El excomisario Villarejo, al banquillo por espionaje en la crisis de Martinsa-Fadesa

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo por el denominado Proyecto Saving, un encargo en el que habría investigado posibles irregularidades en el concurso de acreedores de la constructora Martinsa-Fadesa cuando era presidente Fernando Martín. En esta pieza del caso Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de acusación 23 años y 6 meses de cárcel para el comisario jubilado, así como 18 años y 9 meses para Redondo.

Anticorrupción considera que los hechos investigados son constitutivos de los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y falsedad en documento mercantil.

Responsabilidad civil

Y pide, además de las penas de prisión para ambos, que Villarejo y Redondo indemnicen con 5.000 euros a cada uno de los espiados en concepto de responsabilidad civil. Y apunta que de esas cantidades es responsable civil subsidiario la Administración General del Estado. Asimismo, entiende que procede el decomiso del medio millón de euros que abonó José Moya, ya fallecido, al Grupo CENYT por el encargo.

Anticorrupción describe que fue en julio de 2011 cuando Moya contactó a través de terceras personas con el comisario “cuando se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía” para que le ayudara a resolver el conflicto que, a cuenta de una inversión que había realizado, mantenía con la compañía Martinsa-Fadesa y con su presidente.

Según detalla, el problema partía de la adquisición por parte de Moya de acciones de Martinsa-Fadesa por importe superior a 100 millones de euros en 2007, lo que suponía el 5% de la compañía.

Inversión fallida

Esa adquisición, añade, iba acompañada de un contrato de opción de venta que permitía a Moya recuperar, al menos parcialmente, la inversión realizada en la medida que se reservaba la opción de vender las acciones que había adquirido y que, en caso de ser ejercitada tal opción, habrían de ser compradas por la compañía Martinsa-Fadesa y por su presidente Fernando Martín.

Sin embargo, aunque ejercitada, “la opción de venta no pudo hacerse efectiva al declararse el concurso de Martinsa-Fadesa en julio de 2008, sin que, además, por la administración concursal se tuviera conocimiento de dicho contrato de opción de venta, iniciándose entonces el conflicto que enfrentó al propio Moya Sanabria con la compañía y con su presidente”, recuerda el escrito.

Fue entonces, según el fiscal, cuando el accionista habría contratado a Villarejo para encomendarle investigar “posibles irregularidades que sospechaba se habían producido en el procedimiento concursal de Martinsa-Fadesa” y cuyo conocimiento podría utilizar en una eventual negociación para recuperar la inversión.

La operación

Detalla que Villarejo asumió el encargo “a través del complejo entramado societario del que era titular real denominado Grupo CENYT” y especifica que fue uno de los varios encargos investigados por lo que no se trata de un “hecho aislado”. “La organización criminal investigada estaba integrada por empleados del Grupo CENYT y administradores y apoderados de sus diversas mercantiles, entre los cuales participó materialmente en la ejecución del proyecto Saving el encausado Rafael Redondo Rodríguez, como abogado y asesor jurídico de la empresa”, explica.

La Fiscalía explica que ese proyecto “comprendió la obtención de información sobre diferentes personas que habían tenido alguna relación” con esa inversión y con el procedimiento concursal que afectó a esta compañía. Y añade que el resultado de esas pesquisas se plasmó en una serie de informes.

En este punto, especifica que entre las personas de las que se recabó información estaba el presidente del banco de inversión Ahorro Corporación, quien ofreció a Moya la oportunidad de invertir en Martinsa-Fadesa y de quien sospechaban que podría haber actuado en connivencia con Fernando Martín para perjudicar al cliente del proyecto.

El espionaje

El fiscal explica que en esa obtención de información, el comisario y su socio llegaron “a hacerse con sus tráficos de llamadas, tanto entrantes como salientes, correspondientes a los días 1 a 18 de noviembre de 2011, conociendo de este modo con quién había contactado durante todos esos días”.

De igual manera, relata que se hicieron también con los tráficos de llamadas entrantes y salientes de quien había ocupado el puesto de director general de Ahorro Corporación, correspondientes a los mismos días, y de quien había intervenido como abogado de Moya en los procedimientos judiciales que promovió a raíz de la falta de efectividad de la opción de venta de las acciones y que, además, era pareja de una de las personas que formaba parte de la administración concursal de Martinsa-Fadesa.

Las transferencias

El fiscal indica que por esos trabajos Moya a través de Persán SA (una empresa de detergentes) abonó a CENYT la cantidad total de 501.500 en varias transferencias y que los pagos respondieron a facturas emitidas por Grupo CENYT en las que “con intención de ocultar la naturaleza de la relación comercial” se manipularon los conceptos de los servicios prestados.

La Fiscalía interesó el archivo de la causa para el exsenador socialista Francisco Rodríguez Martín y advirtió de la extinción de responsabilidad penal de Moya a causa de su fallecimiento el 18 de enero de 2021.