El 67% de los caseros acataría una regulación del alquiler a cambio de incentivos fiscales

Un 42% de los propietarios considera que medidas como la congelación de las rentas durante cinco años desencadenarán una caída del precio del alquiler, según una encuesta

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, firma en el Ayuntamiento de Ibiza un protocolo de colaboración. EFE

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, firma en el Ayuntamiento de Ibiza un protocolo de colaboración. EFE

La futura ley de vivienda ha provocado una tensa negociación entre los dos socios del Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha ralentizado todavía más con el inicio de la precampaña madrileña. Los dos bloques han encallado sus conversaciones en el método escogido para rebajar el precio de los alquileres en España. Mientras que Unidas Podemos defiende una regulación directa del coste de las viviendas, el Partido Socialista aspira a implantar un sistema de incentivos fiscales. Los arrendadores de las viviendas se han decantado ahora por la segunda opción.

Las posiciones de los caseros han quedado en evidencia en el informe “Radiografía del arrendador en España que Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler han elaborado para conocer su opinión sobre la aplicación de medidas intervencionistas en el mercado. De forma generalizada, el 60% de los arrendadores se muestra reacio a este tipo de políticas porque consideran que frenaría el aumento de la oferta de viviendas de alquiler. Sin embargo, sí que están por la labor de aceptarlas si reciben a cambio algún tipo de compensación.

El 67% de los caseros aceptaría una regulación del alquiler, si como contraprestación puede beneficiarse de mejoras fiscales. Se trata del punto de partida que ha marcado en la negociación José Luis Ábalos y que ha plasmado en la primera propuesta que ha trasladado a sus socios de gobierno. Sin embargo, el bloque de Unidas Podemos la ha rechazado porque aduce que serviría para beneficiar a los grandes propietarios. Las negociaciones se han saldado hasta la fecha con tensos cruces de acusaciones que han ido postergando la llegada de la ley hasta el Congreso de los Diputados.

Las propuesta del ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana pasaba por bonificar hasta un 90% la fiscalidad en los alquileres de las zonas más tensionadas, siempre y cuando el propietario accediese a rebajar el precio de la vivienda al menos un 10%.

El 75% de los propietarios cedería a cambio de agilizar los desahucios

Sin embargo, no es la única medida que serviría para ablandar a los caseros y ni siquiera la más apoyada. El informe muestra que un 75% de los propietarios aceptaría medidas intervencionistas si se agilizasen los procesos para poner en práctica los desahucios de forma más rápida en caso de impago. Un escenario difícil de aceptar porque tanto Unidas Podemos como el PSOE ya han pactado frenar los desahucios en su nueva ley.

La formación morada ya provocó una de las mayores crisis del Gobierno al pactar con Esquerra Republicana y Bildu una enmienda para detener los desahucios que iba en contra de sus propios Presupuestos Generales del Estado (PGE). Fue una de las primeras brechas de la coalición y que evidencia las dificultades para ceder en un asunto así.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso. /EFE
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso. /EFE

De hecho, un 68% de los arrendadores ven con malos ojos el decreto ley que el Gobierno aprobó en diciembre para garantizar que no haya desahucios durante la pandemia. Consideran que provoca una “gran inseguridad a los inversores” y lo califican como un ataque a la propiedad privada.

El sondeo también revela que un 70% de los caseros aceptaría una intervención en los precios del alquiler a cambio de que se les permitiese consultar los antecedentes de morosidad de los usuarios en una base de datos oficial.

Un 66% de los caseros abre la puerta a congelar sus rentas

Otra de las claves del informe es que muestra que un 66% de los propietarios estaría dispuesto a acatar una congelación de las rentas durante un periodo de cinco años, siempre que pudiese recuperar su vivienda en un plazo de dos meses cuando exista un impago.

El porcentaje se reduce hasta el 53% cuando la contraprestación es consultar los antecedentes de impagos en fuentes oficiales y al 50% cuando se permite aumentar la garantía solicitada al inquilino.

A pesar de esta flexibilidad, los propietarios rechazan en términos generales cualquier intervención. Un 42% de los consultados en el informe considera que una medida como la congelación de las rentas desencadenará una bajada en el precio de los alquileres.

“La Ley de Vivienda que está preparando el Gobierno, si quiere ser justa y equitativa, tiene que incorporar necesariamente las opiniones de los propietarios particulares recogidas en este amplio estudio“, ha zanjado el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo.