Montoro tarda tres días en hacer un roto de 41 millones a Junqueras

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El Gobierno aprueba el impuesto para las bebidas carbonatadas que anula el mismo que la Generalitat incluye en los presupuestos de 2017

Josep Maria Casas

Oriol Junqueras charla con Carles Puigdemont y Neus Munté durante la sesión de control al gobierno en el parlamento catalán. EFE/Marta Pérez
Oriol Junqueras charla con Carles Puigdemont y Neus Munté durante la sesión de control al gobierno en el parlamento catalán. EFE/Marta Pérez

Barcelona, 02 de diciembre de 2016 (13:45 CET)

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras (ERC), calculaba ingresar 41,3 millones de euros anuales con un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas envasadas. La decisión del ministro de hacienda, Cristóbal Montoro (PP), de gravar las bebidas carbonatadas, con gas, aunque una gran parte también contienen azúcar, arruina los planes del Ejecutivo autonómico para incrementar los ingresos gracias a los refrescos.  

Marta Espasa, directora general de tributos de la Generalitat, había advertido públicamente de que debían darse "prisa" en crear el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas para evitar que el gobierno central lo bloquease. Sus temores se han cumplido. Este viernes, el Consejo de Ministros autorizó el nuevo gravámen para el conjunto de España. Por esta razón, Junqueras ya no podrá recaudarlo. No se pueden aplicar los dos impuestos a la vez.

Según las previsiones expuestas por Espasa en la presentación de los nuevos impuestos para el próximo año, la Generalitat pensaba aplicar un tipo de entre ocho y 12 céntimos por litro de refresco en función del contenido de azúcar. Con esta medida, que debía activarse en 2017, el gobierno catalán pretendía ingresar 41,3 millones de euros anuales. La partida queda anulada tres días después de anunciarla.

Estos 41 millones de euros le hubieran servido a Junqueras para tapar más de un agujero de la maltrecha economía de la Generalitat. Por ejemplo, le permitiría afrontar la compra del Hospital General de Cataluña, que le reclama el consejero Toni Comín, aunque sus propietarios, el grupo Quirón Salud, insisten en que no está a la venda. La adquisición de este hospital privado no figura en el proyecto de presupuestos.
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