Aldesa, investigada en el caso Zapatero, se libró de una reclamación de 9 millones de Adif por el AVE a Galicia

La constructora Aldesa, ahora en el candelero por la investigación del juez Calama a José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo hace poco batallando en los tribunales por un asunto algo más decoroso, pero igualmente desagradable para la compañía que dirige Javier Lamas. Adif le impuso una penalización de 9,5 millones por los teóricos daños y perjuicios que le ocasionó en unas obras del AVE a Galicia.

Fue, precisamente, en la recta final de la segunda legislatura de Zapatero, con el gallego José Blanco como ministro de Fomento, cuando la constructora se hizo con un contrato de casi 100 millones para la compleja tarea de engarzar la alta velocidad entre Ourense y Zamora, concretamente, en el tramo entre Lubián y el túnel de A Canda. Las obras no salieron en los plazos previstos. Ni mucho menos. Se aprobaron 10 prórrogas por un total de 80 meses más de los 29 previstos.

Este escenario, que en distintas intensidades se repitió en muchas obras del AVE gallego de la época, provocó sobrecostes sobre el presupuesto inicial. Y Adif culpó de parte de ellos a Aldesa, ejercitando una penalización de 9,46 millones, incautando la garantía con cargo a la aseguradora Caser y desatando un procedimiento judicial que se prolongó hasta el año pasado, con el expresidente Alejandro Fernández Ruiz ya fuera de la empresa.

Una década en obras

El contrato se formalizó el 21 de noviembre de 2011 por 95 millones de euros con una UTE liderada por Aldesa y completada por dos filiales del grupo, Coalvi y Proacon. Las obras se prolongaron hasta el 2021 y Adif culpó de cinco de las 10 prórrogas acordadas a la falta de pericia del contratista, achacándole problemas en la organización de los trabajos, los métodos empleados y los medios dispuestos. El 10 de octubre de 2021, el gestor de infraestructuras ferroviarias resolvió la imposición de penalizaciones , la reclamación de daños y perjuicios y la ejecución de la garantía por valor de 9,45 millones. En esa cuantía se incluían, básicamente, los gastos adicionales provocados por los retrasos en dirección de obra, dirección técnica o seguridad, entre otros conceptos.

Aldesa, sin embargo, logró evitar las penalizaciones en la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso, en sentencia de mayo de 2025, esgrimió dos argumentos: por un lado, determinó que las prórrogas no fueron responsabilidad exclusiva de la contratista, y que una gran parte del plazo de 24 meses al que se aplican las penalidades había quedado regularizado mediante la aprobación de diversas modificaciones de contrato por parte de Adif.

Por otro lado, defienden los magistrados que la imposición de penalidades es utilizada en la contratación administrativa como medio coercitivo o de presión al contratista, que se aplica para asegurar el cumplimiento regular de las obligaciones contractuales dentro del plazo prefijado, buscando así la terminación de la obra en el tiempo previsto. Sin embargo, no está prevista para castigar conductas, al carecer de naturaleza «estrictamente sancionadora». «Resulta en consecuencia que, tal y como concluye la sentencia de instancia, la imposición de penalidades, tal y como están previstas en la normativa de aplicación, carece de sentido una vez finalizada la ejecución del contrato, pues están configuradas como un medio para lograr la correcta ejecución por el contratista de las obligaciones asumidas en el contrato de obras», señala la sentencia.

Adif penalizó a Aldesa cuando las obras ya estaban concluidas, lo que para la Audiencia Nacional es contrario a su objeto legal, por lo que acaba rechazando los argumentos del gestor de la infraestructura ferroviaria y anulando las penalidades que impuso a la constructora. La compañía, por su parte, achacó los retrasos a las condiciones meteorológicas adversas, la incidencia del Covid-19 y la necesidad de compartir el espacio de trabajo con otros contratistas.

De Ourense a Pekín

Aldesa es propiedad de China Railway Construction Corporation (CRCC), que controla el 99% del capital. El gigante estatal chino ha tenido que inyectar cerca de 577 millones de euros en la compañía entre 2021 y 2024 para compensar las pérdidas que generó el grupo durante el Covid y el ciclo inflacionista. Entre 2021 y 2023, Adif adjudicó a la constructora china contratos por valor aproximado de 150 millones de euros, repartidos en tres grandes obras ferroviarias: la plataforma intermodal de Vitoria-Gasteiz, el incremento de capacidad del tramo Nudo de Pinar de Las Rozas-Las Matas en la línea Madrid-Hendaya, y la Variante de Rincón de Soto en La Rioja. Todos ellos bajo la tutela del Ministerio de Transportes.

El juez Calama investiga el posible pago de comisiones por parte de la empresa a la trama por la que fue imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2021 y 2023, como publicó este medio, Adif adjudicó a la constructora china contratos por valor aproximado de 150 millones de euros, repartidos en tres grandes obras ferroviarias: la plataforma intermodal de Vitoria-Gasteiz, el incremento de capacidad del tramo Nudo de Pinar de Las Rozas-Las Matas en la línea Madrid-Hendaya, y la Variante de Rincón de Soto en La Rioja. Todos ellos bajo la tutela del Ministerio de Transportes.