San José gana el primer asalto para apartar a la jueza del fraude por el AVE a Murcia

La Audiencia Provincial de Murcia admite a trámite la ofensiva de dos ejecutivos de San José para recusar a la jueza que instruye el caso por el presunto fraude del AVE a Murcia

AVE

Imagen de archivo de las obras del AVE a Galicia

San José sigue adelante en su intento por recusar a la jueza Olga Reverte de la causa que instruye sobre un presunto fraude en las obras del AVE a Murcia. El juez de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha admitido a trámite el incidente de recusación de la jueza impulsado por la defensa de dos de los ocho ejecutivos de la constructora gallega que habían sido procesados en el marco de esta investigación.

El juzgado da una de cal y otra de arena a San José. Por un lado admite a trámite esta recusación al entender que el auto de incoación de procedimiento abreviado por el que se reabría la causa había sido redactado por un Guardia Civil. Por otro, desestima la solicitud de pruebas que los ejecutivos de San José habían pedido, como la totalidad de los correos intercambiados por el Guardia Civil y los funcionarios del Juzgado desde el 30 de marzo de 2020 hasta ahora.

La jueza ve seis delitos

El movimiento de la defensa de dos ejecutivos de San José de pedir la recusación de la jueza Olga Reverte se produjo después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia reabriese la causa por el presunto fraude del AVE a Murcia. Fue el pasado mes de diciembre cuando se decretó la apertura de la fase intermedia del procedimiento abreviado para poner en marcha una causa que previamente había quedado en stand by después de que la Audiencia Provincial de Murcia anulase el auto por el que procesaba a medio centenar de directivos (ocho de ellos, del Grupo San José), así como a la propia compañía gallega y otras siete constructoras.

A los ocho ejecutivos de San José se les investigaba por haber cometido presuntos delitos de estafa, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, de delito de insolvencia punible y de ser partícipes a título lucrativo de una operación por la que se podrían haber desviado un total de 23 millones de euros.

De Acciona a Dragados y ADIF

Además de la compañía capitaneada por Jacinto Rey, otras siete constructoras (Acciona, Dragados, Sacyr, Tecsa, Neopul, Villegas y Hormigones Martínez) habían sido procesadas, así como dos altos cargos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por una trama que giraba en torno a una pequeña constructora murciana: Obras Marimar. Según el auto de la jueza, a esta firma se le encargaban trabajos que nunca se realizaban, pero que servían para generar facturas falsas a través de las cuales se desviaban fondos presupuestados por ADIF.

“Destaca la diferencia no justificada por Constructora San José entre el importe facturado a ADIF (12,88 millones de euros) y el sumatorio de costes aportado (9.5 millones de euros)”, recogía el auto, que ponía de manifiesto la existencia de 3,4 millones de euros sin justificar en las obras que la constructora gallega llevó a cabo en el tramo entre Colada de la Buena Vida y Murcia.

“Cabe afirmar que Constructora San José podría ser penalmente responsable de los delitos cometidos por los investigados que, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de la mercantil en cuyo seno trabajaban, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso”, alertaba la jueza. En el auto también dejaba constancia de que, “según informe de la auditoria de ADIF, se habrían podido desviar de los fondos públicos para este tramo la cantidad de 6,32 millones de euros”.