Nestlé se suma a Lactalis y Capsa y lleva hasta el Supremo 7 millones de multa por el cártel de la leche

Nestlé, la empresa en la que es vicepresidente Pablo Isla, ha llevado hasta el Tribunal Supremo la sanción que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por formar parte del denominado cártel de la leche, un grupo de ocho compañías que intercambiaban información sensible para controlar los precios que abonaban a los ganaderos y que encajaron 80,2 millones en multas en el año 2019. Los procedimientos van llegando con cuentagotas al Alto Tribunal, del que esperan ya resolución Lactalis y Capsa, dos de los mayores operadores del sector. Ahora se suma Nestlé, que recibió una sanción de 6,8 millones, bastante inferior a los más de 20 millones de la multinacional francesa y del brazo industrial de Central Lechera Asturiana.

Un auto de la Audiencia Nacional del pasado 23 de abril recoge la presentación del recurso por parte del grupo suizo y su traslado al Supremo. Detalla, además, que Nestlé alega falta de motivación en la resolución recurrida; indefensión en el procedimiento seguido por Competencia; vulneración del principio de seguridad jurídica y de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos; y una incorrecta aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia por no cumplirse el requisito de analizar el contexto jurídico y económico correspondiente y por la consideración de las conductas investigadas como una infracción única y continuada.

Este último elemento es calve para rebajar la cuantía de la multa puesto que, si se considera que hubo varias infracciones y no solamente una de manera continuada, las más alejadas en el tiempo quedarían automáticamente prescritas. Ese razonamiento fue el que motivó, por ejemplo, una rebaja de la sanción a Capsa, Puleva (Lactalis) y Danone por parte de la Audiencia Nacional.

Las reclamaciones de los ganaderos

La resolución del Supremo será fundamental no solo por las sanciones que deban pagar las empresas implicadas: Pascual, Capsa, Danone, Lactalis, Puleva, Nestlé, Schreiber (antigua Senoble) y Celega, además del Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña y la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia. También puede abrir la puerta a una cascada de reclamaciones por parte de los productores en busca de una indemnización por el teórico menor precio que percibieron por su leche durante el periodo de funcionamiento del cártel, que operó entre el 2000 y el 2013, según Competencia.

La conducta ilícita consistía, según señaló el superregulador, en intercambiar información que «les permitía coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos». Unións Agrarias estimó que con estos acuerdos colusorios las industrias evitaron abonar a las explotaciones unos 900 millones.