Ultimátum del Supremo al Gobierno para que indemnice con 14 millones a Audasa

El Alto Tribunal da la razón a Audasa, que pedía la ejecución forzosa de la sentencia por la cual se obliga al Gobierno a indemnizar a la compañía por recortar a la mitad los peajes en sombra

AP-9

Imagen de archivo de uno de los tramos de la AP-9

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El Tribunal Supremo vuelve a la carga contra el Gobierno a cuenta de los peajes en sombra de Audasa dejó de cobrar desde el año 2017. El Alto Tribunal ha dado la razón a Audasa con la petición de ejecución forzosa que presentó el pasado mes de julio para pedir que se haga valer la sentencia previa en la que se obliga al Ejecutivo central a indemnizarla con 14 millones de euros por el cambio de cálculo de los denominados peajes en sombra.

La concesionaria de la AP-9 presentó un incidente de ejecución para que se fijase una cantidad exacta y se ejecutase la sentencia, una cuestión sobre la que el nuevo fallo del Supremo establece que no hay «ninguna duda». Es por ello que el documento pone de relieve la necesidad de «acoger el planteamiento de la ejecutante, tanto en la cuantía reclamada como en el sujeto obligado al pago» y eleva la presión sobre el Gobierno por una causa que se arrastra desde 2017.

Gobierno o Xunta, ¿quién paga?

Fue entonces cuando el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy decidió rebajar a la mitad la cuantía que asigna cada año a Audasa vía presupuestos generales del Estado para compensarla por la supresión de los peajes en los tramos Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala

La suma a abonar supera los 13,8 millones de euros y el propio auto subraya que la Administración del Estado «viene a reconocerla como la cantidad que corresponde a la concesionaria ejecutante por el período de tiempo reclamado y en aplicación del régimen jurídico concesional impuesto por la sentencia».

Sobre a quién le corresponde hacer frente a esta indemnización «la sentencia expresamente impone la condena a la Administración General del Estado«, aunque «sin perjuicio del derecho que pueda asistirle frente a la Administración de la comunidad autónoma de Galicia como consecuencia de los efectos que puedan derivarse de los compromisos acordados en el año 2006».

Economía Digital Galicia

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