EiDF renueva a PwC, el auditor que precipitó la crisis en bolsa y la caída de Fernando Romero

EiDF ha convocado para el próximo 30 de junio su junta de accionistas, en la que reelegirá como auditor a PwC, la firma que chequea sus cuentas desde 2023 y que detectó el lío contable que provocó la suspensión de cotización y el posterior desplome en bolsa del grupo gallego de renovables. Desde su fichaje en sustitución de Crowe, la firma ha emitido sus informes siempre con salvedades, referentes a dos cuestiones. Por un lado, señaló la existencia de una «incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento», debido a las pérdidas y a presentar un fondo de maniobra negativo. Una vez que corrigió este último dato, la salvedad despareció.

En las cuentas de 2024, que se saldaron con números rojos de 48 millones, PwC indicó que, teniendo en cuenta las incidencias e irregularidades relevantes que detectó en el pasado, concretamente en las cuentas del ejercicio 2022, «no es posible asegurar que no podrían surgir otras cuestiones no identificadas hasta la fecha y que supusieran, en su caso, otros posibles errores y/o contingencias no recogidas en las cuentas anuales consolidadas». Esta salvedad se ha repetido en todos sus chequeos a los números de la compañía.

Pese a ello, EiDF somete al beneplácito de los accionistas la renovación de PwC, como estaba previsto, ya que contrató a la auditora en 2023 por un periodo de tres años, de manera que le correspondería también analizar los números de 2025.

Baile de auditoras

En el periodo que transcurrió desde que la auditora detectó el desbarajuste contable que mantuvo suspendidas las acciones cuatro meses y la reorganización interna de EiDF, el grupo con sede en Barro contó con otras dos de las big four. Encargó a Deloitte un informe forensic que ratificó los problemas que había apuntado PwC, y que afectaban fundamentalmente al área de gestión de contratos, seguimiento de proyectos y partes vinculadas. Fue incluso más allá, y apuntó a facturas simuladas por trabajos no realizados, que acabó investigando la CNMV. EiDF también contó con KPMG, en este caso para diseñar una nueva estructura organizativa y un sistema de control interno que recuperara, al menos en parte, la confianza de los inversores.

De ese proceso surgió la nueva EiDF presidida por Eduardo Romeu, el que fuera vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona; y con Joan Gelonch como consejero delegado, aunque con dos grandes diferencias. El valor en bolsa, que llegó a superar los 1.600 millones, se ha reducido casi un 90%, ya que la capitalización actual es de 197 millones. Y el fundador, Fernando Romero, cedió todos sus poderes en el grupo, renunciando a funciones ejecutivas, a su puesto en el consejo y, este mismo año, a su cargo como asesor. El accionista de control actualmente es Laurion, a quien Romero cedió derechos de voto; y el representante de Prosol en el consejo es Rebeca Alonso Abril, cuyo nombramiento tendrá que ratificar también en la junta de accionistas.

Ampliación de capital

La pasada semana, EiDF acordó incorporar al orden del día de la junta de accionistas un nuevo punto, una ampliación de capital de 3,5 millones para abonar la deuda que mantiene con Link Securities Capital. Esta sociedad es propietaria de Gestión de Patrimonios Mobiliarios (GPM), conocida por ser el bróker de confianza de Florentino Pérez y gestionar la autocartera de ACS. En el consejo de GPM está Eduard Romeu, el presidente de la compañía especializada en autoconsumo fotovoltaico.

Poco después de comprar GPM en 2024, Link Capital firmó un contrato de financiación con EiDF, todavía con Fernando Romero al frente. El acuerdo permitió a la compañía gallega acceder a un máximo de cinco millones de financiación convertible. Ahora pondrá en marcha una ampliación de capital para devolver los recursos de los que hizo uso, 3,5 millones.

Sin embargo, y a pesar de incorporarse a la orden del día a petición de un accionista, la ampliación no se votará en la junta, pues no cuenta todavía con el pertinente informe del auditor, que debe ser primero reelegido. El acuerdo que se propone es aplazar el visto bueno a la ampliación de capital a una junta general posterior cuando se disponga de toda la documentación necesaria.