Florentino Pérez y FCC pierden otra batalla de 15 millones con Adif por los sobrecostes del AVE

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ACS ha vivido la recta final del año con la vista puesta en un futuro de centros de datos, minerales estratégicos e instalaciones de defensa, y la cabeza llena de recuerdos del pasado, el de los grandes contratos del AVE que han acabado en la Audiencia Nacional a causa de los sobrecostes de las obras que Adif no quiere pagar. El mes de octubre fue especialmente negativo para el grupo en la pugna con el gestor de infraestructuras ferroviarias. Como explicó Economía Digital Galicia, la Sala de lo Contencioso tumbó el recurso presentado por la filial Vías y Construcciones tras perder una reclamación de 1,7 millones por la plataforma del tramo Prado – Porto, en la provincia de Ourense, del AVE a Galicia. Esta era solo una parte de las pretensiones de la empresa, que en alianza con la valenciana Torrescámara y la andaluza Vimac, pidió más de 8 millones para compensar sus gastos, sin que los tribunales atendieran sus demandas.

Ese mismo mes de octubre, Florentino Pérez pinchó de nuevo en la Audiencia Nacional. Los magistrados también rechazaron una millonaria reclamación de Dragados, filial de ACS, y sus compañeros de UTE por las obras de la alta velocidad en Cataluña. Además de los sobrecostes y el desenlace judicial, los dos casos tienen en común un accidentado desarrollo de las obras. Las de Ourense requirieron de cinco ampliaciones de plazo y sufrieron dos suspensiones temporales, una parcial y otra total. Las de Cataluña, para construir los túneles urbanos y la estación para la entrada del AVE en Girona, encajaron 14 prórrogas, que sumaron 85 meses a la previsión inicial de acabar la infraestructura en dos años y medio.

Un contrato de 335 millones bajo tierra

Los problemas para culminar en el plazo previsto y los cambios en el proyecto constructivo están detrás del lío judicial. FCC, Dragados, Tecsa y Copisa, agrupadas en la UTE Girona, exigieron a Adif Alta Velocidad una indemnización de 15,2 millones por los daños y perjuicios ocurridos durante la ejecución de la obra. Adif no hizo caso y, por el momento, los tribunales tampoco. Así lo puso de manifiesto una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 2 de octubre en la que desestimó los argumentos de las empresas contra una resolución previa de este mismo tribunal. En ese primer fallo, los jueces otorgaron 784.000 euros a la alianza liderada por los grupos de Esther Koplowitz y Florentino Pérez, una cuantía muy inferior a la reclamada.

La UTE se adjudicó las obras en 2007 por 278 millones para construir en 30 meses los túneles para la entrada de la alta velocidad por debajo del centro urbano y la adecuación de la estación en el subsuelo gironí. La demora en la ejecución ampliaron los tiempos a casi el triple y el presupuesto se extendió a los 334,9 millones. En 2021, Dragados, FCC, Tecsa y Copisa presentaron ante Adif Alta Velocidad una reclamación de 15,2 millones a la que la entidad pública no hizo ni caso. La desestimación por silencio negativo desembocó en el procedimiento judicial en la Audiencia Nacional.

El Juzgado Central de lo contencioso-administrativo nº 5 consideró que, de esos 15 millones reclamados, solo debían ser compensadas por los gastos relacionados con seguros, ya que el alargamiento de los plazos obligó a renovar las pólizas, y algunos impuestos, lo que suponía 783.994 euros. Los aliados presentaron un recurso de apelación contra esa primera sentencia de 2023. Y lo acaban de perder.

Los costes indirectos y los gastos generales

Las cuantías más relevantes exigidas por FCC, Dragados, Tecsa y Copisa tenían que ver con los costes indirectos y los gastos generales. Respecto a los primeros, solo se reconocieron los vinculados a determinados seguros e impuestos, pese a que el peritaje presentado por las empresas los elevaba por encima de los 10 millones, principalmente derivados de costes de personal. La Audiencia Nacional entiende que la recurrente «contrapone distintas valoraciones y apreciaciones respecto de las hechas por la juzgadora de instancia sin que se aprecie un error determinante de la necesidad de efectuar una corrección respecto de lo decidido», dice la Sala de lo Contencioso, en referencia a la sentencia previa.

Esta primera resolución señaló que los cálculos periciales se fundamentaban en una estimación y en la propia envergadura de los efectivos asignados calculados de manera lineal, sin tener en cuenta los periodos de baja productividad. «Del propio informe pericial de la recurrente se desprende que la UTE no ha acreditado qué hacía el personal asignado a costes indirectos durante todos los períodos reclamados como imputables a Adif», añade la sentencia.

Los gastos generales son los gastos propios de las empresas de construcción, vinculados a su estructura, y que se producen con independencia de si la empresa lleva a cabo o no obras. En este aspecto, los magistrados señalan que la indemnización debe fundamentarse en una prueba concluyente de los gastos efectivamente soportados. Pero la alianza liderada por los grupos de Carlos Slim y Florentino Pérez no aportan «una prueba directa», sino que sostienen la reclamación «sobre la base de los informes periciales referidos que están finalmente construidos sobre la base de cálculos aproximativos».

Con este razonamiento, la Audiencia Nacional decide rechazar el recurso, lo que deja como última vía de reclamación a las empresas el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.