La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Francisco Liñares por su etapa en la Confederación Hidrográfica

Liñares, exconcejal del PSOE en Lugo en la etapa de López Orozco, está acusado de delitos de prevaricación y cohecho en su etapa en la Hidrográfica Miño Sil

Francisco Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil. E.P.

Francisco Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil. E.P.

El expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil Francisco Liñares se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel formulada por la Fiscalía, que acusa al también exconcejal del PSOE de delitos de prevaricación y cohecho por unas supuestas irregularidades cometidas en su etapa al frente del organismo público encargado de la gestión de las cuencas del interior gallego.

La Audiencia Provincial de Lugo acoge la próxima semana (del martes 23 al viernes 26) el juicio contra Liñares, que procede de una pieza separada de la conocida como Operación Pokémon, impulsada por la magistrada Pilar de Lara, quien terminó siendo sancionada y apartada de loz juzgados lugueses por dilaciones en la instrucción de la macrocausa.

«Red de intereses económicos»

La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que Fernández Liñares, desde su puesto como concejal en el gobierno local de Lugo durante los gobiernos del socialista José López Orozco entre los años 1999 y 2008, «tejió una red de intereses económicos» a través de la concesión de contratos, puestos de trabajo o gestión de servicios públicos a cambio de sobornos con los que aumentó su patrimonio.

Sin embargo, aclara que estas «irregularidades» cometidas durante su etapa en el ejecutivo local «no son objeto de investigación» en este procedimiento, que se ciñe a su etapa al frente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, un cargo que ocupó entre principios de 2009 hasta finales de febrero de 2012.

Irregularidades en la Confederación Hidrográfica

Durante ese tiempo, siempre según las conclusiones de Fiscalía, Fernández Liñares continuó con las prácticas que había mantenido en sus años de responsable local, valiéndose de su puesto para entregar contratos a sociedades y empresas a cambio de dinero u otros favores.

El Ministerio Público sostiene que el acusado empleaba el procedimiento de adjudicación negociado que, según la Ley de Contratos del Sector Público, permite contratar obras con un presupuesto inferior a un millón de euros siempre y cuando se solicitasen en el proceso, al menos, las ofertas de tres empresas.

Una ‘trama’ de adjudicaciones

Según Fiscalía, Fernández Liñares tejió una trama con representantes de varias entidades para adjudicarles los contratos al precio más bajo para la confederación. La red funcionaba de forma que los empresarios se turnaban para repartirse las adjudicaciones simulando las ofertas con precios ligeramente superiores.

De hecho, la acusación pública asegura que una de las empresas adjudicatarias llegó incluso a renunciar a un contrato para que este fuese a parar a otra de las sociedades implicadas en la red en segunda convocatoria.

Casi 40 adjudicaciones

En total, se trata de casi 40 adjucaciones por importes millonarios durante los poco más de dos años que Liñares estuvo al frente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil. Fiscalía solicita la misma pena de 5 años de cárcel para los otros nueve procesados que acompañarán al exresposnable local en el banquillo.

En cuanto al dinero de estas operaciones, el Ministerio Público mantiene que Liñares desvió estos fondos a sus actividades empresariales, fundamentalmente a la compra de inmuebles y a la participación en sociedades mercantiles. El blanqueo de estas cantidades sigue siendo investigado en otras piezas de la Pokémon y por las que están implicadas las sociedades Doal, Cechalva y Artenosa.

Coche oficial y gulas a un alto cargo

Asimismo, Francisco Fernández Liñares también deberá responder por las supuestas irregularidades cometidas con el uso de un vehículo oficial que le correspondía como presidente de la CHMS.

Según Fiscalía, cerró un contrato con una empresa dedicada a los servicios de ingeniería para prestar este servicio de transporte oficial con chófer. Esta empresa, que había sido adjudicataria de un contrato por valor de más de 800.000 euros, asumía el salario del conductor, que había sido propuesto por el propio Liñares.

De este modo, el Ministerio Público considera que el vehículo «no fue en realidad destinado a la finalidad contratada» sino que se empleaba «desde el principio» para los desplazamientos personales del principal acusado fuera de sus funciones como presidente de la confederación, «actuando esta en último caso en interés exclusivo de sus negocios y asuntos particulares».

Fiscalía refleja en su acusación como evidencia de este uso para los negocios personales de Liñares que éste ordenó a su chófer conducir hasta Lleida para entregar una partida de angulas a un alto cargo de un ministerio.