El apagón: ¿y ahora qué?

Los días 17 y 18 de junio se hicieron públicos, con algunas limitaciones, los informes del Comité Técnico Nacional a través de la ministra de transición ecológica y de la dirección de la empresa de Red Eléctrica (REE), elaborados por el propio operador del sistema, que recogen las causas del apagón del 28 de abril.

Ambos informes coinciden en que la causa del apagón fue debida a un problema de tensión y no de falta de inercia, como anteriormente se había especulado. Además, coinciden en que alguna o algunas de las empresas generadoras efectuaron alguna desconexión incorrecta.

Ambos informes difieren en que REE dice que su actuación fue impecable y, consecuentemente, no son responsables. Sin embargo, el ministerio entiende que el sistema no contaba con una capacidad adecuada de regulación de tensión responsabilidad de REE. Aunque ambos incluyen a las grandes empresas eléctricas como responsables, según REE, únicos y, según el ministerio, copartícipes.

La responsabilidad de REE parece cierta, ya que, de las publicaciones de las conversaciones entre responsables del operador del sistema se deduce que ya era un tema conocido, además, baste como ejemplo que en mayo de 2024 la propia Red Eléctrica publicó un informe en el que advertía que ante la entrada masiva de generación renovable y con los actuales criterios de protección, se puede llegar a producir la desconexión de grandes cantidades de generación renovable ocasionando un desbalance entre la generación y la demanda que puede desencadenar consecuencias graves para el sistema.

A finales del mes de junio la patronal eléctrica AELEC también ha presentado su propio informe, en el que señala como único responsable a REE, subrayando que no había suficiente generación convencional acoplada para hacer frente a las causas que generaron la caída del sistema.

Además, hay un hecho que también puede evidenciar esta actuación; el día del apagón, la participación de las renovables en el mix de generación era muy elevado, valor que posteriormente y hasta hoy no se ha vuelto a admitir.

Pero el objetivo de este artículo no es analizar las causas ni entrar en aspectos técnicos complejos, lo que se pretende es ver el futuro, tanto en la solución como en el impacto económico de la misma.

Ambos informes señalados ya plantearon las actuaciones técnicas que es preciso efectuar para que situaciones como la descrita no se vuelvan a producir. Sin entrar en detalles, es obvio que estas actuaciones permitirán garantizar el suministro con una muy alta participación de las renovables, hasta que no se lleven a la práctica habrá que ir gestionando su entrada.

En síntesis, las medidas propuestas ya publicadas en el Boletín oficial Del Estado de fecha 25 de junio se dirigen a:

1. Reforzar la supervisión y la verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los agentes del sistema y la transparencia de datos.
2. Mandato al operador del sistema (REE) para analizar y revistar diferentes aspectos de la regulación eminentemente técnica y proponer a corto plazo modificaciones normativas. (E incluyo por mi cuenta, técnicas para aumentar la resiliencia del sistema.
3. Aumentar (por fin) el esfuerzo inversor en redes de transporte y distribución de electricidad.
4. Para aumentar la seguridad del sistema eléctrico se potencia el almacenamiento la flexibilidad y los mecanismos de capacidad.

Algunas otras medidas relacionadas con la demanda, cuyo relato sería extenso.

También está incluido el aumento de las interconexiones, especialmente con Francia, actuación que la Unión Europea ya ha puesto de manifiesto junto a los medios económicos para llevarlos a cabo. Centrémonos ahora en los términos económicos, derivados del apagón, especialmente en las indemnizaciones derivadas del mismo.

El monto total es difícilmente evaluable, pero en algún medio periodístico ya se ha estimado en una horquilla muy amplia de 1.500 a 4.000 millones de euros. Aquí es donde radica el planteamiento de la situación: ¿quién es el responsable?

El planteamiento de Red Eléctrica es que fueron algunas de las empresas generadoras y no ella; por tanto, no le corresponde ninguna indemnización y ya ha dicho la presidenta que no harían dotaciones en sus cuentas de resultados.

En su informe, el Gobierno quiere dividir las indemnizaciones entre Red Eléctrica y las empresas eléctricas. Una solución salomónica. Por todo lo anterior, coincido con lo dicho por José Bogas, consejero delegado de Endesa, de que este asunto del apagón se dilucidará en los juzgados.

En esto es sintomático que, en los días siguientes al apagón, las grandes eléctricas contrataron a los gabinetes jurídicos relevantes para ir ya preparando los procesos futuros. Y en fechas recientes, Iberdrola ya encargó a PwC una auditoría integral del apagón, es decir, tener ya preparado un informe exculpatorio para los posibles litigios futuros. La resolución va para largo.