de los Presupuestos Generales enviados por el Gobierno de Sánchez.
Precisamente, en los últimos 12 meses el déficit se ha incrementado hasta dejar un agujero de 1.400 millones de euros a consecuencia del aumento del gasto público, del 5%, el mayor de la última década según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ello, para el nuevo año Bruselas pide una corrección del 0,65% del PIB del 3,2% del PIB que Calviño contempla en el borrador presupuestario.
El acuerdo PSOE-Podemos, insuficiente
Ese ajuste le costaría al futuro Gobierno -que presumiblemente liderará Sánchez esta vez con plenitud de funciones- unos 8.000 millones de euros. Con la previsión de 35.000 millones de euros en gasto público que se recoge en el acuerdo de los socialistas y Unidas Podemos, el próximo Ejecutivo ha preparado una batería de medidas para tratar de cumplir con las demandas de la Unión Europea.
El programa pactado entre la formación de Sánchez y la de Pablo Iglesias recoge la subida de las pensiones conforme al IPC, el incremento de los sueldos de los funcionarios públicos, una subida de impuestos a las rentas más altas que incluye también la inclusión de la tasa Tobin, destinada a gravar a las compañías tecnológicas.
No obstante, algunas de estas medidas recaudatorias no serían suficientes dado que otro de los puntos que recoge el acuerdo es el incremento del gasto público en 35.000 millones de euros, lo que socavaría las cuentas del Estado en lugar de garantizar «una política fiscal que garantice la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit y la deuda pública», tal y como sostiene el documento.
