Bruselas pone a Correos bajo su lupa

El Gobierno europeo tiene fundadas sospechas de que el Grupo Correos juega con ventaja en el mercado de las comunicaciones. De hecho, aunque no ha obtenido todavía respuesta, ha reclamado al organismo regulador Comisión Nacional del Servicio Postal la contabilidad analítica de la empresa pública para establecer si existe juego limpio en términos de competencia o si por el contrario está desviando una parte de los fondos que recibe del Estado para promover actividades ya liberalizadas y ejercer políticas de dumping, según ha podido saber este medio.

La petición de la dirección general de Mercado Interior de la Comisión Europea persigue conocer la estructura de ingresos y gastos de los negocios del grupo en los ámbitos de comercio electrónico, la paquetería y el suministro de las grandes corporaciones, que no forman parte del servicio postal universal que Correos mantiene todavía en régimen de monopolio.

Reiteración histórica

Las sospechas tienen un histórico no despreciable. De acuerdo con la legislación española, Correos está facultada a prestar servicios más allá de los que una ley de 2010 considera el servicio postal universal, concebido como servicio público. La propia normativa se cuida de que esas prestaciones se realicen a precios de mercado, fuera del llamado “precio predatorio”, que es lo que Bruselas y la competencia de Correos considera probable.

En agosto de 2011, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) multó al holding público con 4,8 millones de euros. En aquella sanción se acreditaba que Correos incumplía en los contratos con grandes clientes los acuerdos previos sobre descuentos que había establecido con el organismo regulador de la competencia. La empresa pública tiene recurrida la sanción, pero provisionada en sus cuentas anuales de 2011, las últimas conocidas.

¿Prefiere las multas?

La Asociación de Empresas de Reparto y Manipulación de Correspondencia (Asempre) denunció a Correos en aquella ocasión, pero considera que la empresa pública mantiene una estrategia de negocio en la que las multas forman parte del precio. Luis García Cantín, su presidente y directivo de Unipost, lo señaló en unas declaraciones públicas a finales de 2011: “A Correos le sale más a cuenta incumplir la ley, aunque le penalicen años después”.

Lo que constituía una batalla entre empresas del mismo sector por el reparto del mercado y la regulación real de la competencia ha acabado en las instituciones europeas, que han decidido tomar cartas en el asunto.

Dependencia de Economía y Fomento

La última ley española sobre los servicios postales data de 31 de diciembre de 2010. En ella se inicia la liberalización efectiva del sector, aunque se otorga a Correos la prestación del servicio postal universal durante un periodo de transición de 15 años. Pero igual que habilita a la empresa pública a mantener el monopolio, marca cuál ha de ser la estrategia por la que rija la prestación del servicio: convenios entre Correos y los ministerios de Economía y Fomento quinquenales, realización de contabilidad analítica del servicio y un largo etcétera de requerimientos.

Sólo en los Presupuestos Generales del Estado de 2013, el Ministerio de Fomento cuenta con una partida de 318 millones de euros para dar cobertura al servicio postal universal. La cifra es una entrega a cuenta de las liquidaciones auditadas de ejercicios anteriores. El regulador del sector, la Comisión Nacional del Servicio Postal, sin embargo, todavía revisa las cuentas de Correos de 2010.

Más de 2.000 millones de ingresos

El grupo consolidado de Correos ingresó 2.085 millones de euros en 2011, según la memoria de la compañía. Cuenta con una plantilla de más de 60.000 empleados que supusieron un coste de 1.562 millones. En los últimos años, el grupo se ha estructurado en varias sociedades entre las que destaca la propia Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (prestadora del servicio público universal) y otras filiales como Chronoexprés, Correos Telecom y Nexea, especializadas en actividades diferentes a la tradicional.

Tanto Nexea (1,02 millones) como Chronoexprés (6,7 millones) registraron pérdidas en 2011.