El callejón sin salida de Altri: la falta de conexión eléctrica pone en peligro la autorización ambiental en Palas de Rei

Las alternativas que busca la pastera lusa para conectar a la red la fábrica pondrían en jaque los permisos ambientales que obtuvo para la planta

José Soares de Pina, CEO de Altri, con el proyecto para la fábrica de fibras textiles de Palas de Rei de fondo

José Soares de Pina, CEO de Altri, con el proyecto para la fábrica de fibras textiles de Palas de Rei de fondo

Altri se encontró con un callejón sin salida en su camino hacia Palas de Rei. La pastera lusa impulsó una fábrica de pasta soluble y fibra textil con una inversión prevista de 1.000 millones, pero sin conexión eléctrica que pueda alimentarla. La subestación que requiere la factoría fue denegada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que la excluyó de la nueva planificación de la red de transporte hasta 2030. Sin ese enchufe, la Xunta ha iniciado el procedimiento para archivar el proyecto, que fue declarado estratégico hace más de tres años y que se convirtió en la mayor apuesta del Gobierno gallego a los fondos europeos en cuanto a volumen de inversión.

Fue la conselleira de Economía, en una visita a Maderas Besteiro en Lugo, quien desveló la decisión: «Cuando se concedió la declaración de impacto ambiental, yo llamaba la atención sobre que la parte industrial estaba incompleta sin esa conexión y que, por lo tanto, estaba en manos de la empresa y del Gobierno central, en concreto del Ministerio de Transición Ecológica, dar enchufe a la compañía. Evidentemente el archivo y la caducidad va vinculada a la falta de conexión. Si no existe la conexión concreta, con la subestación que precisa la solución técnica que dio (Altri), el proyecto queda archivado», explicó María Jesús Lorenzana, apuntando que la compañía tiene tres meses para presentar alegaciones.

Las palabras de la conselleira sonaron a epitafio. Ana Pontón (BNG) lo celebró como «un gran triunfo de la ciudadanía» y «una derrota al Gobierno del PP que defendía el expolio de nuestros recursos y la contaminación de nuestro territorio». José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) ensalzó el papel del Ejecutivo central para frenar el proyecto y calificó el «carpetazo» como una «victoria para Galicia» y una «fracaso de la política industrial de Rueda». La plataforma Ulloa Viva, que aglutinó el descontento social de los detractores de la planta, acogió el anuncio con «alegría», aunque sin dar por enterrada la iniciativa.

Tampoco lo hace la propia Altri, que en un comunicado trasladó que continúa buscando soluciones para dotar al complejo de conexión eléctrica y poder viabilizar el proyecto, aunque, ahora mismo, ni siquiera en la Xunta aciertan a ver cómo.

Los permisos ambientales, en el aire

Descartado que la compañía pueda conseguir en tres meses la subestación que le negó el Gobierno, por más que haya presentado alegaciones, Altri señala que «se encuentra estudiando diferentes opciones técnicas para la conexión a la red eléctrica, independientemente de la planificación futura de Red Eléctrica Española». Soares de Pina había apuntado esta misma idea tras la presentación de los resultados del tercer trimestre, como ya avanzó este medio. Sin embargo, cualquier propuesta alternativa no impedirá la caducidad del expediente en la medida que implique una solución técnica distinta a aquella con la que fue tramitado. Sería necesaria, por tanto, una nueva evaluación. Empezar de nuevo para una iniciativa que presentó por primera vez en 2021 Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta, ataviado con gafas y mascarilla.

Del mismo modo, los cambios en el punto de acceso a la red o en la línea de evacuación colisionarían con aquellos que fueron analizados en la declaración de impacto ambiental favorable que recibió la pastera por parte de la Consellería de Medio Ambiente hace ahora un año. Nuevos trazados y conexiones generan impactos distintos. El proyecto, de hecho, continúa en tramitación en el departamento que dirige Ángeles Vázquez, ya que Altri está pendiente de obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI). La compañía asegura que esta «no depende de la conexión eléctrica».

Consultada por este medio, la Consellería no pudo responder inmediatamente sobre la situación de estos permisos ambientales, pero Ángeles Vázquez dijo hace un mes algo distinto a lo que sostiene la compañía y muy similar a lo que manifestó este viernes la conselleira de Economía:   «Es difícil, por no decir imposible, dar una autorización ambiental integrada al faltar algo clave, que venía desarrollado en el proyecto en sí, como es la luz».

Las cuentas pendientes de Altri

La pérdida de confianza de la Xunta en la viabilidad del proyecto deja a Altri sin uno de los principales activos que exhibía ante los inversores para reforzar la confianza en la planta lucense, su inversión estrella para impulsar la transición de la compañía desde el negocio de la celulosa tradicional al de la industria textil. A falta de los 250 millones en ayudas que pretendía conseguir el grupo luso para cuadrar la estructura de financiación del complejo, Soares de Pina exponía a modo de aval que superó la evaluación ambiental de la Xunta, que el proyecto tenía la consideración de estratégico para el Gobierno gallego, y que la UE le había otorgado el sello STEP, «que lleva aparejada la consideración de proyecto estratégico para Europa». Los dos primeros argumentos están cerca de caducar.

Tras los cuatro años que transcurrieron desde el anuncio de Feijóo de una planta de fibra textil en Galicia, Altri no confirmó que ejecutaría la inversión en Galicia, al no conseguir los hitos que se había marcado: faltan las ayudas, la autorización ambiental integrada y, claro, la conexión eléctrica. Sin embargo, la compañía destinó ya importantes recursos a madurar el proyecto. La promotora de la planta, Greenfiber, recibió diversas inyecciones de capital por valor de 17,7 millones procedentes de la caja de Altri. Otros 6 millones los puso Smarttia, la sociedad con la que Manuel García controla la mayoría accionarial de Greenalia.

El grupo luso impulsó la planta de Palas de Rei tras firmar un memorando en 2021 con Impulsa Galicia, la sociedad público-privada que creó la Xunta para la gestión de los proyectos tractores y que acaba de ser liquidada. El contenido de aquel acuerdo, que no es público, es motivo de discordia entre el Gobierno gallego y la oposición, que incluso ha acudido a los tribunales para exigir que se desvele.

El decaimiento de la factoría lucense podría añadir otra baja a los proyectos declarados estratégicos por la Xunta, tras el desistimiento de Naturgy, Repsol y Reganosa con la planta de hidrógeno de Meirama, y el silencio de Sentury Tire sobre su fábrica de neumáticos en As Pontes

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