Junqueras arriesga 700 millones de la extra a los funcionarios con el caso ATLL

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La Generalitat calcula en unos 300 millones la indemnización a Acciona si el Tribunal Supremo no le da la razón en el conflicto jurídico, pero esa cantidad se podría elevar a 1.000 millones por lucro cesante

Oriol Junqueras y Daniel de Alfonso, director de Antifraude

Barcelona, 27 de mayo de 2016 (12:55 CET)

Las arcas de la Generalitat dependen del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que sigue manejando el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, con gran prudencia. El conseller de Economia, Oriol Junqueras, reclamó a Montoro, en su primera entrevista en Madrid, 700 millones de euros a cuenta de la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2014 para hacer frente a la paga extra de los funcionarios en el mes de junio. Y ese montante, precisamente, es el que arriesga el Govern si mantiene el pulso jurídico con Acciona por el caso ATLL.

Los 700 millones serían la diferencia entre los 300 que la Generalitat ha calculado que debería abonar a la empresa de los Entrecanales, si pierde el litigio ante el Tribunal Supremo por el caso ATLL, y los 1.000 millones que, en realidad, debería pagar por lucro cesante, es decir, por las expectativas de ganancias de la concesionaria, que se verían frustradas.


Pendientes del Supremo

El Govern mantiene el pulso con Acciona, y espera conocer la sentencia final del Tribunal Supremo. En función de ella, podría retomar la gestión pública de la concesionaria, que ofrece el servicio a casi cinco millones de personas. Podría también revocar esa concesión, y ofrecerla a Agbar, que fue la empresa que perdió, incialmente, el concurso. Un órgano jurídico propio de la Generalitat dictó irregularidades en la concesión que ganó Acciona, y el conflicto jurídico sigue su curso hasta que decida el Tribunal Supremo.

Lo que ha sostenido hasta ahora el Govern es que la indemnización a Acciona sería, en concreto, de 326 millones. Acciona, sin embargo, la calculó algo por debajo: en 296 millones. Pero una de las interpretaciones jurídicas defiende que esa cantidad se elevaría a 1.000 millones. Eso se basa en un precedente jurídico, a raíz de una sentencia en el Ayuntamiento de Alcobendas, en Madrid. En este caso, la concesionaria también era Acciona, que fue indemnizada por lucro cesante, tras perder un contrato por un litigio judicial. El Govern ha considerado que esa figura, la del lucro cesante, no se debería aplicar en este caso, si la sentencia acaba en una nulidad del contraro. Pero el precedente de Alcobendas podría ser determinante.


Rescindir el contrato

Esa visión la sostiene la Oficina Antifraude, que dirige Daniel de Alfonso. Para el Govern de Carles Puigdemont habría una solución, según De Alfonso, y es "resolver" el contrato de ajudicación tras las irregularidades que la propia oficina detectó. La Generalitat también vio esas irregularidades, pero no las consideró como faltas "muy graves", y decididó aplicar una multa a Acciona de cuatro millones de euros.

De Alfonso, en una comparecencia esta semana en el Parlament, sostuvo que la recomendación que se hacía era la rescisión del contrato, con lo que el Govern pararía la posible indemnización de 1.000 millone si sigue el curso jurídico hasta la sentencia del Tribunal Supremo.

Para la Generalitat es vital, porque cada euro supone un esfuerzo enorme, y ahora están en juego esos 700 millones de la paga extra a los funcionarios en el mes de junio, que los sindicatos reclaman. Junqueras, en el Parlament, tras presentar los presupuestos de 2016, admitió que en las cuentas de la Generalitat no se incluyen partidas específicas para solucionar ese conflicto que supone el caso ATLL, que lleva de cabeza al ejecutivo catalán.
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