La Xunta y SEPI ‘aplazan’ la financiación del dique flotante de Ferrol
Consideran que el coste es excesivo y anuncian una consulta a la UE sobre la legalidad de las ayudas
La Xunta y la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) se han negado a financiar el coste de la construcción de un dique flotante para el astillero de Navantia Ferrol, cuando menos, en las cifras que maneja actualmente la empresa y que sitúan en torno a los 212 millones de euros el dinero a desembolsar para habilitar la infraestructura.
El coste, según han manifestado, es excesivo para las cuentas de ambos organismos, por lo que se llevará a cabo un nuevo estudio para “adelgazar” la inversión prevista, con el objetivo de acercarla a un gasto aproximado de 140 millones de euros.
Esta ha sido la conclusión de la reunión de la Comisión de Seguimiento celebrada este miércoles en Navantia Ferrol, a la que asistieron el presidente de la SEPI –a la que pertenece la empresa–, Ramón Aguirre; el consejero delegado de Navantia, Jaime de Rábago; el director xeral de Industria de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces; los representantes sindicales de los comités de empresa de Ferrol y Fene y portavoces y alcaldes de la comarca. A su término, el portavoz del comité de Ferrol, Ignacio Naveiras (CC.OO.) transmitió esta misma idea, “la Xunta participará en la financiación del dique flotante si se reduce el coste estimado de la infraestructura”.
Consulta a la UE
A pesar de la expectación levantada por la Comisión de Seguimiento, que movilizó a 1.500 trabajadores del naval que se concentraron en la puerta del astillero ferrolano, SEPI y Navantia han aplazado su decisión hasta dentro de “dos o tres semanas”, cuando se analizará un nuevo presupuesto para la construcción que adelgazará en 70 millones de euros la estimación actual.
La segunda medida anunciada por los responsables de Navantia alargará todavía más la incertidumbre de los trabajadores. Según se informó en la Comisión de Seguimiento, realizarán una consulta no vinculante a la Unión Europea para determinar si la utilización de fondos públicos para la construcción del dique se entenderían ayudas ilegales o se estaría incumpliendo el veto a la construcción naval civil que se fijó en 2004.
Críticas de los trabajadores
Los trabajadores entienden esta medida como una forma de delegar responsabilidades en un proceso que están “dilatando premeditadamente”.
En concreto, el comité de empresa realizó una doble crítica a los responsables del astillero. Según informó Ignacio Naveiras, el retraso en la convocatoria de la reunión, que se tendría que haber celebrado en agosto, responde a una «dilación a propósito en el tiempo, por una fecha electoral», la de las elecciones autonómicas de Galicia. Por otro lado, entiende que la consulta a la UE «echará la pelota» al Comisario de Competencia de la Unión Europea, el socialista Joaquín Almunia, cuando quienes «adquirieron el compromiso en Galicia y en Madrid corresponden a otro partido político diferente», en referencia al PP.
No obstante, ha señalado que se dará de margen el plazo de «dos o tres semanas» como «el peaje que hay que pagar», pero advirtió de que «si es una dilación más aquí ya va a quedar más de uno retratado, porque el tiempo pone a cada uno en su sitio».
