La patronal inmobiliaria apremia a los partidos del 18-F: «Urge ampliar la oferta de vivienda asequible»

Fegein pide a los partidos que clarifiquen sus propuestas en vivienda y reivindica la transferencia de las viviendas de la Sareb a la Xunta para ponerlas en alquiler social, la simplificación burocrática o los incentivos fiscales, además de pedir que se recurra la ley estatal

Benito Iglesias y viviendas en construcción en A Coruña

Benito Iglesias y viviendas en construcción en A Coruña

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La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias pide a los partidos que se presentan a las elecciones gallegas que clarifiquen sus propuestas en materia de vivienda. La organización que preside Benito Iglesias solicita que se posicionen sobre asuntos clave como la fiscalidad, la seguridad jurídica, las medidas para movilizar las 500.000 viviendas vacías que hay en la comunidad, los activos de la Sareb o la regulación de los pisos turísticos, si alguna formación contempla cambiarla.

En un comunicado, la entidad recuerda que «los alquileres son cada vez más inasumibles para un segmento cada vez más amplio de la población», especialmente entre los «jóvenes menores de 35 años, las personas mayores de 65 años y las familias con ingresos inferiores a los 18.000 euros». «El crecimiento de la vivienda vacacional y la desconfianza de los propietarios con la nueva ley de vivienda, deja la oferta de alquiler en mínimos y con un panorama en las grandes ciudades preocupante», dice Benito Iglesias para reivindicar la importancia de abordar una política de vivienda que aporte claridad, seguridad jurídica e incremente la oferta de inmuebles.

«Tiene que haber un mercado único de vivienda y reducir el enorme exceso de regulación burocrático, que solo crea inseguridad jurídica y desigualdad. No ha habido flexibilidad ante los cambios sociales, y los jóvenes y las familias con rentas bajas lo saben perfectamente. Hay que sacar lo antes posible suelo para que se adecúe a la demanda. Debemos aumentar la cantidad de suelo urbanizable para abaratar los precios y con una nueva ley que dé seguridad», dice el empresario.

La petición de Fegein llega poco después de que Alfonso Rueda anunciara que, si consigue mantenerse como presidente de la Xunta, incrementará el parque público residencial hasta las 8.000 viviendas en 2028, alcanzando las 20.000 viviendas protegidas en ese año contando con la aportación de la promoción privada. Esta red de viviendas públicas enfocadas al alquiler social es una vieja demanda de la patronal inmobiliaria.

Las propuestas de Fegein

La organización empresarial presenta también en el comunicado sus propias propuestas, que constituyen todo un plan de acción centrado en «incrementar la oferta de vivienda asequible». Para ello, Fegein reivindica el fomento de la rehabilitación, el impulso a la actividad de los promotores públicos y de las cooperativas, así como la reorientación del sistema fiscal para promover el acceso a un alquiler económico. La patronal también pide que se presenta un recurso contra la Ley de Vivienda puesta en marcha por el Ejecutivo central e impulsar nuevas figuras de provisión de viviendas a un precio asequible, como el derecho de superficie, la cesión de uso de vivienda o el cohousing.

Además, plantea la revisión de la Ley de Propiedad Horizontal y la modificación del Plan Estatal de Vivienda, para incluir una línea de financiación que permita a las comunidades autónomas desarrollar políticas acordes a las necesidades actuales y con «normativas claras, concretas y agrupadas». En la misma línea, también sugieren un plan de rehabilitación con financiación específica para la vivienda en alquiler, y un plan de emancipación juvenil que facilite el acceso a la vivienda de los jóvenes y coordine las distintas iniciativas de las administraciones.

«La colaboración público-privada de viviendas de protección oficial tanto en alquiler como en propiedad a precios asequibles para la mayoría de las personas, tiene que ser el eje principal de la política de vivienda de las administraciones seguido del de la rehabilitación. Con esta fórmula de colaboración entre administraciones y sector privado, quitaremos carga de trabajo para las empresas y será fuente de creación de empleo, a la vez que pondremos en el mercado vivienda acordé a los ingresos reales de las familias españolas tanto en arrendamiento como en propiedad», recalca Iglesias.

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